La ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre, cuestionó la medida dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa en el conflicto por las regalías del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. En declaraciones brindadas a Diario San Rafael, hizo hincapié en el alcance provisional de la resolución y sostuvo que la Provincia de Mendoza no integra el proceso en el que fue concedida.
La decisión judicial pampeana suspendió de manera interina los artículos 3° y 4° del Decreto nacional 982/2026 de Javier Milei⁠, que habían dejado sin efecto el régimen de distribución vigente desde 1973 y establecido que las regalías de Los Nihuiles se abonaran íntegramente a Mendoza.
“El resolutivo del Juzgado Federal de Santa Rosa, de la provincia de La Pampa, es sobre una cautelar interina”, comenzó Latorre. La ministra insistió en distinguir esa decisión de una resolución definitiva sobre el reclamo pampeano: “Ni siquiera es la resolución de la cautelar autónoma que interpusieron”.
Según explicó, la medida fue adoptada antes de escuchar al Estado nacional, que es la parte demandada en ese expediente. “Se resolvió inaudita parte, es decir, no se le dio vista a la contraparte, que es la demandada: el Estado nacional”, señaló. A continuación, planteó la posición del Gobierno mendocino respecto de sus efectos: “La provincia de Mendoza no es parte, por lo tanto no le es oponible, no nos afecta, no nos obliga esta sentencia”.
Latorre afirmó que el juzgado solicitó un informe al Estado nacional y le otorgó un plazo de tres días para responder. Desde su interpretación, la vigencia de esta medida interina está vinculada a esa respuesta. La calificó como “un remedio excepcionalísimo” y cuestionó que, según sostuvo, se hubiera concedido sin escuchar previamente a la contraparte. También objetó la acreditación de la representación de la abogada que presentó el pedido en nombre del gobierno pampeano.


La vía judicial elegida por La Pampa


Una parte central de las declaraciones de Latorre estuvo dirigida al camino procesal que tomó La Pampa. La funcionaria sostuvo que, una vez que el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto que dejó sin efecto el régimen de 1973, la provincia vecina tenía abierta la posibilidad de impugnarlo mediante una acción judicial acompañada de un pedido cautelar.
“En lugar de elegir esa vía que correspondía, eligió una cautelar autónoma para que fueran un juzgado de La Pampa, federal, pero de la provincia de La Pampa, y una fiscalía de La Pampa los que intervinieran”, manifestó. Para la ministra, el tribunal competente para resolver una controversia de esta naturaleza es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como antecedente, recordó la demanda presentada por Mendoza en 2022 para cuestionar el decreto de 1973 y reclamar las sumas que, según la posición provincial, dejó de percibir por la distribución de las regalías. La existencia de esa causa ante la Corte también figura en los fundamentos del Decreto 982/2026⁠.
“El lugar en donde se debería haber dirimido esto es la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Latorre. Y agregó: “Lo que hizo la provincia de La Pampa es eludir la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y buscar que un juez pampeano resolviera con un remedio excepcionalísimo una discusión que lleva muchísimos años”.
Con esas palabras, la ministra expresó la interpretación jurídica del Gobierno de Mendoza. La competencia del tribunal y el alcance de la cautelar forman parte de una controversia que continúa en sede judicial; la resolución interina no zanja el derecho de fondo a percibir las regalías.

Críticas políticas y propuestas de obras conjuntas


Latorre también llevó su respuesta al terreno político. Sostuvo que Mendoza ha realizado propuestas para acordar un plan de obras conjunto con La Pampa y vinculó esa posibilidad con una salida negociada al conflicto entre ambas provincias.
“Podrían haber ejercido el federalismo de concertación y haber acordado, a través de algunas de las tantas propuestas que ha hecho la provincia de Mendoza, un plan de obras para ejecutar en forma conjunta que garantice los recursos tanto para La Pampa como para Mendoza”, expresó. La ministra no detalló en estas declaraciones qué obras integraban esas propuestas ni en qué estado se encuentran las conversaciones.
Luego endureció su crítica al gobierno pampeano. A su entender, la presentación judicial busca sostener una confrontación antes que alcanzar un acuerdo: “Es muy claro que esa no es la intención del gobierno de La Pampa”, dijo. Y añadió que, según su visión, la provincia vecina pretende “seguir dilatando y fortaleciendo una postura política” y hacer de las regalías “una discusión política partidaria y de muy corto vuelo”.
La ministra cerró su análisis volviendo sobre el carácter interino de la resolución. La describió como una medida “con muy corto vuelo, muy corta vida”, en referencia al informe que debe presentar el Estado nacional.