El Gobierno de Mendoza publicó este jueves una serie de decretos en el Boletín Oficial, donde aplica la máxima sanción para los agentes de organismos estatales de la Provincia, la cesantía, o la no confirmación en el cargo a policías.

Confirmaron la cesantía de un policía que abandonó el servicio para irse a trabajar a Uruguay

La medida sancionatoria se originó a partir de un sumario administrativo instruido por la Inspección General de Seguridad, que constató el abandono de servicio por parte del agente a partir del 2 de diciembre de 2023, fecha en la cual el propio efectivo manifestó telefónicamente que no regresaría a sus funciones tras haber conseguido un nuevo empleo en Uruguay.

El agente calificó la medida como desproporcionada y solicitó que se ponderaran sus antecedentes favorables y presentó un recurso. Pero la Dirección de Asesoría Letrada y la Asesoría de Gobierno dictaminaron que el procedimiento cumplió con todas las garantías del debido proceso.

Confirmaron la exoneración porque lo condenaron por abuso sexual simple

El Gobierno ratificó la exoneración de un exauxiliar primero de la Policía, al rechazar el recurso jerárquico interpuesto en contra de las resoluciones ministeriales que dispusieron su destitución.

La sanción se originó a raíz de un sumario administrativo y una causa penal iniciada tras una denuncia radicada por una agente policial en septiembre de 2014, fecha en la cual ambos se encontraban de patrullaje. Por dichos hechos, el efectivo fue condenado el 13 de junio de 2018 a la pena de dos años de prisión en suspenso como autor responsable del delito de abuso sexual simple.

Ante el reclamo del exgendarme, quien solicitó una sanción menor argumentando su legajo previo, la condena condicional y una supuesta demora en los plazos, Asesoría de Gobierno y la Asesoría Letrada dictaminaron que la medida se ajusta a derecho.

Ratificaron la cesantía porque lo acusaron de pedir coimas

El Gobierno ratificó la sanción de cesantía sujeta a exoneración en contra de un exauxiliar mayor, tras rechazar el recurso jerárquico presentado por el efectivo

La medida disciplinaria se originó a raíz de un procedimiento realizado el 13 de octubre de 2024 en un puesto fijo de control vehicular sobre la Ruta 7, donde el agente detuvo a una automovilista y le exigió el pago de veintidós mil pesos o la retención de su automóvil bajo el pretexto de la falta del matafuego.

La víctima efectuó una transferencia inmediata a una cuenta de Mercado Pago perteneciente al propio efectivo y radicó la denuncia, lo que dio origen a un sumario administrativo y a una causa penal caratulada por exacciones ilegales.

Le dieron la baja obligatoria porque acumuló dos años en pasiva por una causa penal

El Gobierno ratificó la baja obligatoria del exauxiliar de la Policía, tras rechazar un recurso interpuesto por el agente.

El expediente se originó a raíz de la aplicación del artículo 58 inciso 7 de la Ley N° 6722, que estipula la baja obligatoria del personal policial que cumpla dos años en situación de revista pasiva por encontrarse bajo proceso judicial y privado de su libertad.

La defensa argumentó que se omitió ponderar la falta de una sentencia condenatoria firme y la supuesta contradicción con un sumario administrativo en trámite. Pero el Ejecutivo rechazó el planteo.

Continua el sumario a un penitenciario por certificados médicos truchos

El Gobierno de Mendoza ratificó la continuidad del sumario administrativo instruido contra un suboficial ayudante del Servicio Penitenciario, tras rechazar el recurso de alzada presentado por el efectivo.

La Inspección General de Seguridad (IGS) inició una investigación al comprobarse que el agente habría presentado certificados médicos apócrifos para no presentarse a trabajar por enfermedad.

Durante el proceso, el penitenciario solicitó un juicio abreviado reconociendo la falta y acordando una suspensión de treinta días, pero fue rechazado por la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad y Justicia, la cual consideró procedente elevar la sanción a sesenta días de suspensión y ordenar la continuación de la investigación.

Pidieron el cese de la convocatoria por razones de salud

El Ejecutivo determinó el cese de la convocatoria de un cabo primero, quien prestaba servicio efectivo bajo este régimen especial desde el año 2009.

La medida se originó a partir de los informes presentados por la Dirección de Capital Humano, los cuales detallaron que el efectivo se encontraba en situación de disponibilidad por enfermedad desde diciembre de 2024. Asimismo, los registros médicos de OSEP y el Sistema Informático Policial constataron que acumuló un total de 706 días de parte de enfermo fuera de acto de servicio y 55 días vinculados a actos de servicio.

Y se concluyó que el agente padece patologías de carácter grave, crónico y progresivo que le impiden reunir las aptitudes psicofísicas necesarias para la función.

Confirmaron la baja obligatoria por no reunir los requisitos psicofísicos

El Gobierno rechazó un recurso jerárquico presentado por una exoficial subayudante, quien cuestionaba la resolución que dispuso su baja obligatoria de las filas policiales.

La medida original se fundamentó en los dictámenes de la División de Sanidad Policial, que determinaron la inapto definitiva de la agente tras una evaluación integral de su perfil psicológico, estabilidad emocional y aptitud funcional.

La exfuncionaria alegó que la decisión era despropocionada en un contexto vinculado a su maternidad, pero el reclamo fue rechazado por el ministerio debido a que se verificó la falta de aptitud psicofísica para el servicio policial.

Dejan sin efecto el nombramiento de una aspirante por un antecedente contravencional

A través de un decreto oficial, las autoridades revocaron parcialmente la designación de una agente, quien había sido nombrada como auxiliar de la Policía mediante un decreto firmado a finales de 2024.

La medida se originó luego de que la Dirección de Capital Humano detectara que la joven fue vinculada a un sumario contravencional en septiembre de 2024, en el marco de una infracción al artículo 95 de la Ley de Contravenciones provincial. Si bien la Justicia dictó posteriormente la nulidad de esa causa específica y la involucrada presentó certificados limpios de antecedentes penales, los informes internos del Ministerio de Seguridad y Justicia advirtieron que los aspirantes deben mantener una conducta intachable de manera permanente: el nombramiento original era válido, pero quedó invalidado al surgir un hecho posterior que rompió con los requisitos de ingreso exigidos por la Ley Orgánica Policial.

El Ejecutivo le notificó que dispone de un plazo legal de quince días hábiles para presentar recursos administrativos en caso de considerarlo necesario.

Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-gobierno-confirmo-despidos-de-policias-y-penitenciarios-por-causas-penales/