La piedra angular de un Estado de derecho reside en el estricto acatamiento de la ley, no sólo por parte de los ciudadanos, sino fundamentalmente por quienes ejercen la administración pública. Cuando la discrecionalidad política reemplaza el cumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso, el orden institucional sufre una degradación sustancial. 

La confesión de ayer del vocero presidencial, Adrián Ravier, respecto al desvío de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) para engrosar las arcas del Ministerio de Economía, constituye un hecho de gravedad que no puede ser naturalizado. Se trata del reconocimiento explícito de que el Gobierno nacional utiliza fondos de afectación específica —tributados por la ciudadanía cada vez que carga combustible con el fin único de mantener y reparar caminos— para fines absolutamente ajenos a los previstos por la norma.

Esta admisión pone al descubierto la fragilidad del proclamado «equilibrio fiscal». Sostener que las cuentas públicas arrojan saldos positivos mientras se retienen de manera indebida las partidas destinadas a la infraestructura básica es, desde cualquier análisis riguroso, una fantasía contable. Mostrar superávit a fuerza de incumplir las leyes de afectación específica y desatender las obligaciones elementales del Estado no equivale a una gestión económica eficiente; representa, simplemente, un maquillaje presupuestario.

El impacto de esta parálisis no se dirime en abstracciones financieras, sino en la cotidianeidad del interior profundo. Para San Rafael y el sur mendocino, la falta de inversión en la red vial nacional es una amenaza tangible que se padece sobre el territorio. Corredores neurálgicos como la ruta nacional 143, la ruta nacional 146 y la ruta nacional 40 sufren un proceso de degradación paulatina que incrementa de manera drástica el riesgo de siniestros viales. Cada deformación en la calzada, cada pozo desatendido y cada banquina descalzada se traducen en una trampa constante para las familias que transitan a diario por nuestro departamento, donde la omisión estatal puede cobrarse vidas humanas que ninguna planilla de cálculo podrá compensar.

A la tragedia potencial de la siniestralidad se le añade un daño estructural sobre la matriz productiva de la región. El transporte de carga que moviliza la producción agrícola, vitivinícola e industrial del oasis, así como el flujo turístico que dinamiza la economía local, enfrenta un encarecimiento logístico inevitable. Las vías de comunicación deterioradas generan un desgaste prematuro en las flotas de transporte, elevan los costos de flete, dilatan los tiempos de distribución y restan competitividad al trabajo sanrafaelino en los mercados nacionales.

El desarrollo genuino de una nación no puede erigirse sobre la base de leyes inaplicadas ni de rutas destruidas. La verdadera solvencia fiscal exige prudencia en el gasto, pero también un respeto irrestricto por el marco legal y una inversión garantizada en la infraestructura que posibilita la producción y el tránsito seguro. Prescindir de esos pilares para sostener una ficción presupuestaria implica construir una supuesta estabilidad sobre un cimiento que se desmorona día tras día.