La reaparición de una profunda controversia en el ámbito de la discapacidad encendió las alarmas de las instituciones y prestadores de todo el país tras la presentación formal del Proyecto de Presupuesto 2027 por parte del Gobierno Nacional. La propuesta gubernamental plantea la derogación de artículos medulares de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la consecuente desregulación del arancelamiento universal. De concretarse la eliminación del principio de nomenclador único a nivel nacional, la equidad del sistema quedaría severamente comprometida, dando paso a negociaciones individuales con obras sociales y prepagas bajo marcadas asimetrías de poder. Las entidades del sector advierten que la pérdida de la cobertura obligatoria al 100 % pone en riesgo la supervivencia operativa de los centros de atención, aumentando la amenaza de cierres masivos e incidiendo directamente en la calidad de vida de los usuarios.
En diálogo con FM Vos (94.5), la licenciada Yanina García, integrante de la comisión directiva de la Cámara Mendocina de Discapacidad, analizó las implicancias normativas de la iniciativa, detalló el impacto sobre el arancelamiento de prestaciones, describió el crítico endeudamiento institucional y expuso las estrategias de representación federal que articulan ante las autoridades nacionales.
La desregulación del nomenclador y la eliminación del arancelamiento único
La licenciada García señaló durante la charla que la incorporación de estas medidas en la pauta presupuestaria nacional representa un retroceso directo en la protección del sistema, reactivando los intentos de desregular los valores de las prestaciones básicas. “La realidad es que en el proyecto de presupuesto 2027 lo que se aclara es que se desregularía el nomenclador de las prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad. Esto es algo que se viene intentando hace ya bastante tiempo. Cuando se presentó oportunamente la Ley de Emergencia en Discapacidad se logró frenar esta medida y mantener, aunque sea, un esquema mínimo de actualización de los valores”, explicó.
“Estamos hablando de que hay meses en los que hemos tenido incrementos del 0,50 %, montos realmente ínfimos, pero significaba una batalla ganada, aunque fuera por la vía judicial. La nueva presentación de este proyecto de presupuesto hace que ese resguardo desaparezca, derogando la Ley de Emergencia en Discapacidad. La desregulación pone en riesgo a todo el sistema una vez más”, advirtió con preocupación.
Además, se encargó de dar más detalles de esta situación. “Hay un revuelo importante, renunció el secretario nacional de Discapacidad (Alejandro Vilches), Patricia Bullrich hizo una publicación importante, ha hecho declaraciones en contra de lo que está pasando. Creo que es esencial estar en agenda, que esto se visibilice, que pueda ser un tema de debate donde podamos estar todos a la par para no dejar que suceda”, indicó Yanina García.
“La eliminación del artículo 14 de la Ley 27.793, en consonancia con el artículo 39 que responde a la misma lógica, destruye el principio del nomenclador único. Ambos artículos forman parte de lo mismo, regulan los valores universales y evitan la desregulación. Hasta ahora, el paciente con Certificado Único de Discapacidad tenía garantizada la universalidad y la obligatoriedad del 100 % de la cobertura de sus prestaciones, independientemente de si estaba afiliado a una prepaga, una obra social sindical o al programa Incluir Salud. Con la aprobación de estos artículos, esa equidad desaparece por completo”, expuso la integrante de la comisión directiva de la Cámara Mendocina de Discapacidad.
Asimetría en las negociaciones, fragmentación y riesgo de cierres institucionales
Asimismo, Yanina García profundizó sobre las consecuencias prácticas de la desregulación, explicando cómo la capacidad de pago de cada financiador determinará el acceso a las terapias y acentuará la crisis financiera de las instituciones. “Si se elimina el valor universal, cada obra social o prepaga pasará a discutir de forma individual con los prestadores cuándo y cuánto va a pagar por cada prestación. En ese escenario emergen relaciones de poder totalmente asimétricas. No es lo mismo la capacidad de negociación que tiene una obra social estatal que concentra el 65 % o el 75 % de los pacientes de una provincia, que la que puede tener una entidad pequeña”, manifestó.
“A la hora de fijar aranceles, no va a ser igual lo que pueda acordar una gran obra social como OSEP en Mendoza o IOMA en Buenos Aires debido a su gran flujo de afiliados, que la negociación que pueda encarar una prepaga de altos ingresos o una obra social que atiende a peones rurales. Cada prestación pasará a tener un valor diferente según la condición económica o la cantidad de pacientes de cada financiador. La realidad es que, aun manteniendo la emergencia, la situación viene siendo sumamente compleja para las instituciones; estamos todas endeudadas. Nos preocupa profundamente volver a esquemas previos al año 2011, cuando la situación era todavía peor”, aclaró.
Articulación federal, agenda legislativa y representación gremial
Por último, Yanina García pormenorizó el plan de acción e interlocución que coordinan con las autoridades nacionales a través de las federaciones del sector. “Frente a la velocidad con la que avanzan estos acontecimientos, nos estamos moviendo con la mayor rapidez posible para concretar las reuniones necesarias. Si bien mantenemos diálogo continuo en el ámbito provincial, las decisiones de fondo sobre la pauta presupuestaria y los aranceles se definen a nivel central”, aseveró.
“Por ese motivo, desde la Cámara Mendocina de Discapacidad canalizamos toda la representación y las gestiones ante el gobierno nacional a través de FAPAD (Frente Argentino de Prestadores Al Servicio de la Discapacidad), nuestro órgano representativo directo”, aclaró sobre el final de la nota.