La agenda legislativa mendocina se debate entre la búsqueda de mayor eficacia tributaria y la controversia por los recursos provinciales. Por un lado, el Senado dio media sanción por unanimidad a un proyecto de ley que modifica los domicilios especiales para la notificación de deudas impositivas —especialmente en el impuesto automotor—, incorporando los registros actualizados de la Agencia de Inclusión Recaudatoria y Control Aduanero (ARCA) para evitar ejecuciones judiciales a contribuyentes desinformados. Por otro lado, la discusión se traslada al tratamiento del acuerdo de compensación de deudas y acreencias firmado entre el gobierno de Mendoza y la Nación, el cual ya cuenta con aprobación en la Cámara de Diputados y se encamina al Senado. En entrevista con FM Vos (94.5), Pedro Serra, senador provincial (Bloque Justicialista), explicó los alcances técnicos de la reforma en el sistema de notificaciones y fundamentó el rotundo rechazo de su bancada al convenio financiero, advirtiendo que la renuncia a litigar por obras nacionales hechas con fondos locales implica «hipotecar el futuro de la provincia».
Eficiencia en las notificaciones: del registro automotor a las bases de ARCA
La iniciativa que obtuvo el aval unánime de la Cámara Alta busca corregir una falla recurrente en la comunicación del Estado provincial con los contribuyentes. Actualmente, el cobro del Impuesto Automotor utiliza la base de datos de los registros de la propiedad del automotor, cuya información suele apoyarse en el domicilio que figura en el DNI —el cual posee una validez de diez años— y no refleja los traslados efectivos de las personas. Al habilitar el domicilio fiscal declarado en ARCA, el Ejecutivo provincial podrá garantizar que las boletas de deuda o citaciones lleguen a los hogares reales antes de iniciar demandas de ejecución. «En Mendoza tenemos un problema con lo que tiene que ver sobre todo con los impuestos de los automotores. Para la notificación de las deudas o cualquier cambio impositivo se toma el domicilio que otorga el Registro del Automotor, que son los datos que informan todos los meses a la provincia, pero que en la generalidad de los casos no son los domicilios actualizados de las personas. Muchas veces se toma el domicilio del documento y el documento dura diez años, por lo que no es la dirección actual, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto inmobiliario, que llega a la casa porque figura a nombre tuyo en la escritura», expuso Pedro Serra al inicio de la charla.
«Hasta ahora, a muchos contribuyentes se los notificaba en un domicilio donde ya no vivían y no se enteraban nunca de sus deudas. Lo que proponemos con esta modificación de los domicilios especiales es que también se los pueda notificar en el domicilio fiscal registrado en ARCA, que en casi la totalidad de los casos está mucho más actualizado que el del Registro del Automotor», añadió.
«El proyecto obtuvo media sanción en el Senado por unanimidad y pasa a Diputados. Lo que buscamos es que los vecinos sepan a tiempo si tienen una deuda y no que se enteren recién cuando les llega un juicio de ejecución a un domicilio donde ya no vive nadie. Las notificaciones tienen que ser eficaces no solo para cobrar, sino para que cada persona conozca su situación real ante la provincia«, destacó.
Conflicto por la compensación de deudas y la renuncia a fondos de obras nacionales
Paralelamente, la Cámara Alta se prepara para tratar el proyecto que ratifica el acuerdo entre el Gobierno provincial y el Poder Ejecutivo Nacional para compensar acervos y acreencias por un monto reconocido de 80.000 millones de pesos. El punto neurálgico del rechazo opositor radica en las cláusulas que exigen a Mendoza desistir de acciones judiciales presentes o futuras contra la Nación por el financiamiento de infraestructura vial nacional —como la Ruta 7 o la Ruta 143— que fueron ejecutadas con recursos provinciales procedentes de los 1.023 millones de dólares de Portezuelo del Viento. «Mendoza en cierta forma se está ahogando por el ingreso de dinero. Todo este tipo de acuerdos raros nos suenan mal porque la provincia no está recibiendo lo que le corresponde y, a su vez, últimamente está poniendo plata en obras que no le corresponden. Todas las rutas y obras de jurisdicción nacional que se han hecho últimamente, sobre las cuales el gobierno de Javier Milei no ha invertido un solo peso, provienen de la plata de Portezuelo del Viento, de los 1.023 millones de dólares que los sanrafaelinos y la gente del Sur logramos ganar después de un juicio», declaró el entrevistado al respecto.
«Cuando advertíamos que la plata de Portezuelo del Viento correspondía al sur y no debía usarse en rutas nacionales, nos trataban de locos. Al final, gastaron la mayoría de esos recursos en obras como la Ruta 7 y la Ruta 143 que le correspondían a la Nación. Y ahora la provincia plantea un acuerdo para compensar deudas donde, a cambio de un cobro parcial, nos hacen renunciar a reclamar o judicializar todo lo que la Nación verdaderamente nos debe«, manifestó.
«Para hacer el acuerdo están renunciando a que la provincia de Mendoza pueda pedir compensaciones por obras que le corresponden a la Nación. Esa plata es de todos los mendocinos. No podemos renunciar a pedir compensación o hacer un juicio por la plata que nos deben solo por estar ahorcados de dinero en este momento. Es una locura«, opinó al respecto.
La postura en el Senado y el antecedente de Portezuelo del Viento
Desde el bloque de senadores del Partido Justicialista ratificaron que mantendrán la misma postura de rechazo firme que exhibió la Cámara de Diputados durante la votación de la sanción inicial. La bancada sostiene que la firma del convenio compromete la posición patrimonial de las futuras administraciones provinciales y sienta un precedente perjudicial en la relación fiscal federal. «En el Senado vamos a mantener la misma postura de rechazo que tuvo el bloque en Diputados. Uno nunca puede renunciar a cobrar lo que le corresponde. Si la provincia tiene una acreencia frente a la Nación, lo que tiene que hacer es exigir su pago. No se puede firmar un acuerdo marco donde anticipadamente renunciamos a futuras deudas solo porque la provincia está apretada de dinero en este momento».
«Se está hipotecando el futuro. Hoy está el gobernador Alfredo Cornejo, pero mañana puede haber otro gobernador y después otro. Cuando es justo reclamar por algo que la Nación le debe a las provincias, hay que hacerlo: imagínese si en su momento hubiéramos renunciado a reclamar no hubiéramos obtenido nunca los 1.023 millones de dólares», enfatizó.
«El proyecto se trató en Diputados y llegará en las próximas semanas a las comisiones del Senado, donde seguramente se le dará un tratamiento rápido», completó Pedro Serra, senador provincial (Bloque Justicialista).