El escandaloso desenlace de la causa por la muerte de Alan Villouta, el joven de 21 años atropellado en 2017, provocó un fuerte sismo institucional en Mendoza. La prescripción del expediente por las demoras del máximo tribunal provincial obligó al oficialismo a mover sus fichas y ahora el diputado provincial Franco Ambrosini (UCR), en sintonía con el Poder Ejecutivo, avanza en un proyecto de ley inédito que pretende imponer “plazos fatales” a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y habilitar consecuencias concretas en caso de morosidad injustificada.
La iniciativa busca saldar una deuda histórica del sistema judicial mendocino: la falta de consecuencias reales ante la parálisis de expedientes que, especialmente cuando no existen personas privadas de la libertad, pueden permanecer durante años a la espera de una resolución definitiva.
El origen: un fallo firmado a tiempo, pero notificado tarde
El detonante de la reforma fue el sobreseimiento definitivo del empresario Alejandro Verdenelli. En 2020, Verdenelli había sido condenado a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir por homicidio imprudente, luego de atropellar y abandonar a Villouta en el Acceso Sur.
Sin embargo, la Sala Penal de la Suprema Corte de Mendoza demoró casi seis años en resolver el recurso de casación interpuesto por la defensa. El límite temporal para la extinción de la acción penal operaba a mediados de abril y, aunque los jueces redactaron el rechazo formal al recurso un día antes del vencimiento, la Secretaría del tribunal notificó formalmente a las partes cuatro días después. Al no existir una sentencia firme dentro de los términos establecidos por la ley, la causa prescribió y el empresario quedó definitivamente libre de cargos.
La reacción política fue inmediata. El gobernador Alfredo Cornejo calificó el episodio como “escandaloso”, mientras el Ministerio Público Fiscal activó recursos extraordinarios con la intención de revertir la decisión. Al mismo tiempo, el oficialismo legislativo comenzó a trabajar en una reforma destinada a evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.
El “agujero negro” de las causas con procesados en libertad
“Una Justicia tardía no es Justicia”, argumentó Ambrosini al explicar los fundamentos de la iniciativa. Según el legislador, los códigos procesales ya contemplan tiempos para la resolución de las causas, pero en la práctica institucional esos plazos suelen ser considerados meramente “ordenatorios”, es decir indicativos, y no “perentorios” u obligatorios.
El proyecto intenta corregir, además, una asimetría que desde hace años atraviesa al sistema judicial. Las causas con personas detenidas suelen tener una dinámica más acelerada debido a que existen vencimientos de prisiones preventivas y otros límites temporales que pueden derivar en la libertad de los acusados. Por el contrario, los expedientes en los que los imputados atraviesan el proceso en libertad, como ocurrió en el caso Verdenelli, pueden ingresar en una suerte de cono de sombra donde los plazos continúan corriendo sin controles suficientemente efectivos ni mecanismos automáticos de advertencia.
Plazos estrictos, alertas automáticas y posibilidad de Jury
El borrador de la iniciativa, trabajado conjuntamente con la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, propone modificaciones a la Ley Orgánica de la Suprema Corte y al Código Procesal Penal de Mendoza. Uno de sus principales puntos será la imposición de un plazo máximo de 40 días hábiles para resolver los Recursos de Casación o Recursos Extraordinarios Provinciales desde el momento en que el expediente queda en estado de dictar sentencia.
Dentro de ese período también existirán tiempos específicos para cada magistrado. El juez preopinante, encargado de realizar el primer análisis y emitir el voto inicial, dispondrá de un máximo de 20 días. Si ese plazo se cumple sin resolución, el sistema informático retirará automáticamente el expediente de su despacho y lo derivará al segundo integrante del tribunal, quien contará con otros 10 días, al igual que posteriormente el tercer magistrado.
El mecanismo contempla además un sistema de alertas. Cuando alguno de esos plazos sea incumplido, se enviará automáticamente una notificación electrónica al Procurador General de la provincia para dejar constancia formal de la mora. De esta manera, el retraso dejaría de depender únicamente de controles internos o advertencias posteriores y quedaría registrado institucionalmente desde el mismo momento en que se produce.
La propuesta avanza incluso sobre las responsabilidades de los integrantes de la Suprema Corte. El incumplimiento reiterado e injustificado de los plazos podría constituir una causal para promover denuncias por mal desempeño ante el Jury de Enjuiciamiento, mecanismo constitucional que puede derivar, según la gravedad del caso y el resultado del proceso, en sanciones e incluso en la destitución de un magistrado.
El debate llega ahora a la Legislatura
Desde el oficialismo pretenden que el texto definitivo cuente con un amplio consenso político y técnico. Ambrosini anticipó que se abrirá una ronda de consultas con los distintos bloques legislativos y también con representantes del propio Poder Judicial, con la intención de perfeccionar el mecanismo antes de que llegue al recinto.
Uno de los aspectos que deberá discutirse será la incorporación de excepciones razonables frente a circunstancias debidamente justificadas, como licencias médicas u otras situaciones extraordinarias que puedan impedir que un magistrado cumpla con los plazos previstos. El objetivo, sin embargo, es que esas excepciones no terminen transformándose nuevamente en una puerta abierta a demoras arbitrarias.
La muerte de Alan Villouta y el desenlace judicial posterior volvieron a poner sobre la mesa una discusión que trasciende ampliamente ese expediente. No se trata solamente de revisar lo ocurrido en una causa particular, sino de determinar hasta qué punto el Estado puede tolerar que una demora judicial termine convirtiéndose, en los hechos, en una forma de impunidad. El proyecto que comenzará a debatirse en la Legislatura intenta colocar límites concretos allí donde durante años existieron apenas plazos orientativos y expedientes capaces de permanecer demasiado tiempo dentro de un cajón.