Las reformas introducidas en el régimen penal tributario mediante la Ley 27.799 y su reglamentación a través del Decreto 93/2026 han generado una profunda preocupación en el ámbito profesional y social. Si bien la normativa elevó considerablemente los montos mínimos para la tipificación de delitos por evasión fiscal, paralelamente aplicó incrementos superiores al 100.000% en las sanciones por incumplimientos formales y regímenes informativos. Desde la delegación San Rafael del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE) impulsan gestiones ante legisladores nacionales para revisar un esquema punitivo que amenaza la sostenibilidad de clubes de barrio, uniones vecinales y asociaciones culturales, entidades sin fines de lucro que cubren roles de contención donde el Estado no llega.
En diálogo con FM Vos (94.5), el contador público Renzo Omar Gili Carrillo, delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, repasó los alcances del texto legal, la propuesta de morigeración del 25% que se debatirá en la Cámara de Diputados, la asimetría respecto a la exteriorización de activos y las fallas operativas en las plataformas de fiscalización.
Incrementos del 100.000% en multas formales y riesgos para el entramado social
El análisis del CPCE expone que el cambio de paradigma sancionatorio desvirtúa el espíritu recaudatorio del sistema tributario, trasladando la penalización desde la evasión real hacia la omisión de presentaciones administrativas. «La Ley de Inocencia Fiscal N° 27.799, que se reglamentó por el Decreto 93 del 2026 el 2 de enero, es una ley relativamente nueva. Lo que se quiso hacer en ese momento fue aumentar los umbrales del régimen penal tributario en cuanto a evasión simple y agravada, con un incremento importante: de un millón y medio a cien millones para la evasión simple, y de quince millones a mil millones para la agravada. Se trataba de montos atrasados en cuanto a la cuantía de impuestos no ingresados al fisco», explicó Renzo Omar Gili al inicio del reportaje.
«Pero en esta ley se introdujeron también incrementos de más del cien mil por ciento en las multas formales. La norma no busca recaudar a través de sanciones, sino procurar que el contribuyente abone los impuestos en tiempo y forma. La falta de presentación por omisión en impuestos como un Formulario 931, Ganancias o IVA mensual, pasó de una multa de 200 pesos para personas físicas a 220.000 pesos, y de 400 pesos para personas jurídicas a 440.000 pesos«, señaló.
«Esto no queda ahí, sino que se incrementaron las multas para los regímenes de información. Los contribuyentes y las entidades deben informar a través de la página web de ARCA aspectos como la composición accionaria o de socios. Esas multas pasaron de 2.500 o 5.000 pesos a valores de entre 5 y 10 millones de pesos, según el tipo societario«, amplió la información.
«Ante este panorama, venimos trabajando en el Consejo Profesional desde octubre para que estas multas se morigeren y se basen en la capacidad contributiva del contribuyente. Aplicadas lisa y llanamente, afectan el desarrollo social. Un club de fútbol, una unión vecinal o una asociación cultural no tienen fin de lucro; ocupan un espacio de la sociedad donde el Estado no está. Estas multas pueden provocarle un daño grave al entramado social«, expuso con claridad.
El debate parlamentario y las gestiones institucionales del CPCE
De cara a la sesión programada para el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, donde se abordará la media sanción de modificaciones a la norma, las entidades profesionales buscan articular cambios técnicos con distintos bloques políticos. «El 26 de agosto se va a tratar en Diputados la media sanción sobre esta ley. Desde el gobierno, a través de la mediación con la Federación que nuclea a los consejos profesionales, se propuso disminuir las multas un 25%, lo cual nos parece insuficiente considerando el impacto en el sector asociativo. Estamos teniendo comunicaciones para ver si es posible introducir modificaciones en el recinto el día 26; y si no se logra en Diputados, reverlo cuando el texto pase al Senado», comentó Gili.
«Nos reunimos con el diputado nacional Martín Aveiro y estamos en contacto con la secretaría de la diputada Mercedes Llano; en su momento también dialogamos con la diputada Liliana Paponet. No nos importa el partido político: como Consejo Profesional queremos acercarles a los legisladores propuestas técnicas para colaborar en lo que creemos que se puede mejorar. La ley no debe sancionar punitivamente por un error formal, sino basarse en la recaudación propiamente dicha de los tributos«, fundamentó el contador en ese tramo de la conversación.
Asimetrías tributarias y fallas en los sistemas de fiscalización
El análisis institucional remarca la contradicción existente entre las facilidades otorgadas para la regularización de capitales no declarados y el rigor punitivo aplicado a los contribuyentes formales, a lo que se suma la inestabilidad de las plataformas tecnológicas del Estado. «Aquellos que quieran adherirse a las herramientas de regularización fiscal lo van a poder hacer. La norma prevé que se han eliminado los topes: antes, para ingresar, se exigía un límite patrimonial de mil millones de pesos que ya no está, al igual que ciertas tolerancias. En teoría, van a poder ingresar todas las personas físicas que lo deseen, respondiendo a la intención manifestada por el Ministerio de Economía de volcar al circuito formal los dólares del colchón sin la persecución del órgano recaudador«, indicó el delegado del CPCE.
«Se puede llegar a entender que existe una doble vara. Lo que se dice en público a veces no es lo que se termina plasmando en la normativa. Se habla mucho de seguridad jurídica, pero nos encontramos ante un problema mayor que es la falta de certezas, teniendo que reformar una ley a solo ocho meses de su promulgación«, observó.
«Hoy los profesionales de ciencias económicas estamos agobiados por este nivel de cambios permanentes sin respaldo operativo. Peleamos para que todo sea más justo. Si las multas se elevan en más del cien mil por ciento, la exigencia debe ir de la mano de una mejora sustancial en los servidores públicos. A veces los clientes nos delegan las presentaciones, pero las páginas no funcionan o presentan caídas. Si se imponen semejantes obligaciones al contribuyente, los servicios digitales del Estado deberían funcionar de forma óptima«, opinó al cierre del reportaje.