Durante meses, el relato oficial convirtió a la justicia social en el chivo expiatorio de los males económicos del país, calificándola de aberración ideológica y robo coercitivo “propio de los kukas”. Sin embargo, la dureza de la gestión y la necesidad de mostrar resultados concretos terminan acorralando al discurso.
Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, al definir el impulso al crédito hipotecario como “justicia social», no solo expusieron un contrapunto con el propio MIlei, sino que marcaron la admisión de una verdad insoslayable: el Estado debe intervenir activamente si pretende garantizar el desarrollo de la nación y el bienestar de sus habitantes.
Detestar la idea de justicia social solo es posible desde una postura encorsetada por el dogma, propia de quienes carecen de una mínima comprensión sobre la realidad de la comunidad argentina. Pretender que el libre mercado subsana por sí solo las desigualdades estructurales equivale a ignorar la historia de un país donde la movilidad social y el progreso familiar han estado históricamente ligados a herramientas públicas de fomento, vivienda e infraestructura. Reducir la función social del Estado a un delito fiscal denota una desconexión severa con el esfuerzo diario de la masa trabajadora.
En el interior del interior lo sabemos bien: la posibilidad de acceder a la casa propia, sostener la producción agrícola o garantizar servicios esenciales no responde a un ejercicio de especulación, sino a necesidades humanas fundamentales. La ilusión de que el sector privado resolverá de forma espontánea el déficit habitacional en nuestras latitudes es una fantasía que solo pueden sostener aquellos que están ajenos al impacto que el costo de vida y la falta de crédito tienen sobre las familias.
Ninguna sociedad se consolida sobre el abandono o la prescripción de la solidaridad orgánica. Más allá de los malabarismos semánticos para maquillar la contradicción con el discurso de campaña, la realidad termina imponiéndose: la intervención estatal orientada al equitativo desarrollo humano no es un defecto ideológico, sino un imperativo moral y político. La justicia social, lejos de ser una aberración, constituye el piso básico de dignidad sin el cual la idea de patria se reduce a una fría teoría inaplicable.