La baja de la edad de punibilidad y la implementación del nuevo régimen penal juvenil fueron el eje de un extenso debate entre los abogados Kurt Ottosen y Gonzalo Pagliano en FM Vos 94.5. La edad de punibilidad en Argentina bajó de 16 a 14 años a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en septiembre de 2026. La discusión avanzó más allá de la pregunta sobre a qué edad un adolescente puede ser sometido a un proceso penal: puso sobre la mesa qué hace el Estado antes de que un chico cometa un delito, cómo interviene después y con qué recursos cuenta para cumplir las medidas que establece la ley.
Ottosen se manifestó a favor de contar con un régimen que permita actuar de manera temprana cuando un adolescente empieza a tener conflictos con la ley. Pagliano rechazó esa postura: considera que Mendoza ya dispone de herramientas para intervenir y que ampliar el alcance del sistema penal puede dejar a esos jóvenes en una situación peor. Los dos cuestionaron las fallas de las políticas de niñez, aunque discreparon sobre el camino para corregirlas.
Ottosen: «No nos sirve de nada bajar la edad para que volvamos a quedar con un sistema fallido»
Al comenzar su exposición, Ottosen reconoció uno de los principales obstáculos para aplicar la nueva ley: la capacidad del sistema. «Tenemos un sistema que no está preparado hoy para albergar más ciudadanos», señaló. Aclaró que las dificultades de infraestructura y atención profesional no son exclusivas de los adolescentes, sino que también existen en el régimen penal de adultos.
Por eso, pidió que el debate no termine en la aprobación de una norma. «Necesitamos debatir cómo tenemos el sistema, cómo financiamos el sistema, con qué profesionales nosotros acompañamos al sistema, para pensar en una justicia restaurativa y no en una justicia que sea perjudicial», expresó.
El abogado sostuvo que está de acuerdo con la creación del régimen, pero advirtió que su funcionamiento dependerá de decisiones concretas de implementación. «No nos sirve de nada bajar la edad para que volvamos a quedar con un sistema fallido. Con eso creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, si vamos a decidir bajarla, necesitamos un buen sistema», afirmó.
En ese punto, mencionó la importancia de los supervisores, de los equipos profesionales y de los lugares disponibles para atender a adolescentes que reciban distintas medidas judiciales. También consideró legítimo preguntar qué ocurrirá cuando, como último recurso, se disponga una privación de la libertad. A su entender, la discusión sobre la ley y la discusión sobre la capacidad real de cumplirla deben avanzar juntas.
«Lo que tenemos que debatir es el cómo la vamos a implementar», resumió. Incluso sostuvo que, si no están dadas las garantías necesarias para que el régimen funcione correctamente, no correspondería avanzar con su aplicación en esas condiciones: «Si nosotros no tenemos las garantías de que esto va a funcionar bien, la respuesta tiene que ser entonces un no».
Una intervención antes de que el problema se agrave
Ottosen insistió en que someter a un adolescente al régimen penal no equivale necesariamente a enviarlo a prisión. En su opinión, la ley puede permitir medidas de acompañamiento y supervisión frente a conductas que muestran un conflicto incipiente con la ley.
«A veces penal lo asociamos a que va a ir derecho a privación de libertad y no es así», señaló. Como ejemplo de una respuesta distinta, habló de medidas que vinculen al adolescente con actividades y espacios de contención, además de la intervención de tutores o supervisores. La finalidad, según explicó, sería actuar antes de que se repitan o agraven los hechos.
Esa posición está ligada a una crítica al funcionamiento actual del sistema de protección de derechos. Para Ottosen, hay adolescentes que necesitan una intervención estatal y que, en la práctica, no la reciben a tiempo. «La realidad es que el Estado llega tarde», afirmó. Luego añadió: «Lo que nosotros hacemos con la cuestión penal es patear el problema. Algunos para cuando tenga 16, otros para cuando tenga 18».
El abogado sostuvo que esperar hasta la mayoría de edad para responder ante una trayectoria de conflictos puede significar llegar cuando el daño ya es más difícil de revertir. «Para mí es mucho mejor que haya un abordaje temprano a que hagamos un abordaje tardío», expresó.
También se refirió a su experiencia al frente de un hogar de niños, función de la que dijo haberse apartado por desacuerdos con la manera en que el Estado pretendía administrarlo. A partir de ese caso, planteó que algunas respuestas requieren más presupuesto, pero otras dependen de coordinar mejor los recursos que ya existen. Mencionó, entre otros ejemplos, la necesidad de asegurar controles y tratamientos médicos adecuados para chicos alojados en dispositivos estatales.
Pagliano: «Ser punible es una decisión del Estado»
Pagliano comenzó su respuesta marcando una distinción que, según sostuvo, suele perderse en el debate público: comprender que un acto está mal no es lo mismo que decidir que una persona puede recibir una sanción penal.
«Ser imputable, sin entrar en disquisiciones propias de la academia, es básicamente entender que algo está mal, y poder dirigir la acción de modo tal de evitarla o de no hacerla. Ahora, ser punible es una decisión del Estado», explicó.
Desde ese punto de partida, afirmó que la cuestión central no es si un chico sabe que cometer un delito está mal, sino qué respuesta elige darle el Estado. «¿Lo punís? ¿Le das cárcel? ¿Lo ingresás al sistema? ¿O buscás otro tipo de alternativa?», preguntó.
Pagliano cuestionó los argumentos que relacionan experiencias de maduración temprana con la conveniencia de reducir la edad de punibilidad. En particular, objetó el uso de datos sobre el inicio de la vida laboral o sexual de adolescentes para fundamentar una respuesta penal. Sostuvo que esas situaciones deben leerse en su contexto y que, lejos de justificar un castigo, pueden mostrar necesidades de educación y protección.
Las herramientas que, según Pagliano, ya existen en Mendoza
Uno de los desacuerdos más claros entre los abogados apareció al hablar de la capacidad de intervención del Estado. Pagliano rechazó la idea de que, sin el nuevo régimen, no se pueda actuar ante un menor que comete un delito.
Recordó que Mendoza cuenta desde 1995 con la Ley 6354 y con fiscales, jueces y tribunales especializados en asuntos de menores. Según su postura, esos organismos ya desarrollan tareas de seguimiento y atención, aunque enfrentan una fuerte demanda y necesitan más recursos.
«No es que no se podía hacer nada», insistió durante el intercambio. «Llevamos desde el año 95 haciendo con la ley 6354», agregó al discutir la afirmación de que la nueva norma sería imprescindible para dar una primera respuesta.
Ottosen replicó que una cosa es lo que las leyes disponen y otra lo que ocurre en la práctica. «Tenemos un problema muy grave con lo que pasa entre la ley y la práctica», señaló. Pagliano, por su parte, sostuvo que las fallas de aplicación deben resolverse fortaleciendo los organismos existentes, sin ampliar por ello la intervención penal sobre los adolescentes.
La prevención, los recursos y el riesgo de dejar una marca
Para Pagliano, el Estado debería concentrar sus esfuerzos antes de que un chico llegue a cometer un delito. «¿Por qué tengo que esperar a que tenga un problema con la ley penal para tratarlo si tengo herramientas?», preguntó.
Su respuesta apunta a la educación, la familia, la contención y el fortalecimiento de los organismos que trabajan con niños y adolescentes. «El Estado tiene que estar presente antes para que no llegue a tener, en definitiva, un problema con la ley penal», afirmó.
Consultado sobre qué se necesita para mejorar la situación, pidió evitar las soluciones fáciles y trabajar «con estadísticas, con datos, discutiendo con buena fe y con plata». También expresó dudas sobre los recursos que recibirán las provincias para aplicar la nueva normativa y sobre la información disponible para conocer con precisión sus necesidades.
Pagliano manifestó, además, preocupación por las consecuencias que puede tener para un adolescente atravesar un proceso penal. Cuestionó que las medidas alternativas garanticen por sí mismas que un chico no termine privado de la libertad y advirtió que la existencia de antecedentes podría restringir sus opciones ante nuevos hechos.
«Cuando vos marques un niño, que lo vas a marcar, y le vayas quitando incluso más opciones», sostuvo, será más difícil que encuentre oportunidades en una sociedad que ya presenta barreras para su inserción. Según su mirada, el paso por el sistema penal puede profundizar la exclusión en vez de resolverla.
También rechazó que la baja de la edad se presente como una respuesta amplia a la delincuencia. Señaló que los hechos atribuidos a menores representan una porción pequeña del total de delitos y afirmó que la reforma no modificará por sí misma ese panorama. «Esto no va a solucionar absolutamente nada», opinó.
Dos respuestas frente a un mismo diagnóstico
A lo largo de la conversación, Ottosen y Pagliano encontraron un punto de coincidencia: el Estado debe actuar antes y mejor. También coincidieron en la necesidad de contar con información confiable, recursos suficientes y profesionales capaces de acompañar a los adolescentes. La diferencia fue qué lugar debe ocupar el nuevo régimen penal en esa tarea.
Para Ottosen, puede ofrecer una herramienta de intervención temprana cuando un adolescente comete un primer delito, siempre que la ley se aplique con supervisión, acompañamiento y dispositivos adecuados. Para Pagliano, los recursos deben dirigirse primero a los sistemas de protección que ya existen: considera que ampliar el ingreso de chicos al sistema penal puede producir consecuencias difíciles de revertir.
El debate dejó así una pregunta concreta para Mendoza: además de definir cómo se aplicará la nueva norma, la provincia deberá mostrar con qué equipos, espacios y recursos sostendrá las respuestas que promete, y qué hará para llegar a los niños y adolescentes antes de que un conflicto con la ley se convierta en una trayectoria repetida.