El crecimiento del endeudamiento y, especialmente, de la cantidad de familias que encuentran dificultades para pagar sus compromisos abrió un debate que excede ampliamente las finanzas personales. El dato más preocupante es el cambio en el destino de buena parte de esas deudas: ya no se trata solamente de financiar una vivienda, un vehículo u otros bienes duraderos, sino de recurrir al crédito para cubrir alimentos, servicios y necesidades básicas.
La problemática fue abordada en “Todas las voces”, programa que se emite por FM Vos 94.5 los sábados de 10 a 12.30 con la conducción de Ariel Sat y Alejandro Sosa. Participaron los contadores Marcelo Olea y Ricardo Yagüe, Mauro Fernández, de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, y Martín Bueno, titular de La Bancaria, quienes analizaron durante casi una hora las diferentes caras de un fenómeno atravesado por los ingresos, las tasas, el empleo, la informalidad y las decisiones económicas.
Uno de los primeros interrogantes fue hasta dónde debería intervenir el Estado frente a tasas extremadamente elevadas y un crecimiento sostenido de la morosidad. Olea consideró necesaria alguna regulación, aunque inmediatamente advirtió que reducir el costo del crédito no solucionaría el problema de quienes se endeudan porque sus ingresos directamente no alcanzan.
“El Estado sí tiene que intervenir, pero el gobierno de Milei, todos sabemos, es un gobierno que intenta levantar la bandera de la libertad. Debe intervenir porque, en cierta forma, aunque menos sea parcial, debe regular la tasa de interés. Pero el tema no pasa solamente por la tasa de interés”, explicó.
Para graficarlo planteó el caso de una persona que percibe $1.000.000 pero necesita $1.100.000 para cubrir sus necesidades básicas. Ese déficit mensual obliga a buscar financiamiento independientemente del valor de la tasa.
“Por más que le bajen la tasa, no va a poder pagar. Si vos estás tomando deuda para financiar necesidades básicas porque tus ingresos no te alcanzan, el problema no pasa por la tasa de interés, pasa por otro lado”, sostuvo.
Olea vinculó esa situación con una economía que muestra comportamientos diferentes según cada actividad. “Desafortunadamente la economía está creciendo en algunos sectores, y mucho, y en otros está cayendo. Pero precisamente los que están cayendo son los sectores de medios para abajo”, afirmó.
Desde allí llevó el análisis hacia la inversión y el empleo formal. A su entender, la existencia de una legislación laboral por sí sola no garantiza la creación de puestos de trabajo si no existen previamente condiciones para que las empresas inviertan.
“La condición básica que precede para poder activar el empleo formal se llama generación de inversión. Y la generación de inversión no llega. La inversión que está llegando es por el lado del RIGI, no es por el lado de la PYME”, manifestó.
La discusión alcanzó también la política salarial y la intervención del Gobierno nacional sobre las paritarias como instrumento para evitar una aceleración inflacionaria. Olea reconoció el objetivo, pero dejó una definición: “No se puede erradicar la inflación a cualquier costo”.
Ricardo Yagüe incorporó al análisis la educación financiera y explicó que una de las dificultades para el consumidor es comprender qué termina pagando realmente. Por eso recomendó observar el costo financiero total y no limitarse a la tasa nominal anual.
Sin embargo, planteó que atribuir el endeudamiento exclusivamente a una falta de conocimientos financieros sería simplificar demasiado el fenómeno. Recordó los estudios sobre finanzas conductuales y las decisiones que las personas toman frente al consumo.
“Muchas veces no es un problema de educación financiera, sino que el problema es más allá de eso, de una conducta hacia el consumo o un deseo de consumo en ese momento”, explicó.
Esa posibilidad de elegir prácticamente desaparece cuando el dinero se necesita para comer, vestirse o sostener a una familia. Yagüe diferenció esas situaciones de otras decisiones de consumo que sí pueden postergarse y señaló que la capacidad económica también determina cuánto cuesta equivocarse.
“Una persona que tiene una potencia económica probablemente importante puede darse el lujo de tomar decisiones erróneas. Pero la mayoría de la gente no está en esa situación”, remarcó.
Tasas de hasta 711% y familias que ya no pueden pagar
Uno de los puntos centrales de la mesa fueron las condiciones usurarias ofrecidas por las billeteras virtuales, como Mercado Pago. Yagüe contó que realizó un pequeño ejercicio en tiempo real y pidió a distintas personas que ingresaran a sus aplicaciones para comprobar qué tasa les ofrecían.
Los resultados mostraron fuertes diferencias. Encontró desde un usuario con una tasa nominal anual del 54% y un costo financiero total inferior al 100%, hasta otro al que se le ofrecía una tasa nominal anual del 199%.
“Estamos hablando de un 21% mensual, 711% de costo financiero total”, detalló.
Yagüe aclaró que las condiciones dependen de cada usuario y que sería incorrecto afirmar que todos se endeudan a esos valores. Sin embargo, puso el foco en lo que ocurre cuando una persona llega al supermercado sin dinero suficiente.
“De repente están comprando y dejan 3 o 4 productos porque no los pueden pagar, pero de repente los quieren llevar porque el hijo, porque el nieto”, señaló. En ese contexto, la facilidad de obtener financiamiento directamente desde un teléfono puede terminar convirtiendo una necesidad inmediata en una deuda extremadamente costosa.
También se analizaron cifras sobre morosidad. Durante la conversación se mencionó un nivel cercano al 7,7% en el sistema financiero, con diferencias entre empresas y familias, pero el dato que generó especial preocupación estuvo relacionado con los jóvenes y las fintech: para el rango de 18 a 24 años se mencionó un 41%.
Martín Bueno llevó la problemática al terreno de las sucursales bancarias y explicó lo que observan los trabajadores cuando reciben a personas que intentan reorganizar sus deudas.
“La verdad que es preocupante, es asombroso. Y pasa un poco por la imposibilidad de pagar la deuda, no de no querer pagar la deuda”, señaló.
Según explicó, detrás de muchas situaciones aparecen cambios abruptos en las condiciones económicas de las familias. “O se quedó sin trabajo, o tuvo que salir a pagar el alquiler con la tarjeta de crédito”, ejemplificó.
Bueno destacó que gran parte del endeudamiento familiar se concentra precisamente en tarjetas de crédito. A diferencia de un préstamo, donde generalmente existe un análisis más exhaustivo de la capacidad de pago, la tarjeta ya está disponible cuando surge la necesidad.
“Pasaste por el súper, no tenés qué llevarle para darle comida a tus hijos, pagar algo, la cuota de la escuela, un seguro, lo que fuera, y pasás la tarjeta. Entonces, ahí se ve por lo menos la mayoría de la morosidad y la imposibilidad de pagar, y la gente no puede”, describió.
También señaló que existen bancos que ofrecen condiciones más bajas para refinanciar deudas. En la mesa se mencionó especialmente al Banco Nación por contar con alternativas que pueden alcanzar compromisos contraídos con otras entidades y sugirió que las familias pasen a conocer los planes que posee la entidad bancaria. Eso abrió otro interrogante: si una fintech aplica tasas extraordinariamente elevadas y posteriormente un banco debe prestar dinero para cancelar esa obligación, el problema termina trasladándose de un actor del sistema hacia otro.
El debate derivó entonces hacia las diferencias regulatorias entre bancos y fintech. Para los participantes, allí existe una discusión que no es solamente financiera, sino también política.
En la continuidad de la charla, Olea volvió sobre la incertidumbre y sostuvo que “hoy la imprevisión es más política que económica”. También relativizó nuevamente el peso que puede tener la capacitación financiera cuando los ingresos no permiten cubrir lo indispensable.
“La cultura financiera, importantísima la cultura financiera, pero sería secundario, porque si no la gente tendría que estar altamente entrenada para poder vivir y para poder subsistir, cuando en rigor de verdad debiera alcanzarle su salario o sus ingresos para poder sortear las necesidades básicas”, expresó.
El contador observó además una transformación en el entramado comercial sanrafaelino, con numerosos pequeños emprendimientos que aparecen como alternativa para personas que perdieron un empleo o necesitan generar nuevos ingresos.
Aclaró que emprender no es negativo y que incluso algunas personas pueden obtener mejores resultados trabajando de manera independiente. Su preocupación pasa por la estructura general de la economía.
“Necesitás más fábricas, más industrias, más empresas que le den trabajo a la gente. También más emprendimientos personales”, sostuvo.
Desde Defensa del Consumidor, Mauro Fernández aportó la experiencia cotidiana de las familias que llegan buscando asesoramiento.
“Nos llegan muchas familias, personas que están muy preocupadas. Muy preocupadas y muy angustiadas”, afirmó.
Fernández explicó que han observado cómo el endeudamiento comenzó a desplazarse hacia gastos indispensables. Tarjetas y préstamos se utilizan para afrontar servicios públicos, educación, alimentación y otras necesidades del hogar.
“La gente se ve obligada a cubrir ese servicio esencial. Y lo vuelca dentro de tarjetas de crédito o saca créditos, saca préstamos, para abonar deuda de cosas esenciales en la familia”, describió.
Desde el organismo también intervienen frente a empresas y prestadores para intentar alcanzar acuerdos, refinanciaciones o soluciones ante determinadas deudas. “Nosotros somos la puerta de resonancia de un montón de relaciones de consumo”, señaló.
Fernández marcó además una diferencia entre quienes se endeudan por consumos prescindibles y los casos que observan habitualmente. Si bien reconoció que existen decisiones individuales y una responsabilidad del consumidor, aseguró que entre quienes llegan a Defensa del Consumidor aparecen fundamentalmente compras en supermercados y servicios públicos cargados a las tarjetas.
En ese marco anticipó una herramienta que están preparando junto con Ricardo Yagüe para que las familias sanrafaelinas puedan elaborar su propio presupuesto y obtener una radiografía sencilla de su situación financiera.
La propuesta permitirá observar cuánto dinero ingresa, qué porcentaje se destina a gastos esenciales, cuánto está comprometido en cuotas y qué cantidad queda disponible.
“Por ahí hace falta que muchos vean un mapa simple. Cuando hablamos de números es muy difícil saber qué me está entrando, cuánto está saliendo”, explicó Fernández.
Consideró incluso que “tendría que estar la educación financiera planteada desde la niñez como una cátedra obligatoria”, aunque volvió a advertir que estar informado no elimina una necesidad.
“Podés tener noción de que vas a caer en un riesgo, pero lo estás necesitando. Entonces, podés tener la educación financiera, pero si existe una necesidad que tenés que cubrir porque te lo están pidiendo tus hijos, porque tenés una situación de salud con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, vas a asumir el riesgo”, afirmó Fernández.
Empleo, salud y jóvenes atrapados entre deuda y apuestas
Otro tramo de la conversación estuvo dedicado a los indicadores utilizados para medir pobreza y capacidad de consumo. Se discutió el dato mencionado durante el programa de algo más de $1.400.000 para que una familia tipo en Mendoza supere la línea de pobreza y la distancia que puede existir entre una canasta estadística y los gastos concretos de cada hogar.
Para Olea, aun reconociendo la rigurosidad metodológica de los índices, concentrarse exclusivamente en esas cifras puede desviar la atención.
“El problema de fondo es otro y no lo vamos a resolver si intentamos encontrarle solución a la consecuencia”, aseguró.
Utilizó para explicarlo el ejemplo de una persona que llega al médico con fiebre: hay que atender el síntoma, pero simultáneamente determinar qué lo provoca.
“Se ha pretendido muy bien erradicar la inflación, pero no es el único problema que tiene Argentina. Argentina viene atravesando por años, por décadas, problemas estructurales”, sostuvo.
La situación de jubilados y pensionados apareció como uno de los ejemplos. Durante la mesa se mencionaron personas que comenzaron a dejar de comprar determinados medicamentos. Olea agregó que también “se está postergando la salud diagnóstica primaria”, advirtió.
Para el contador, si alguien posterga su propia salud por razones económicas resulta evidente que antes ya dejó de comprar otros productos. “La alimentación es lo mínimo indispensable. La salud también es algo impostergable”, remarcó.
A esa situación agregó la caída del empleo formal y sus efectos indirectos. Una persona que pierde su trabajo no solamente pierde un ingreso, sino que deja de realizar aportes.
“El empleo formal va cayendo”, afirmó. Y agregó: “El sistema previsional se va resintiendo y el sistema de salud”.
El crecimiento de la informalidad laboral se conecta además con otro de los datos analizados durante la mesa: el fuerte endeudamiento de los jóvenes mediante aplicaciones. Allí Yagüe introdujo un fenómeno adicional, el crecimiento de las apuestas online.
Recordó haber sido convocado tiempo atrás para participar en una actividad académica en la que existía preocupación por el juego entre menores y relacionó aquella experiencia con la posibilidad que hoy tienen muchos jóvenes de conseguir dinero rápidamente desde una billetera virtual.
También mencionó un informe según el cual jóvenes de la generación Z estaban comenzando a considerar las apuestas deportivas como una alternativa de inversión y relató haber visto adolescentes de 17 o 18 años apartarse durante reuniones para apostar desde el teléfono.
“Es una locura pensar en una apuesta como una inversión de largo plazo”, sostuvo.
El fenómeno se relacionó inmediatamente con las estafas y las promesas de rentabilidades extraordinarias. La necesidad económica y la búsqueda de una salida rápida pueden aumentar la vulnerabilidad frente a propuestas que prometen ganancias difíciles de sostener.
Yagüe volvió entonces sobre la regulación financiera y recordó experiencias anteriores en las que limitar tasas produjo consecuencias no previstas, como restricciones posteriores de los bancos sobre los límites de las tarjetas.
“Estas regulaciones parten de esta buena idea de decir ‘vamos a limitar determinadas cuestiones’ y terminan generando otros efectos probablemente no deseados”, explicó. Sin embargo, fue categórico frente a los valores que habían analizado: “No podemos permitirnos tener una tasa del 711% de costo financiero total”.
La discusión final regresó a los impuestos, la inversión y la capacidad del Estado para impulsar cambios estructurales. Olea sostuvo que una reforma tributaria profunda requiere modificaciones legislativas y consideró que muchas de esas decisiones deberían haberse tomado antes.
“El incremento de la recaudación no va por el lado de la presión fiscal. El incremento de la recaudación va por el lado de mayor valor agregado a la economía”, afirmó.
Para Olea, el problema es que actualmente el calendario electoral comienza a condicionar el margen disponible para implementar transformaciones económicas de fondo.
“Se perdió el tiempo. Y ahora estás con tiempos políticos más que tiempos económicos. Pero el tiempo político ahora es el que marca la agenda”, señaló.
La extensa conversación dejó así un diagnóstico que atravesó las diferentes miradas de los invitados: refinanciar puede aliviar una deuda, mejorar la educación financiera puede evitar determinadas decisiones y regular puede contener situaciones extremas, pero ninguna de esas herramientas elimina el desequilibrio que aparece cuando una familia necesita endeudarse para afrontar gastos indispensables.
En ese escenario, la morosidad deja de representar solamente una dificultad individual. El trabajador que perdió su empleo, la familia que paga el supermercado con tarjeta, quien financia un servicio público, el joven que obtiene dinero desde una aplicación o el jubilado que posterga un medicamento muestran distintas expresiones de una misma problemática: cuando los ingresos no alcanzan para sostener las necesidades cotidianas, el crédito empieza a ocupar el lugar de aquello que falta.