La postura manifestada por el Ministerio de Capital Humano al calificar como una «medida de carácter político» y «carente de reclamo genuino» la huelga convocada para mañana por las federaciones universitarias expone un nivel de cinismo institucional que desborda la mera disputa salarial. Calificar de intencionalidad partidaria la reacción de una comunidad académica cuyos haberes han sufrido una caída real cercana al 30% no solo resulta falaz, sino que evidencia la negativa sistemática del Gobierno nacional a asumir las consecuencias de sus propias omisiones.

El conflicto de fondo no responde a una especulación de la dirigencia gremial, sino a un triple incumplimiento flagrante por parte del Poder Ejecutivo: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso hace casi un año, el desacato a la medida cautelar que exige la actualización de haberes y el congelamiento de las partidas destinadas a los hospitales universitarios. Asistir a este escenario implica atestiguar la consolidación de una práctica gubernamental peligrosa: la pretensión de elegir qué leyes se cumplen y qué mandatos judiciales se acatan, actuando al margen de la división de poderes que funda la República.

La universidad pública representa la principal herramienta de movilidad social ascendente y el motor de desarrollo técnico y científico. Cercenarla por la vía del ahogo presupuestario equivale a clausurar las oportunidades de las futuras generaciones de argentinos, muchos de ellos sanrafaelinos.

En este marco, el Gobierno insiste en tensar la cuerda con un sector de la sociedad que ya ha demostrado, en reiteradas y masivas movilizaciones en las calles, que la educación pública constituye un límite no negociable. La insistencia en provocar a ese consenso social revela una ceguera política que omite la experiencia reciente. El repliegue forzado sobre el capítulo de la Ley de Tierras antes del debate en el Senado y las resistencias generadas ante el intento de recortar el régimen de Zona Fría —un beneficio medular para zonas de clima riguroso como la nuestra— demostraron que la ciudadanía y las provincias conservan mecanismos de freno eficaces frente a las arbitrariedades del poder central.

El enrocamiento ideológico del mileísmo y de sus socios en el interior puede rendir dividendos momentáneos en el ecosistema de las redes sociales, pero resulta un cálculo ruinoso en la gestión de lo público. De cara a la carrera política con vistas a 2027, gobernar a espaldas del ordenamiento legal y de las demandas estructurales de la sociedad representa un desgaste acelerado. La historia política argentina enseña que la descalificación y el desprecio por las instituciones suelen pagarse caro en las urnas; de persistir en esta estrategia de confrontación, el Gobierno se encamina a cosechar un nuevo y severo revés en el juicio de la opinión pública. Y sus socios también.