La decisión de Mendoza y la Nación de avanzar con la licitación conjunta del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles abrió una nueva etapa para uno de los principales activos energéticos del sur provincial. Sin embargo, más allá del anuncio oficial, los decretos que dieron origen al proceso dejan al descubierto un escenario mucho más complejo: el futuro concesionario no solo deberá administrar el sistema, sino también liderar la reconstrucción de un complejo que continúa afectado por las consecuencias del histórico aluvión de enero de 2025.
La documentación oficial reconoce que el 11 de enero de 2025 el extraordinario caudal del río Atuel provocó la inundación de las centrales Nihuil II y Nihuil III, que permanecen fuera de servicio hasta la actualidad. Esa situación obligó a declarar la emergencia del sistema hidroeléctrico y explica por qué la futura concesión no será una continuidad administrativa, sino el punto de partida de un profundo proceso de recuperación.
Uno de los aspectos más relevantes de los decretos es que anticipan que el nuevo operador deberá afrontar inversiones obligatorias para extender la vida útil del complejo. Antes de adjudicar la concesión deberán definirse las obras prioritarias, las normas de manejo del agua, los planes de protección ambiental, la seguridad de las presas e incluso un replanteo del perímetro de concesión. Es decir, el Estado ya proyecta una etapa de modernización que trasciende la simple operación cotidiana del sistema.
Los textos también dejan entrever la magnitud de los daños que aún persisten. Durante el período de transición, Hidroelectricidad Mendocina S.A., la sociedad creada por la Provincia para administrar el complejo hasta la adjudicación definitiva, acepta expresamente hacerse cargo de la operación sin formular reclamos al Estado nacional por el estado de conservación del sistema y, en particular, de las centrales Nihuil II y III. Esa cláusula refleja que la reconstrucción será uno de los principales desafíos para quien resulte adjudicatario.
Otro dato poco conocido es que la licitación no se limita al otorgamiento de una concesión. Mendoza también pondrá en venta el 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A., la empresa que recibió las concesiones provinciales por 30 años y que fue creada para administrar los activos del complejo. La intención es que un único operador concentre tanto la propiedad de esa sociedad como la concesión nacional para la generación eléctrica, unificando la gestión de todo el sistema.
Los decretos también establecen un esquema inédito de administración compartida entre la Provincia y la Nación. La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión integrada en partes iguales por representantes de ambas jurisdicciones, y la adjudicación solo quedará perfeccionada si Mendoza y el Estado nacional coinciden en el mismo oferente. Además, la transferencia accionaria deberá ser ratificada posteriormente por la Legislatura provincial.
Mientras tanto, la operación continuará en manos de Hidroelectricidad Mendocina S.A. hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que el nuevo concesionario tome posesión efectiva del complejo, lo que ocurra primero. El objetivo es garantizar la continuidad del servicio y preservar la seguridad de las instalaciones durante la transición.
Para San Rafael, la trascendencia de este proceso excede ampliamente el cambio de operador. Los propios decretos muestran que el desafío pasa por recuperar uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del país, cuya capacidad quedó severamente comprometida tras el aluvión de 2025. Si las inversiones previstas se concretan, la licitación podría transformarse en el inicio de una etapa de reconstrucción con impacto directo sobre el empleo, la actividad económica y el desarrollo del sur mendocino, devolviendo a Los Nihuiles el papel estratégico que históricamente ocupó dentro de la matriz energética de Mendoza.