La docente y comunicadora, que se desempeña como regente de la escuela Reynaldo Merín de San Rafael, fue apartada preventivamente durante 30 días de la totalidad de sus cargos y funciones. La medida se originó a partir de la denuncia de un estudiante, posteriormente ratificada por sus padres. Toledo acumula además diversos antecedentes de controversias y actuaciones judiciales vinculadas a publicaciones realizadas a través de medios de comunicación y redes sociales.

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender preventivamente a Bibiana Toledo, quien ocupa el cargo de regente en la escuela técnica N° 4-124 Reynaldo Merín de San Rafael, luego de una denuncia formulada por un alumno de 17 años por presuntos malos tratos.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N° 6115, firmada el pasado 28 de agosto por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar, y establece la suspensión durante 30 días corridos de la totalidad de los cargos, horas cátedra y funciones que desempeña Toledo. Durante ese período tampoco percibirá los haberes correspondientes a las funciones alcanzadas por la medida.

Según surge de las actuaciones administrativas, la denuncia fue inicialmente realizada por el propio estudiante y posteriormente ratificada por sus progenitores. Ante la edad del alumno involucrado y la naturaleza de los hechos denunciados, la DGE entendió que correspondía adoptar una medida preventiva mientras avanza el procedimiento administrativo destinado a determinar qué ocurrió.

En ese sentido, la suspensión no implica hasta el momento una resolución definitiva sobre la responsabilidad de Toledo respecto de los hechos denunciados, sino un apartamiento de carácter excepcional mientras se desarrolla la investigación.

Una figura atravesada por controversias judiciales

El episodio vuelve a colocar en el centro de la escena a Toledo, quien además de desempeñarse desde hace años dentro del sistema educativo provincial desarrolla actividades vinculadas al periodismo y la comunicación, ámbito en el que también ha protagonizado diferentes controversias que llegaron a los tribunales.

A lo largo de los últimos años, distintas publicaciones realizadas desde medios digitales y redes sociales derivaron en denuncias, querellas y actuaciones judiciales promovidas por funcionarios, periodistas y particulares que consideraron afectado su honor por expresiones o acusaciones difundidas públicamente.

Uno de esos episodios tuvo consecuencias en 2017, cuando Toledo quedó sometida a una suspensión de juicio a prueba —probation— en una causa por desobediencia a una orden judicial, que incluyó la obligación de realizar tareas comunitarias. Ese mismo año también llegó a librarse una orden para que compareciera ante la Justicia luego de no presentarse a un debate oral relacionado con una querella por injurias.

Otro antecedente se registró en 2020, cuando una causa por calumnias e injurias iniciada por el pastor Víctor Doroschuk concluyó con un acuerdo homologado judicialmente. En ese marco, Toledo debió retractarse públicamente y pedir disculpas por las expresiones que habían motivado la presentación judicial.

Más recientemente, en abril de 2026, volvió a hacerse pública una retractación de Toledo como consecuencia de una instancia conciliatoria con Guillermo Fuentes Riva, después de una controversia originada en afirmaciones difundidas sobre su persona y su actividad profesional.

Los cuestionamientos tampoco han sido completamente ajenos a su actividad docente. Ya en años anteriores existieron presentaciones ante organismos educativos por diferentes episodios vinculados a expresiones públicas de Toledo, incluso con actuaciones impulsadas ante la propia Dirección General de Escuelas.

Ahora, una investigación dentro de la escuela

El nuevo episodio tiene una característica diferente: esta vez la intervención de la DGE se produce a partir de una denuncia directamente relacionada con su desempeño dentro de una institución educativa y con un estudiante menor de edad.

Será ahora el procedimiento administrativo el que deberá determinar la existencia y alcance de los hechos denunciados por el alumno y su familia. Mientras tanto, Toledo permanecerá apartada preventivamente de sus funciones durante el plazo establecido por la Dirección General de Escuelas.

La resolución vuelve a poner bajo la lupa la trayectoria de una docente y comunicadora cuyo nombre, a lo largo de los años, ha quedado asociado en reiteradas oportunidades a controversias que trascendieron el debate público y terminaron trasladándose tanto al ámbito administrativo como a los tribunales.