La siniestralidad vial en Mendoza atraviesa un escenario crítico marcado por un incremento sostenido de las víctimas fatales, un fuerte impacto de las secuelas de discapacidad en el sistema de salud público y un pronunciado relajamiento en las pautas de conducta urbana.
Según estadísticas del Observatorio de Seguridad Vial de la ONG Voluntarios en Red Mendoza, la provincia acumula 86 personas fallecidas en incidentes de tránsito en lo que va del año. El relevamiento señala que el 42% de los decesos corresponde a motociclistas y que casi el 60% de los hechos fatales se concentran en zonas rurales y rutas provinciales o nacionales. Pese al endurecimiento de las sanciones pecuniarias contempladas en la normativa vigente, especialistas advierten que la falta de controles sorpresivos, la evasión de infracciones mediante plataformas digitales y la circulación de vehículos sin cobertura de seguro obligatoria neutralizan el efecto disuasivo de las leyes.
Hugo Fiorens, coordinador y titular del observatorio, analizó los factores humanos detrás de la siniestralidad, criticó la falta de educación vial en las escuelas y advirtió sobre las consecuencias del fenómeno de la anomia social.
La prevalencia del factor humano y la falla en los esquemas de fiscalización
El noventa por ciento de los siniestros viales responde a conductas evitables de los conductores, mientras que la previsibilidad de los puestos de control limita su efectividad en las calles. «En Mendoza tenemos actualmente 86 personas fallecidas en incidentes de tránsito en lo que va del año. De ese total, el 42% corresponde a motociclistas y casi el 60% de los casos ocurre en zonas rurales y en rutas provinciales o nacionales. El 90% de los hechos es responsabilidad directa de los conductores y el 10% restante responde a razones climáticas o al estado de las rutas. Dentro de las fallas humanas encontramos el exceso de velocidad, las distracciones como el uso del celular o tomar mate, el consumo de alcohol y drogas —lícitas e ilícitas— y la impericia al volante», detalló Hugo Fiorens en diálogo con FM Vos 94.5.
«Se pueden sancionar muchísimas leyes, pero si no se controlan carecen de sentido. Hoy vemos presencia de fiscalización principalmente los fines de semana y en puntos prefijados como los accesos a la Ciudad de Mendoza, donde los conductores ya saben que están parados e incluso se avisan por grupos de WhatsApp para evadirlos. Además, existe un problema gravísimo: la gente no solo no paga las multas altas, sino que le retiran la licencia y sigue conduciendo sin registro y sin seguro. El 60% de los vehículos que circulan en la provincia lo hace sin seguro obligatorio», denunció.
Anomia social, vacíos legislativos y el colapso de la infraestructura hospitalaria
La falta de apego a las normas de convivencia urbana repercute de manera directa en las salas de terapia intensiva de los hospitales públicos mendocinos. «Hay una grave anomia social, una falta de respeto sistemática de la ciudadanía hacia las normas que regulan la vida cotidiana. Cuando se observa que dirigentes o funcionarios conducen alcoholizados y luego no sufren sanciones ejemplares, la lectura del ciudadano común es de un doble estándar. Por otro lado, la respuesta de la Legislatura suele ser simplista: se limita a subir el monto de las multas o proponer licencias a edades más tempranas, en lugar de abordar los problemas de fondo», opinó Fiorens.
«Las consecuencias sanitarias son dramáticas. El protocolo de emergencia retira al accidentado y lo traslada a los hospitales públicos, cuyas terapias intensivas y quirófanos terminan colapsados. Muchas veces se deben postergar cirugías programadas para pacientes con otras patologías porque las camas están ocupadas por heridos de tránsito. Si sumamos a las personas que fallecen dentro de los 30 o 60 días posteriores al siniestro a causa de las secuelas, Mendoza puede terminar el año con 250 fallecidos, lo que equivale a la capacidad de dos aviones comerciales llenos», comparó.
Propuestas integrales: formación escolar, exámenes psicológicos y conducción defensiva
El abordaje del problema requiere reformas educativas estructurales, controles de sustancias en el transporte de carga y una actitud de prevención activa por parte de todos los usuarios de la vía pública. «Llevamos más de 25 años analizando estadísticas y está claro que no logramos consolidar la educación vial. Esta disciplina debe ser una materia obligatoria en las escuelas primarias y secundarias, para que al cumplir los 18 años el joven ya tenga incorporado el conocimiento de la prevención y no dependa de un curso exprés de tres días. Asimismo, es imprescindible exigir un examen psicológico para otorgar licencias. La persona que es agresiva u ansiosa en la vida cotidiana traslada exactamente esa misma conducta al volante», consideró.
«También es urgente reforzar la fiscalización sobre el transporte internacional de carga y los servicios de mensajería en moto. Vemos camiones circulando a velocidades excesivas por las rutas nacionales sin controles regulares de sustancias en puntos estratégicos como Uspallata o Luján de Cuyo. Y en el ámbito urbano, ante el crecimiento de los deliverys y de la velocidad de los monopatines en ciclovías, la única alternativa inmediata es que todos los usuarios de la vía pública —peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas— adoptemos estrictamente el manejo defensivo para prevenir el siniestro antes de que ocurra», propuso al cierre de la entrevista.