En la teoría política sobre la democracia de masas, la palabra del Presidente ejerce una función pedagógica: ordena la conversación pública, fija los límites de lo tolerable y representa la investidura de todo un país. Sin embargo, a lo largo de estos casi 1.000 días de gestión, el uso sistemático de la descalificación y el exabrupto por parte de Milei ha dejado de ser interpretado como un mero rasgo de temperamento para consolidarse como una pregunta de fondo: ¿estamos ante una estrategia de comunicación diseñada para saciar la demanda de su propio electorado o ante una dinámica que deteriora la gestión objetiva del Estado?

El caso de la relación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es quizás el ejemplo más acabado de cómo la subordinación de las relaciones de Estado al impulso del agravio personal termina perjudicando los intereses concretos de la Argentina. Calificar al mandatario del principal socio comercial de la región y destino clave de las exportaciones industriales mendocinas como «comunista rabioso», «corrupto» o «zurdo salvaje» no aporta objetivamente un solo dólar a las reservas ni soluciona un solo problema macroeconómico. Por el contrario, forzó un enfriamiento diplomático inédito, congeló negociaciones bilaterales decisivas y dejó a los sectores productivos nacionales en una posición de vulnerabilidad frente a una geopolítica regional que exige pragmatismo, no dogmatismo.

Ahora bien, para comprender por qué Milei insiste en este camino a pesar de los costos obvios, es necesario analizar el espejo en el que se mira. Existe una franja de su electorado —un núcleo duro o «fandom» digital— que no solo tolera el exabrupto, sino que lo exige. Para ese sector, el insulto no es un exceso; es el dividendo emocional que compensa la dureza del ajuste. En una sociedad desgastada por la crisis, el espectáculo del adjetivo punzante contra «la casta», la prensa o los líderes internacionales funciona como una catarsis colectiva. El votante postergado encuentra en la violencia verbal del líder una forma de revancha simbólica: la ilusión de que, al menos en la pantalla, alguien está destruyendo al adversario que odia.

Milei le habla a esa audiencia con la lógica de un creador de contenido que necesita mantener encendido el algoritmo de la polarización. El problema es que gobernar un país no es solamente gestionar una comunidad de seguidores en redes sociales. Es algo mucho más complejo y delicado.

Esta necesidad permanente de alimentar la furia de la tribu genera un cortocircuito directo con el rendimiento objetivo de su propia administración. Las formas terminan devorándose al fondo. En el ámbito parlamentario, calificar a los legisladores cuya voluntad necesita para aprobar leyes fundamentales como «ratas» o «extorsionadores» no construye mayorías; construye bloqueos. En la administración pública, el dogmatismo implacable y el temor a caer en desgracia mediática han producido un récord de funcionarios echados o renunciados, paralizando áreas clave del Estado por pura inestabilidad de cuadros. Y en el plano económico, la volatilidad discursiva ahuyenta la inversión productiva de largo plazo, que requiere seguridad jurídica y paz social, no un clima constante de guerra de guerrillas verbal.

Cuando la descalificación se convierte en la principal herramienta de legitimación frente al propio electorado, el Gobierno queda preso en su propia trampa, obligado a subir la apuesta del insulto para no perder la atención de su base, mientras la realidad social y las instituciones republicanas se deterioran bajo los escombros de un edificio teórico que se cae a pedazos.

Y al final del día, el aplauso de la tribu puede llenar la cámara de eco de las redes, pero no reemplaza la falta de gestión ni evita que, cuando la estructura colapse, las consecuencias las pagará la sociedad entera.