El entramado de la pequeña y mediana empresa en la provincia atraviesa un escenario de extrema fragilidad financiera y operativa, signado por la parálisis del consumo interno, el encarecimiento del crédito y una creciente mora bancaria. Tras participar de la asamblea anual de la entidad y de una movilización a Plaza de Mayo, Gabriel Bravo, presidente de APYME Delegación Mendoza, trazó un crudo diagnóstico sobre la actualidad del sector. El dirigente alertó sobre una cifra récord de más de 100.000 cheques rechazados por mes a nivel nacional, un incremento superior al 30% en la morosidad comercial y la caída generalizada en las calificaciones crediticias de las firmas locales. Asimismo, advirtió sobre la pérdida de solvencia en la agroindustria mendocina, la falta de respuesta oficial ante el proyecto de Ley de Emergencia Pyme y el impacto directo de la apertura de importaciones sobre los proveedores intermedios.
Quiebre de la cadena de pagos, morosidad bancaria y cheques rechazados
La falta de liquidez en el mercado formal ha comenzado a devorar la solvencia de las unidades productivas. Los registros del sistema bancario reflejan una aceleración en el incumplimiento de las obligaciones comerciales, afectando de manera crítica la continuidad de los pagos en la cadena de valor. «El sistema bancario ha registrado el último mes una cifra récord que supera los 100.000 cheques rechazados mensuales. Esto se suma a la dificultad que hay en la cadena de pagos, que se está rompiendo. Hay empresas que han perdido totalmente su solvencia para responder a sus compromisos», alertó Gabriel Bravo de entrada. «Según los datos analizados, en el último año los cheques rechazados han crecido más de un 30%, pisando casi el 40%. La morosidad bancaria en el sistema formal hace dos meses estaba cerca del 6% y el último valor que pasaron supera el 7%, pisando el 8%. La proyección a futuro, a vista de cualquier economista, no tiene una solución inmediata porque la interrupción de los pagos, los cheques rechazados, el despido de personal y los cierres generan un diagnóstico de quiebra total», amplió. «El sistema crediticio sigue siendo carísimo y, si una empresa muestra antecedentes de morosidad o cheques rechazados, se le hace imposible acceder al financiamiento. En este periodo en que las firmas que cerraron balance al 31 de diciembre renovaban su calificación bancaria, a todas les vino una rebaja. Empresarios de distintos sectores coinciden en que el nivel de facturación anual cayó un 40% respecto al periodo anterior», indicó.
La realidad productiva en Mendoza: agroindustria, talleres y el factor importador
En medio de este escenario, la matriz económica mendocina exhibe síntomas de agotamiento estructural que se manifiestan en la pérdida de puestos de trabajo, la paralización de tareas previas a las temporadas de procesamiento y el cierre de talleres metalúrgicos vinculados a la producción primaria. «Mendoza no escapa a esta realidad porque tiene un sistema de quiebre de su matriz productiva desde hace 12 años, con un esquema especulativo que recae primariamente en el sector productivo y por rebote en las pymes. Sobre todo, las empresas dedicadas a la agroindustria son las más afectadas porque el trabajo ha mermado muchísimo: hay talleres metalúrgicos que han cerrado directamente, han bajado las persianas, y otros han rescindido contratos con su personal», advirtió Bravo. «Estamos viendo que hay empresas agroalimentarias que, estando ya a las puertas de la nueva temporada, ni siquiera han comenzado los mantenimientos preventivos en sus plantas. El escenario es de una paralización total», describió. «Los factores son múltiples. La baja del consumo afecta directo al bolsillo familiar por la pérdida salarial y el aumento de los servicios, pero la apertura indiscriminada de importaciones impacta de lleno sobre el sector empresarial y la cadena intermedia de proveedores. Nos afecta a los que producimos bienes e insumos en el país», puntualizó.
Caída del consumo familiar, endeudamiento y la canasta mendocina
La pérdida de capacidad adquisitiva en los hogares restringe de manera severa la demanda en el mercado interno. El endeudamiento para cubrir gastos corrientes y la insuficiencia de los salarios promedio frente a la canasta básica configuran un círculo vicioso que paraliza la actividad mercantil. «En Mendoza tenemos un alto endeudamiento de las familias. Donde antes había múltiples ingresos, hoy más del 50% de los hogares percibe un solo haber. A eso se le suman los servicios en alza. El sindicato docente publicó que un maestro de escuela primaria con 6 años de antigüedad cobra $800.000 de bolsillo, y con 10 años, $900.000», comentó el presidente de APYME. «Ningún hogar se puede sostener con esos montos cuando la canasta básica roza los dos millones de pesos. Necesitás sí o sí dos salarios formales para sostener una familia de cuatro personas pagando transporte —que subió de $1.400 a $1.680 en la provincia— y servicios. Mendoza figura en los rankings nacionales con los peores índices en materia de ingresos familiares», declaró al respecto.
Reclamos institucionales: Ley de Emergencia Pyme y la barrera en ARCA
Frente a la multiplicación de ejecuciones fiscales y la imposibilidad de mantener el nivel de tributación actual, las entidades representativas del sector exigen el tratamiento de medidas legislativas de protección y denuncian trabas burocráticas para ser atendidas por las autoridades nacionales. «Hace más de un año que está presentado el proyecto de Ley de Emergencia Pyme y todavía no logra ingresar para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Además, desde el entramado productivo necesitamos presentar una nota formal ante la máxima autoridad de ARCA (exAFIP) para plantear la insostenible presión impositiva y las ejecuciones fiscales que están sufriendo las empresas», manifestó el referente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. «Después de un mes de deambular, recién nos informaron cómo ingresar el pedido porque la mesa de entradas en la Casa Central de ARCA en Buenos Aires no existe más y todo se canaliza por ventanilla única digital. Hay un problema severo de comunicación: es sumamente complejo lograr que un documento de esta gravedad llegue a manos de las autoridades», enfatizó.
«Tenemos enfrente a un gobierno sordo, empecinado en destruir la industria nacional y el entramado productivo argentino. Mendoza ha sido la primera provincia en aplicar este modelo, porque no nos olvidemos de que el ajuste en la matriz productiva arrancó hace 12 años en nuestra provincia”, opinó. «Estamos ante un escenario complejo donde no se escucha al entramado productivo ni a la industria nacional. Vamos a seguir adelante con la lucha y a comunicar minuto a minuto la realidad del sector, porque hoy están cerrando un promedio de 30 pymes por día en la Argentina, lo cual representa una situación de extrema gravedad», denunció al cierre de la charla que mantuvo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.