Desde la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) advierten que durante la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo ya han bajado sus persianas 30.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país. La entidad señala que se trata del período con mayor tasa de destrucción de unidades productivas desde la crisis de 2001, afectando directamente al empleo registrado y al consumo interno.
En diálogo con Diario San Rafael, Leo Bilanski, referente de ENAC, profundizó sobre las causas estructurales de este fenómeno —encabezadas por la apertura indiscriminada de importaciones y las elevadas tasas del sistema financiero—, el impacto regional en economías como la de Mendoza y la convocatoria para este jueves 20 de agosto frente a la Casa Rosada para exigir la promulgación de una Ley de Emergencia Pyme.
Cifras de la crisis: 76 pymes destruidas por día y 11 familias sin empleo por cada cierre
El diagnóstico trazado por la entidad empresarial se fundamenta en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que reflejan una tasa de desaparición de unidades económicas sin precedentes en la historia reciente sin mediar eventos exógenos como emergencias sanitarias globales. «Durante esta gestión han cerrado 30.000 empresas, marcando el período de mayor destrucción empresarial desde 2001. Hablamos de un promedio de 10.000 cierres al año y, según el último dato oficial de mayo, cayeron 76 pymes por día. Mendoza no está exenta del impacto de esta política nacional«, aseguró Leo Bilanski en la entrevista radial que brindó a FM Vos (94.5).
«La gravedad tiene que ver con que detrás de cada pyme que cierra son 11 trabajadores registrados los que quedan en la calle. Son 11 familias que tienen un empleo formal menos, y eso amerita revisar el éxito del programa de estabilización de Luis Caputo, porque la inflación sigue en 2 y pico por ciento mensual, el número de superávit comercial es cuestionado y el dato de destrucción de pymes es posmórtem y firme«, continuó diciendo.
«El número que nosotros estamos dando y que es el resultado del registro oficial del SIPA de 30.000 empresas cerradas tiene que ver con el número absoluto. Permanentemente se cierran y se abren empresas en la Argentina en virtud de cambios de políticas, pero lo que uno evalúa es el resultado global del modelo. Cuando hay un cambio de gestión hay un stock que cierra y otro que abre, pero al finalizar ese proceso antes había más empresas que en el ciclo anterior. Lo que estamos viendo ahora es que no, que la destrucción absoluta es permanente«, manifestó.
Las contradicciones del modelo: exportaciones primarias pujantes y mercado interno destruido
El análisis de ENAC sostiene que la recesión no obedece a un factor exógeno o inevitable, sino a un esquema económico desequilibrado que favorece a sectores extractivos o primario-exportadores mientras asfixia a la economía real y regional.
«Esto responde al modelo económico actual, ya que no estamos en pandemia. Si bien Argentina exporta commodities que aumentaron su valor —como petróleo, minerales y gas— y el gobierno se beneficia de una infraestructura energética en la que no invirtió, esos ingresos del sector agroexportador no se reflejan en el resto de la economía», opinó Bilanski.
«Mendoza está exportando mayor cantidad de vino a granel porque hay un tema con la demanda del vino envasado. Han cerrado empresas en la provincia. ¿Cómo se condice ese logro de exportar vino a granel y no poder reflejarlo en un crecimiento mayor de bodegas? Se están achicando la cantidad de bodegas porque el consumo interno está destruido. Se exporta, pero nadie compra una botella más en el mercado interno. Este es un modelo rengo; son cuestiones de fondo y son deliberadas las razones por las cuales nos pasa lo que nos pasa», expresó en ese tramo de la comunicación.
Importaciones desreguladas y especulación bancaria: los dos vectores del colapso
Consultado sobre cuáles son los factores económicos inmediatos que sofocan la rentabilidad y operatividad de las pequeñas y medianas empresas, la entidad apuntó a la desregulación del comercio exterior y a las condiciones crediticias del sistema financiero. «El primer tema es la apertura indiscriminada de las importaciones, lo que genera un canibalismo en el mercado interno y fundamentalmente hace que los productos que se manufacturan en Argentina se dejen de manufacturar. Esto afecta tanto al comercio como a la industria por igual«, observó el referente de ENAC.
«El otro factor es este modelo de beneficio a los bancos. A lo largo de todo este período no tenemos tasas razonables para financiar la actividad empresarial. Mientras los bancos cobran tasas de usura con la plata de los ahorros de los argentinos, por un lado, dan plazos fijos al 21% y por el otro les prestan a las pymes al 60% o 70%. Lo que hacen es acelerar el crédito para el consumo de productos importados, y el resultado de eso es la mora. Se están dando créditos acelerados para comprar baratijas. Estos dos factores representan gran parte de la destrucción de pymes que vivimos«, analizó.
«Son frentes que el Estado puede administrar y regular, y sin embargo no lo hizo. No podemos negar la responsabilidad o la impericia que tiene el ministro de Economía respecto del mercado interno. Será bueno en otras cosas, pero en esto es un desastre», sentenció.
Convocatoria a Plaza de Mayo y los ejes de la Ley de Emergencia Pyme
Ante este panorama, la Asociación de Empresarios Nacionales convocó a una manifestación pacífica en la ciudad de Buenos Aires para visibilizar el reclamo y exigir medidas legislativas de alivio fiscal y operativo para los establecimientos que se encuentran en riesgo inminente de quiebra. «La Asociación de Empresas Nacionales, que preside Diego Ojeda, convoca para este jueves 20 de agosto a las 9 horas en la Plaza de Mayo para transmitirle al presidente, sin intermediarios, que han cerrado ya 30.000 empresas según los registros del propio Estado, y para que impulse la Ley de Emergencia Pyme. Nos convocamos los empresarios pyme que tenemos conciencia de lo que está pasando para ejercer nuestra libertad democrática de transmitir la realidad y visibilizar lo que pasa en nuestras fábricas«, anunció el entrevistado.
«Aproximadamente entre 40.000 y 50.000 empresas —un 8% del total existente— están en el borde de cerrar. Lo primero que propone la Ley de Emergencia Pyme es que el Estado cobrador de impuestos mitigue esa situación y no les cobre impuestos a esas empresas que están en situación crítica hasta que se recuperen, frenando también los embargos del arca fiscal«, propuso.
«También contempla evitar los cortes de luz y de gas a las empresas que son electrointensivas en energía. La ley tiene que ver con visibilizar el problema, administrar el comercio exterior y bajar las tasas de financiamiento. Es un primer paso para revertir el daño que se le está haciendo al mercado interno», agregó.
«Las empresas que se funden son privadas, pusimos nosotros la plata, no la puso el gobierno, y nos cambiaron las reglas de juego. Si me invitas a jugar al fútbol, me compro los botines y la indumentaria, pero al terminar el primer tiempo me das una pelota de básquet, te tenés que hacer cargo. Un gobierno con criterio se hubiese hecho cargo de la reconversión de estas 30.000 empresas. No lo hizo; fue una destrucción deliberada y eso es lo que estamos visibilizando«, completó.