El debate por la amplificación de las herramientas para regularizar activos no declarados y reinyectar divisas al circuito formal ha sumado un nuevo capítulo en el Congreso de la Nación. Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto conocido como «Inocencia Fiscal II», el escenario económico reabre la discusión sobre la efectividad de las medidas tributarias para atraer los dólares guardados fuera del sistema. Según coinciden analistas de la materia, la necesidad de lanzar una segunda etapa responde a que las metas iniciales no se cumplieron en su totalidad, obligando al Ejecutivo a ampliar el universo de contribuyentes alcanzados.
En entrevista con FM Vos (94.5), el tributarista, contador público y especialista en planificación fiscal Guillermo Poch analizó los motivos técnicos de la baja adhesión inicial, la complejidad del lenguaje normativo, el impacto esperado en los bancos y la economía real, e integró su visión sobre el reciente anuncio para respaldar créditos hipotecarios a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
De la «Inocencia Fiscal» al blanqueo tradicional: diagnóstico de la primera etapa
Uno de los principales ejes de análisis radica en por qué la primera versión de la ley no alcanzó el volumen de divisas proyectado. Para Poch, la terminología técnica empleada distanció la norma del concepto popularmente arraigado en la sociedad argentina, donde cualquier proceso de exteriorización de capitales se comprende bajo la figura directa del «blanqueo». Asimismo, la exclusión de contribuyentes con patrimonios elevados limitó el ingreso de montos significativos en la primera fase. «Lo que hoy en día el proyecto está intentando es que se vuelquen más dólares a la economía, y claramente hay que entender que la expectativa inicial no fue cubierta; si no, no habría modificación. Eso como tema macro a poner de manifiesto: si el primer proyecto que se convirtió en ley hubiese tenido un éxito rotundo, soy de la opinión de que no estaría este proyecto Inocencia Fiscal II», expresó sin dudar Guillermo Poch al inicio de la charla.
«Para traer más dólares hay que ampliar el universo de contribuyentes que pueden ingresar; ese es el aspecto más relevante. La limitación que se produce en relación con los funcionarios públicos responde a lo que trajo la primera norma y que, al aplicarlo un funcionario, generó ruido en la calle», declaró.
«La normalidad en la Argentina para ingresar dólares del circuito informal al formal se llama, en la calle, blanqueo; nosotros los tributaristas le decimos sinceramiento fiscal. Hablar de ‘inocencia fiscal’, de que se quita una presunción o de que tenés que estar presentando declaraciones juradas correctas a lo largo del tiempo, es complejo para quien no es especialista. Apareció mucho tecnicismo cuando la gente en la calle necesita entenderlo de manera simple», siguió diciendo.
«La gente con patrimonios grandes y asesores había quedado afuera. Ahora, al ampliar el régimen, es muy probable que ingresen más fondos. Un blanqueo tradicional resuelve todo de manera simple y sin multas cambiarias, fiscales ni aduaneras. Para el pequeño inversor es distinto: va volcando su dinero a cuentagotas según lo que necesita. El problema de por qué esto no funcionó en un principio es claro: no se lo llamó ‘blanqueo’ ni se utilizó un concepto que la gente en la calle ya conoce», fundamentó.
Expectativas de adhesión, trazabilidad y la discusión de fondo sobre la informalidad
De cara a la reglamentación del nuevo paquete, se prevé una mayor participación de contribuyentes a medida que se aproximen los vencimientos de las declaraciones juradas. Si bien la medida exime de sanciones monetarias a quienes buscaron resguardo en la moneda extranjera ante la inestabilidad económica, el especialista remarcó que la repetición sistemática de moratorias y regularizaciones refleja un problema estructural de seguridad jurídica y presión fiscal que la política argentina aún no ha resuelto. «Entiendo que se va a anotar más gente y, en la medida que estemos más próximos al vencimiento de las declaraciones juradas, se van a ir inscribiendo más. En la Argentina uno siempre está esperando a ver cuándo viene la nueva prórroga o qué va a pasar con la norma; la gente tiende a diferir las decisiones porque el pasado te indica que no sabés qué va a pasar mañana», declaró Poch.
«Se hablaba en un momento de 340.000 contribuyentes adheridos; para mí ese número se va a incrementar. Es muy probable que en este universo mayor, de gente con más capital, se vuelque más dinero por una cuestión de impacto significativo: cuando entra un jugador grande con más plata, equivale al aporte de muchos contribuyentes pequeños», destacó.
«El gobierno busca dos cosas: incentivar la economía y lograr que, al ingresar los fondos al circuito formal, se genere trazabilidad. Hoy los movimientos digitales dejan un trazo de dónde estuvo esa plata, lo que simplifica el control. Pero la pregunta que la dirigencia política a veces no se hace es por qué esa plata estaba de manera informal», planteó con sensatez.
«Siempre se quiere penalizar al empresario informal, pero ¿por qué sucedió eso? Sucedió porque cambiamos las reglas constantemente en materia de seguridad jurídica y porque hay gastos superiores a la capacidad que tiene la Argentina. Hasta que no resolvamos por qué sucedió para que no vuelva a repetirse, vamos a seguir atrapados en un ciclo continuo de blanqueos, inocencias fiscales, moratorias y facilidades de pago», advirtió.
«Lo que se busca hoy es no penalizar a la persona que accedió al dólar físico porque tenía muchas restricciones. Frente a una situación apremiante, la persona va a elegir darle de comer a su familia antes que pagar impuestos. Muchas veces la propia legislación, al ser de imposible cumplimiento, va llevando a la gente automáticamente a la informalidad, no es que el ciudadano quiera ser evasor», enfatizó.
Fondo de ANSES para créditos hipotecarios y dinamización económica
En el tramo final de la nota, Poch se refirió al anuncio del Ministerio de Economía relativo a la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como respaldo para líneas de créditos hipotecarios en el sistema bancario. Al respecto, consideró positiva cualquier medida orientada a facilitar el acceso a la vivienda primera y a traccionar la industria de la construcción. «Todo lo que motorice la economía es positivo. Que la gente acceda a una vivienda e impulse la construcción es algo indiscutible. Sin importar la bandera política, siempre voy a apoyar a cualquier gobierno que baje la carga tributaria y le devuelva al ciudadano la libertad de decidir en qué gastar su dinero», resaltó el experto.
«El Estado tiene determinadas funciones que debe cubrir, y quizás el Estado argentino asumió más de lo que podía, algo que hay que corregir. Pero que una persona tenga facilidades para acceder a su primera vivienda y que detrás de eso una empresa contrate personal para construir, ayuda a la economía. No es una norma criticable en su concepción; la crítica solo cabría si se la utiliza mal, pero motorizar la economía está bien», completó.