Con celulares dentro de establecimientos carcelarios, apoyo externo de familiares directos y diferentes modos de operar, un grupo de presos mendocinos – con conexiones entre las cárceles del norte provincial y San Rafael – se abocó a quitarle dinero a mucha gente mediante las comúnmente conocidas “estafas virtuales”.

Como informó Diario San Rafael semanas atrás, uno de los involucrados, y cabecilla de la parte sanrafaelina de la banda, es Carlos Ávila, quien además es uno de los asesinos de Miguel Ángel Scalia y Liliana Balmaceda, y por lo que purga una condena a prisión perpetua.

Según pudo reconstruir este diario, Ávila era el nexo que en San Rafael tenían los cabecillas de la banda, con asiento en el penal de Almafuerte, en el norte provincial. Pero también están involucradas varias mujeres, familiares de los presos y residentes en Las Heras y Lavalle, puntualmente. Se las acusa de haber sido cómplices del sistema de defraudaciones, pero también de ingresar estupefacientes a los establecimientos en sus partes íntimas.

Hasta ahora la causa tiene 6 condenados, entre ellos Ávila, otro sanrafaelino, dos malargüinos y dos reos de la Ciudad de Mendoza. Hoy podría haber una séptima condena de 6 años de prisión y declaración de reincidencia, de otro de los implicados a nivel local. Resta que ratifique un juicio abreviado en su contra. Fue clave, en esta instrucción, el aporte de la Fiscalía que comanda Javier Giaroli.

Pero todavía hay proceso por delante, porque el resto de las personas ligadas a esta banda serán juzgadas en debates convencionales, teniendo en cuenta que la instrucción culminó. Podrían sumarse 12 condenas más, precisaron fuentes judiciales a nuestro medio.

Cómo operaban y quiénes recibían la plata

Los primeros 6 condenados que tuvo la causa eran quienes recibían el dinero proveniente de las estafas, mientras que el resto de los involucrados oficiaba de “mulas digitales”, es decir actuaban bajo órdenes de los antes mencionados y tenían como objetivo, mediante diferentes ardides, estafar la buena fe de sus víctimas, recaudar dinero y transferirlo a quienes idearon la maliciosa operación.

Durante la investigación hubo datos sorprendentes, como por ejemplo que los delincuentes simulaban ser funcionarios públicos a la hora de cometer las estafas. “Fingían ser la fiscal Andrea Rossi”, aseveraron fuentes investigativas.

Además, se detectó que un joven de Bariloche había sido víctima de una “sextorsión” por parte de esta banda, que le solicitó dinero a cambio de no divulgar fotos íntimas. Esto fue comprobado gracias al secuestro de celulares que surgió durante la investigación.