La litigiosidad laboral por accidentes de trabajo no es un fenómeno nuevo en la Argentina y admite varias lecturas: el funcionamiento de las Comisiones Médicas, el rol de los peritos judiciales y las reformas normativas que intentaron ordenar el sistema forman parte del mismo problema. Mendoza ofrece un caso particular dentro de ese mapa: fue pionera en intentar contenerlo y, sin embargo, sigue entre las provincias con mayor proporción de juicios por trabajador del país.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), en el primer semestre de 2026 se iniciaron en Mendoza 3.558 juicios laborales por accidentes de trabajo, un 13,8% menos que los 4.127 registrados en el mismo período de 2025.

A nivel nacional, la cantidad total de juicios pasó de 59.561 a 58.187 en la comparación interanual, una baja de 2,3%. La reducción mendocina resultó, entonces, más pronunciada que el promedio del país.

Pese a esa mejora, Mendoza continúa entre las provincias con mayor cantidad de juicios en relación a su cantidad de trabajadores. Según el mismo relevamiento, la provincia registró 8,61 juicios cada 1.000 trabajadores en el primer semestre de 2026, lo que la ubica en el cuarto puesto del ranking nacional, solo detrás de Santa Fe (15,82), San Luis (13,63) y Chubut (10,44).

En la parte baja de la tabla se ubican La Rioja (0,62 juicios por accidentes cada 1.000 trabajadores), Catamarca (0,59) y Salta (0,39). El promedio del país se ubicó en 6,17 juicios cada 1.000 trabajadores, sobre un total de 9.423.047 trabajadores registrados.

El contexto legal

El problema de la litigiosidad laboral tiene, en gran parte, un origen normativo. La Ley 27.348, sancionada en 2017, estableció la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) en todas las provincias, con el objetivo de unificar criterios médicos y reducir los juicios. Sin embargo, según la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), la norma se incumple en la mayor parte del país.

Mendoza fue la primera provincia en conformar su CMF y, durante un tiempo, la única. La medida tuvo un efecto inicial claro: la cantidad de juicios cayó de manera sostenida en 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, en los años siguientes los números volvieron a crecer.

La ausencia de Cuerpos Médicos Forenses en la mayoría de las provincias agrava un problema de larga data, vinculado con el funcionamiento de los peritos externos. Según especialistas del sector, estos profesionales suelen informar incapacidades por fuera de los parámetros oficiales, dado que sus honorarios se calculan en función del monto de la sentencia, lo que genera un incentivo para declarar lesiones de mayor gravedad.

Por otro lado, en marzo de 2026 entró en vigencia la Ley de Modernización Laboral, que modificó el esquema de honorarios periciales. Hasta ese momento, los honorarios se calculaban como un porcentaje de la indemnización; a partir de la reforma, pasaron a ser fijados por el juez según la tarea efectivamente realizada. La norma también estableció la obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En Mendoza, en paralelo, se anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.

Por qué Mendoza no logró sostener la mejora

Consultada por El Sol, la presidente de la UART, Mara Bettiol, explicó por qué la provincia no pudo mantener en el tiempo la baja registrada tras la creación de su Cuerpo Médico Forense. “En Mendoza, el llamado Cuerpo Médico Forense no reemplazó a los peritos tradicionales de listado, sino que funcionó principalmente como un cuerpo auditor de esas pericias”, señaló.

Según indicó, un primer relevamiento mostró que, cuando el CMF intervenía, reducía las incapacidades determinadas por los peritos de listado en cerca del 90% de los casos, con bajas que rondaban los dos tercios de los porcentajes de incapacidad originalmente fijados. “Eso tuvo inicialmente un efecto disuasivo”, apuntó.

El problema, según Bettiol, estuvo en el alcance limitado del organismo: el CMF tenía capacidad para intervenir en alrededor del 2% de los casos, por lo que la gran mayoría de los juicios siguió tramitando bajo el esquema tradicional de listado de peritos, integrado por profesionales no necesariamente especializados que cobran en función del resultado del juicio.

“La clave es que la instancia judicial revise el dictamen de la Comisión Médica sobre las secuelas vinculadas con el accidente o enfermedad profesional, y no vuelva a analizar el caso desde cero incorporando patologías o secuelas distintas”, explicó Bettiol. Por eso, consideró que la solución estructural pasa por un cuerpo médico especializado que revise técnicamente lo actuado, con criterios homogéneos sobre el objeto concreto que llegó a juicio. “Mientras la instancia judicial signifique sistemáticamente un adicional a lo dictaminado por las Comisiones Médicas, habrá incentivo a litigar”, agregó.

Una comparación internacional y una paradoja

Al ser consultada sobre los motivos detrás de la elevada cantidad de juicios cada 1.000 trabajadores en Mendoza, Bettiol apuntó al funcionamiento de las pericias en la instancia judicial. “A mayor disparidad de criterios, mayor judicialidad, y mientras haya sistemáticamente adicionales en la instancia judicial se incentiva la litigiosidad”, afirmó.

La titular de la UART comparó la situación argentina con la de otros países. Según indicó, España registra 8,5 juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos y Chile 5,8, mientras que en la Argentina el índice alcanzó 132,9 cada 10.000 trabajadores en 2025. “Hacia allí deberíamos tender”, sostuvo.

Bettiol planteó además lo que definió como una paradoja del sistema: mientras los accidentes y los fallecimientos laborales vienen disminuyendo de manera sostenida, la litigiosidad crece con una dinámica propia. “Más juicios no significan más accidentes ni más daño laboral”, señaló. Lo decisivo, agregó, es qué ocurre cuando el caso pasa de la instancia administrativa a la judicial: cuando existen diferencias importantes entre la incapacidad determinada por las Comisiones Médicas y la que luego reconocen peritos y tribunales, se genera un incentivo a judicializar incluso casos que ya fueron evaluados en esa primera instancia.

Respecto de Mendoza en particular, Bettiol indicó que persisten problemas de heterogeneidad en las pericias, con profesionales que no necesariamente cuentan con especialización en medicina laboral, criterios dispares y aplicaciones no uniformes del Baremo. “Por eso, una tasa elevada de juicios cada 1.000 trabajadores habla más de la propensión a judicializar que de la siniestralidad real”, concluyó sobre este punto.

Por qué hubo una mejora este año

Bettiol analizó la mejora parcial en la cantidad de juicios iniciados este año y señaló que se trata de una señal positiva, especialmente en un contexto nacional de litigiosidad todavía elevada. “No vemos un único motivo que explique por sí solo esa caída, ni hubo un cambio en la legislación de fondo”, aclaró.

Según explicó, la baja responde a una combinación de factores vinculados principalmente con el funcionamiento de la Justicia: la conformación de cuerpos médicos especializados en las provincias que no los tenían, una mayor intervención en aquellas donde ya existían, un mayor control de las pericias, la correcta aplicación del Baremo y del Listado de Enfermedades Profesionales, y la búsqueda de criterios más homogéneos entre la instancia administrativa y la judicial.

En el caso puntual de Mendoza, Bettiol destacó que el Poder Judicial viene avanzando hacia un modelo de gestión de la prueba médica laboral con mayor intervención de cuerpos periciales oficiales y supervisión de las pericias, exigiendo además una fundamentación técnica de las divergencias respecto de lo determinado por las Comisiones Médicas. Según indicó, el propio Poder Judicial provincial viene trabajando y capacitando sobre modelos de pericia médica oficial laboral y aplicación del Baremo.

Bettiol mencionó además un antecedente judicial reciente: el fallo Pereira, dictado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que puso en valor la intervención del Cuerpo Interdisciplinario Oficial y cuestionó una pericia que había incorporado un 12% de incapacidad psicológica sin suficiente respaldo técnico. Según remarcó, ese fallo, por su fecha reciente, no explica por sí solo la baja registrada durante el año, aunque consideró que refuerza una línea orientada a exigir pericias objetivas, fundadas y técnicamente verificables. “La mejora será sostenible cuando, ante las mismas evidencias y aplicando el mismo Baremo, los resultados de las Comisiones Médicas y de la Justicia sean razonablemente equivalentes, y la judicialización vuelva a ser la excepción y no la regla”, cerró.

Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/pese-a-una-caida-en-el-indice-mendoza-es-una-de-las-provincias-que-mas-litigios-laborales-tiene/