La política, cuando olvida la densidad histórica y social del suelo sobre el cual pretende legislar, suele encontrarse con murallas infranqueables. A escasas horas del inicio del debate en el Senado, el oficialismo nacional y sus socios parlamentarios debieron ejecutar un repliegue de proporciones: el retiro completo del capítulo que habilitaba la extranjerización de tierras dentro del proyecto de ley enviado al recinto. La marcha atrás no obedeció a un arrepentimiento doctrinario, sino a la constatación de que no alcanzaban los votos necesarios y al peso inapelable de una oposición y, sobre todo, una sociedad que decidió fijar un límite.
Esta retractación de último momento representa una clara derrota política para el esquema de gobierno. La firmeza de los bloques de la oposición, la resistencia articulada por varios gobernadores provinciales y, sobre todo, el impulso de una ciudadanía movilizada —que en diversos rincones del país dejó oír su voz— lograron torcer el rumbo del Poder Ejecutivo. Como ha ocurrido en pocas oportunidades en la historia reciente, la sociedad le marcó de manera tajante al oficialismo que existen materias de Estado con las que no se puede especular ni negociar al calor de las urgencias fiscales.
Sin embargo, el retiro del capítulo sobre el patrimonio inmobiliario rural no despeja los graves riesgos que encierra la iniciativa legislativa que aún sigue en carrera. Y que es probable que esos mismos legisladores aprueben. El dictamen que se somete a discusión mantiene articulados de altísima peligrosidad institucional y socioambiental. Resulta especialmente preocupante la modificación pretendida sobre la Ley de Manejo del Fuego, una norma clave aprobada para evitar la especulación tras los incendios forestales. Eliminar las restricciones que impiden comercializar o cambiar el uso del suelo en terrenos devastados por las llamas equivale a ofrecer un estímulo directo a la quema intencional con fines inmobiliarios o productivos, desprotegiendo los ecosistemas y los bienes comunes.
La lección que deja esta víspera de debate en el Senado es transparente: la vigilancia cívica y la defensa de la soberanía son herramientas reales de contrapeso ante la prepotencia del poder central. La provincia de Mendoza y la comunidad de San Rafael, donde el territorio y los recursos naturales sostienen el tejido social y productivo, continúan atentas al desempeño de sus representantes en el recinto. El freno impuesto a la extranjerización del suelo patrio no es un cheque en blanco, sino una advertencia categórica de que la sociedad no tolerará que se entreguen ni el patrimonio ni el futuro del país.
Quedará ver qué hace el Gobierno con la nueva norma en caso de aprobarse. No se puede soslayar que la sociedad ha planteado estos límites en otros temas sensibles (financiamiento universitario, discapacitados, etc.) y el Ejecutivo nacional no ha respetado lo ordenado por los otros dos poderes del Estado.