En el marco de la presentación del Presupuesto Nacional en el Congreso de la Nación, el diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR), impulsa un proyecto de ley para reformar la Ley 25.917 de Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. La iniciativa busca terminar con las distorsiones históricas en las pautas macroeconómicas que elabora el Poder Ejecutivo —especialmente en inflación y tipo de cambio— obligando a utilizar relevamientos independientes como el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Asimismo, la propuesta plantea sumar expertos técnicos al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y crear la figura del «resultado financiero ajustado» para deducir el financiamiento multilateral y reactivar la inversión en infraestructura pública, un aspecto que el legislador considera clave para el desarrollo del país y la provincia.
Proyecciones independientes: la brecha entre el presupuesto oficial y la realidad
El corazón del proyecto apunta a elevar la calidad del presupuesto como herramienta central de planificación y gestión gubernamental, evitando que desfasajes significativos en las metas de inflación otorguen facultades discretas al Ejecutivo o distorsionen las cuentas de las provincias y municipios. «Esta semana se presenta el presupuesto nacional y lo que pretende este proyecto es mejorarlo como herramienta de gestión. Si observamos las proyecciones utilizadas en los últimos años, han diferido enormemente de la realidad, sobre todo en materia de inflación. En países vecinos como Chile o Uruguay ya se utilizan proyecciones independientes para las variables macroeconómicas», explicó Lisandro Nieri en una entrevista que brindó a FM Vos (94.5).
«En los últimos años se ha instalado la importancia del orden fiscal, algo que en Mendoza venimos procurando y logrando desde 2016, pero a la hora de proyectar el presupuesto es sumamente importante contar con pautas certeras. Si partimos de proyecciones absurdas, los resultados van a ser muy malos. En 2023 se presupuestó un 60% de inflación y terminó en 211%; al superarse ese techo a los pocos meses, el gobierno pasaba a aplicar discrecionalmente los recursos excedentes a través de DNU o jefatura de gabinete», comentó.
«Para el presupuesto de 2026 se fijó una pauta de inflación del 10% para todo el año y antes de mitad de año ya se ubicaba en el 33,5%. El REM estimaba un 18%, que aunque también será superado, resulta infinitamente más ajustado a la realidad. En 2024 se presupuestó un 70%, la inflación fue del 118% y el REM preveía un 120%. Tomar la mediana de lo que construyen entre 40 y 50 consultoras y bancos es una buena medida para que las pautas que luego toman provincias y municipios no arrastren distorsiones desde el origen», sugirió.

Rediseño técnico del Consejo Federal y reglas ante escenarios de «shutdown»
Junto con la corrección de las pautas macroeconómicas, la reforma introduce cambios en la estructura operativa del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y analiza las herramientas institucionales necesarias en caso de que el Congreso no apruebe las pautas o estas queden desactualizadas en el corto plazo. «Proponemos integrar el comité ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal con economistas expertos, sumando una mirada técnica a la presencia de los ministros de Economía y Hacienda de las jurisdicciones. No discutimos la transparencia, porque la información del presupuesto se publica completa y hay seguimiento, sino la calidad de la herramienta para una buena planificación gubernamental», destacó Nieri.
«Se habla mucho del ‘shutdown’ o de mecanismos de reconducción como los que aplica Estados Unidos cuando no hay acuerdo presupuestario. En Argentina existen herramientas más laxas, como la reconducción o la reasignación de mayores recursos por jefatura de gabinete. Es válido discutir estas alternativas, pero si partimos de la base de presupuestar bien, evitamos que la pauta anual quede obsoleta a los seis meses y tenga que regresar al Congreso», subrayó en ese tramo de la charla.
Resultado financiero ajustado y la urgencia de la obra pública
El proyecto busca diferenciar el gasto corriente de la inversión en infraestructura clave. Nieri remarcó que el congelamiento de las obras nacionales ha golpeado severamente la conectividad y la logística en Mendoza, haciendo imprescindible un esquema que permita deducir los créditos de organismos multilaterales para financiar caminos, puentes y servicios esenciales. «Aplaudo la necesidad del orden fiscal; es un cambio cultural muy positivo atribuible al actual gobierno nacional. Ahora bien, lo que propongo es considerar un ‘resultado financiero ajustado’ que permita deducir de los gastos el financiamiento de obra pública con organismos multilaterales. Eso va a permitir fortalecer la inversión pública», aseguró.
«La parálisis de la obra pública lleva más de 30 meses y el deterioro de la infraestructura es clarísimo. Si no fuera por el aporte de la provincia, la situación sería aún peor; se percibe a diario en los puentes de la Ruta 40 o en el deterioro de la ruta en San Rafael, donde la provincia ha tenido que tomar acción. Sin una infraestructura pública acorde no podemos ser un país desarrollado con crecimiento sostenible, porque sin rutas adecuadas es imposible sacar la producción para exportar», remarcó al finalizar la comunicación.