El impacto institucional desatado tras la prescripción de la causa por la muerte de Alan Villouta —atropellado en 2017 sobre el Acceso Sur— reabrió una profunda controversia sobre el funcionamiento y los tiempos de resolución del máximo tribunal mendocino. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza mantuviera el expediente sin definir durante cinco años y diez meses, provocando la inimputabilidad del acusado por el paso del tiempo, desde el Poder Legislativo avanzan en una reforma procesal decisiva.
El diputado provincial Franco Ambrosini (UCR) encabeza la redacción de una iniciativa parlamentaria destinada a establecer plazos fatales e improrrogables para las decisiones de la Corte. La propuesta busca que el incumplimiento de estos términos constituya una causa directa de mal desempeño y habilite el juicio político a los ministros del tribunal.
La impunidad por mora judicial y el caso Alan Villouta
La caducidad de la acción penal en un hecho de tránsito de alta repercusión pública puso al descubierto las deficiencias procedimentales en la cúspide del Poder Judicial. El legislador mendocino remarcó que la falta de celeridad desvirtúa la función esencial de la administración de justicia y genera desprotección en las víctimas. «Hace unas semanas se conoció que en el caso de Alan Villouta, quien perdió su vida tras ser atropellado en el Acceso Sur por Alejandro Verdenelli, la causa estuvo en la Corte más de cinco años —cinco años y diez meses para ser específicos— y terminó prescribiendo. La mora en la decisión de la justicia terminó significando la inimputabilidad para el acusado. A través de eso nos pusimos a trabajar, porque no puede ser que la Corte no tenga plazos para resolver», dijo con indignación el sanrafaelino Franco Ambrosini.
«En realidad sí existen plazos, pero no los terminan respetando. Una justicia que llega tarde no es justicia. Los mendocinos y los sanrafaelinos necesitamos que la justicia sea eficaz, con celeridad y en tiempos acordes a los ciudadanos, no acorde a lo que termina estableciendo un plazo de cinco años y diez meses. Era un accidente de tránsito, no era una causa totalmente compleja», apuntó.
«No hay explicación para que una causa quede paralizada casi seis años. Si bien resolvieron un día antes de que prescribiera, no llegaron a notificarlo porque esas notificaciones son personales. La familia Villouta perdió un hijo de una forma brutal y hay una desprotección total. Cualquier mendocino que va a reclamar ante la justicia lo que quiere es una respuesta rápida, no importa cómo termine saliendo la sentencia o si tenía razón o no; el tema es tener una respuesta en plazos razonables», destacó en medio de la entrevista que brindó a FM Vos (94.5).
Plazos fatales, mal desempeño y sanción de juicio político
Ante la falta de autorregulación por parte de la conducción del Poder Judicial, la iniciativa parlamentaria contempla acotar los términos de resolución a períodos de entre 60 y 90 días, transformándolos en plazos perentorios cuya inobservancia derivará en responsabilidades administrativas y constitucionales para los magistrados. «Como hay división de poderes, estas son cuestiones que la Corte tendría que haber abordado por sí misma. Como no las aborda, para eso está el Poder Legislativo que crea las leyes. De ahí surge nuestro impulso: estamos trabajando en un proyecto para ponerle plazos a la Corte que sean razonables, y en caso de que no los cumplan, que esos plazos sean fatales», expuso Ambrosini.
«En el caso del recurso de casación, que era el que correspondía a Villouta, la norma fija 10 días para expedirse, mientras que en materia civil existen 20 días. En la práctica estuvieron cinco años y diez meses. El plazo existe, pero no se respeta. Lo que queremos es encontrar un plazo razonable, de entre 60 y 90 días. Si no cumplís en ese término, el plazo es fatal, encuadra al ministro de la Corte en un mal desempeño y podría terminar en un juicio político«, enfatizó.
Estado del borrador, debate multisectorial y contraste con las primeras instancias
El proyecto, que se encuentra en su fase final de redacción técnica, será presentado en la Cámara de Diputados para iniciar una ronda de consultas con el Poder Ejecutivo, el propio Poder Judicial, colegios de abogados y las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. «La idea es compartir el texto con el Ejecutivo para que aporte su visión, con el Poder Judicial y debatirlo abiertamente en la Cámara. Queremos presentarlo en los próximos diez días para que empiece el debate con los distintos poderes y con todas las fuerzas políticas —el peronismo, La Libertad Avanza y el radicalismo— para tener una ley acorde y que los mendocinos vuelvan a creer en la justicia», afirmó el diputado provincial.
«Hay que hacer un trabajo responsable con el Poder Judicial. No es que todas las causas prescriban ni que los jueces no fallen, pero en este caso no cumplieron y hay expedientes que se demoran por demás. En estos últimos diez años se han hecho muchas reformas en Mendoza y procesos civiles que antes tardaban cuatro o cinco años, hoy tienen sentencia de primera instancia en un año. El Poder Judicial sí resuelve en sus bases; la etapa más compleja y trabada hoy está en la Corte«, declaró.
«Queremos que vengan a las comisiones los ministros de la Suprema Corte, los subsecretarios, los colegios de abogados y todos los actores del Estado. Pretendemos hacer algo trabajado y técnico, no una cuestión para sacar ventaja política, porque vamos a legislar para darle una respuesta concreta a los ciudadanos que demandan justicia», remarcó al cierre de la entrevista.