La gestión pública no se mide únicamente por la eficiencia teórica de sus planillas de cálculo, sino por la capacidad política de construir consensos en el territorio. La reciente controversia en torno al Fondo Compensador Agrícola y la anterior eliminación de la Lucha Antigranizo exponen una matriz de gobierno en Mendoza que pareciera priorizar las decisiones unilaterales sobre el debate técnico y social con los sectores involucrados. La marcha atrás del Ejecutivo sobre las exclusiones automáticas del seguro agrícola no logró desactivar la inquietud del sector; por el contrario, la falta de definiciones claras sobre los criterios con los que el Estado auditará la «productividad efectiva» de los establecimientos rurales abre un nuevo escenario de incertidumbre para el agricultor del sur.
Esta opacidad normativa fue señalada con precisión en los micrófonos de Fm Vos por referentes del ámbito productivo. Voces de orígenes diversos como la de Mauricio Marín, desde la Cámara de Comercio de San Rafael, Oscar Morbidelli, en representación del Clúster de Ciruelas, y la productora alvearense Pilar Crespillo, coincidieron en un diagnóstico central: el problema de fondo es la persistente negativa del Gobierno provincial a establecer instancias de diálogo genuino. La ambigüedad sobre cómo se evaluará la aptitud de una finca castigada en forma reiterada por el clima revive la misma desprotección que dejó el retiro de los aviones, una decisión adoptada sin consulta previa con las comunidades del Oasis Sur.
Esta metodología de decisión vertical no constituye un hecho aislado en el esquema de administración del actual oficialismo mendocino, sino que responde a un patrón de gobernabilidad donde la visión divergente ha sido tratada como un obstáculo operativo. La dinámica réplica lo que, según denuncian los gremialistas, ocurre de manera sistemática en las paritarias con los empleados de la administración pública, por caso, donde la instancia de negociación pierde sustancia cuando el rechazo a las propuestas oficiales deriva de forma invariable en la imposición por decreto.
En la economía real del agro, la aplicación de esta lógica resulta altamente destructiva. Diseñar políticas productivas desde los despachos del Gran Mendoza sin atender la especificidad de San Rafael y General Alvear, por ejemplo, no conduce a una modernización del sector, sino al desgaste acelerado del tejido socioeconómico regional. Mientras las reglas de juego continúen fijándose de manera unidireccional y sin precisiones operativas, la consecuencia inevitable seguirá siendo el despoblamiento del campo y el paulatino abandono de las propiedades rurales.