Una credencial que mostró apenas un segundo, una supuesta orden de libertad y la afirmación de que estaba «sobre todas las leyes». Así se presentó Patricia Funes ante el personal penitenciario para reclamar por Alexis Juárez Zapata, detenido en una causa por autos robados y venta de autopartes. El intento fracasó, pero abrió una investigación que reveló las numerosas facetas de la mujer.
Patricia Carina Funes llegó a la penitenciaría de San Rafael con una misión que, al parecer, consideraba sencilla: llevarse a Alexis Juárez Zapata. Se presentó como jueza de Derechos Humanos de la Suprema Corte, mostró una hoja que —según ella— ordenaba la libertad inmediata del detenido y exigió que el personal cumpliera sus instrucciones. La credencial que llevaba colgada del pecho no ayudó a despejar dudas: cuando se la pidieron, la exhibió tan rápido que el empleado que la atendía no alcanzó a leerla.
Ocurrió el 22 de agosto de 2025, en el complejo penitenciario de avenida Mitre. Ante la explicación de que un interno no podía salir sin seguir el procedimiento correspondiente, Funes sostuvo que estaba «sobre todas las leyes». Después vinieron los gritos, las amenazas de denunciar a los funcionarios y la advertencia de que presentaría un hábeas corpus. Juárez Zapata permaneció preso y aquella visita terminó convirtiéndose en el comienzo de otra causa, esta vez contra la mujer que decía ser jueza.
La escena resulta difícil de creer por sí sola, pero es apenas un capítulo de una historia que había empezado con un auto robado en la ciudad de Mendoza.
El camino de los autos robados
El 27 de diciembre de 2024, una cámara de lectura automática de patentes detectó en San Rafael un Fiat Palio denunciado como robado el día anterior. La Policía siguió su recorrido y lo interceptó cuando ingresaba a un lote del callejón Iguazú. Esa patente fue la punta del ovillo: permitió avanzar sobre un circuito en el que vehículos sustraídos en la capital provincial eran trasladados al sur, desarmados y vendidos por partes a través de internet.
En la investigación aparecieron los hermanos Balmaceda Lima, señalados como quienes conseguían los autos, y también Juárez Zapata. Este último tenía una chapería que funcionaba legalmente, pero, según la acusación, mantenía otro negocio en un lote de su padre, en la Isla del Río Diamante. Allí recibía los vehículos robados, organizaba el desarme y contrataba a quienes trabajaban en el lugar. Su esposa habría intervenido en la venta y el cobro de las piezas; tanto ella como el padre de Juárez quedaron alcanzados por la causa. Él fue detenido y permaneció bajo prisión preventiva.
Con Juárez ya en la cárcel, el expediente empezó a registrar movimientos que llamaron la atención. Llegaban escritos inusuales y uno de sus defensores contó que una mujer que se presentaba como «jueza de Derechos Humanos» lo había llamado para indicarle cómo debía actuar. El abogado renunció y el acusado pasó por varios representantes legales. Tiempo después, esa misma pretensión de intervenir en su situación judicial llegó hasta la puerta de la penitenciaría, con Funes, su credencial y la supuesta orden de libertad.
Las muchas facetas de Patricia Funes
La presentación del personal penitenciario llevó a la Fiscalía a averiguar quién era la mujer que había intentado dar órdenes dentro de la cárcel. Encontró que Funes ya había realizado numerosas denuncias y presentaciones ante Tribunales y que, en una actuación de 2024, se había identificado como «jueza regente, abogada y docente». También halló en sus redes fotografías de asados y reuniones familiares con Juárez Zapata y otros acusados de la causa por los autos robados. Esas imágenes muestran un vínculo entre ellos, aunque no prueban que Funes participara del negocio de las autopartes.
Su nombre figuraba, además, en una denuncia de 2021 por presuntas defraudaciones vinculadas con «Cervecería Mis Raíces». Según aquella presentación, habría recibido dinero de distintas personas para financiar un emprendimiento de cerveza artesanal, con la promesa de pagar un interés del 10% mensual. Cuando fue citada a una audiencia, se negó a concurrir: dijo que no comparecería ante dependencias policiales ni judiciales, a las que llamó «entidades embargadas del Estado», y se definió como «una persona autodeterminada» y «una mujer libre dentro del sistema». Se trata de una denuncia previa, no de una condena.
Las publicaciones que los investigadores encontraron en fuentes abiertas muestran otra cara, o quizá muchas. Funes promocionaba un taller de motos atendido por su pareja, vendía cacerolas, inmuebles y planes médicos, y ofrecía gestiones de doble ciudadanía. A eso se sumaba un catálogo de cursos que iba desde cocina internacional, coctelería, tejido nórdico y apicultura hasta electricidad, inglés, comercio exterior, liquidación de sueldos y preparación para ingresar a la Policía Federal o al servicio penitenciario. La variedad de anuncios no acredita que tuviera títulos para ejercer esas actividades, pero ayuda a dimensionar el personaje que apareció detrás de aquella visita a la cárcel.
Allegados suyos aportaron versiones aún más llamativas: dijeron que Funes aseguraba tener un título nobiliario, haber vivido en Estados Unidos y haber sido deportada al intentar cruzar a Canadá con documentación falsa. Ninguno de esos dichos fue corroborado. En su cuenta sí publicó imágenes de actividades vinculadas con la embajada de la Federación Rusa, aunque esas fotografías tampoco permiten verificar la supuesta condición nobiliaria.
De exigir una liberación a terminar detenida
Tras comprobar que el cargo judicial invocado por Funes no existía, la Quinta Fiscalía de Instrucción avanzó con una acusación por usurpación de títulos. La citaron cinco veces y no compareció. En dos oportunidades grabó los intentos de notificarla y difundió los videos, mientras permanecía dentro de su domicilio. El 17 de septiembre de 2026, luego de la publicación del último registro, se ordenó su detención y un allanamiento en el que fueron secuestrados teléfonos, computadoras, memorias y documentación. Funes fue imputada y trasladada a la cárcel; su responsabilidad penal todavía debe resolverse judicialmente.
Aquel Fiat Palio detectado por una cámara terminó revelando mucho más que el recorrido de un auto robado. Condujo a los investigadores hasta un desarmadero y, meses después, a una mujer que se presentó en la penitenciaría convencida de que podía ordenar la libertad de su dueño. La credencial desapareció en un bolsillo antes de que alguien lograra leerla; la supuesta orden nunca abrió la puerta de la cárcel. Para Patricia Funes, en cambio, aquella tarde fue el principio de una causa propia.