La zona cordillerana promocionada como un eventual “refugio de los millonarios” frente a conflictos globales tiene otro atractivo debajo de sus tierras: el interés minero. Y una parte de esa historia se desarrolla en San Rafael.
En los terrenos vinculados a Wamani, el emprendimiento impulsado por el empresario Martín Varsavsky junto con otros inversores, aparecen registrados dos permisos de exploración minera denominados Mía I y Sofía I, solicitados por Marcelo y Gustavo Sued.
Según el registro minero provincial, Mía I se encuentra en territorio de San Carlos (9.734 ha), mientras que Sofía I (8.026 ha) se extiende principalmente sobre San Rafael y comparte una porción con el departamento sancarlino.
Los dos permisos comprenden en conjunto más de 17.000 hectáreas destinadas a exploración.
ALREDEDOR DEL COBRE
En cercanías de ambos aparecen registradas diferentes manifestaciones minerales, algunas de ellas vinculadas con cobre
Hacia el oeste se encuentran Montura, (Minera AGAUCU); Camila ( Multipiping) Barroso (Chabert) y Marta 3 (Concina).
Hacia el este aparece Jenniffer (Santecchia) donde figuran manifestaciones de cobre, oro y plata.
También se encuentran los proyectos Graciela y Cristina, (AGAUCU), y Susana, (MIM), donde aparecen manifestaciones de plomo, plata, molibdeno y oro.
DEL BÚNKER NUCLEAR A LOS INTERESES MINEROS
Wamani ganó notoriedad luego de que Varsavsky promocionara las características de la cordillera mendocina como un lugar privilegiado frente a eventuales conflictos internacionales. A partir de esas declaraciones se instaló incluso la idea de construir refugios o búnkeres de alta seguridad destinados a personas de gran poder adquisitivo.
Ahora aparece una particular convivencia con cuestiones mineras. Sofía y Mía fueron registrados en diciembre de 2024 y publicados en edictos en agosto de este año.
La situación expone una particularidad fundamental del régimen minero argentino: la propiedad de la superficie y los derechos sobre los recursos minerales son cosas diferentes.
Por eso una persona puede ser propietaria de miles de hectáreas y, al mismo tiempo, un tercero solicitar derechos mineros sobre el subsuelo de ese territorio.
En caso de avanzar hacia trabajos sobre el terreno, los titulares de los derechos mineros deben comunicarlo a los superficiarios y entran en juego mecanismos de negociación, indemnización y, eventualmente, intervención estatal ante la falta de acuerdo.
Por ahora, los registros analizados corresponden a permisos de exploración, por lo que su existencia no significa que vaya a desarrollarse una mina ni que exista un proyecto de explotación aprobado.