Hace 15 días, una mujer de nacionalidad mexicana se disponía a viajar a Chile desde el aeropuerto Francisco Gabrielli de Mendoza. Hizo el check in y fue hasta la sala de preembarque. Allí se terminó el viaje. Nunca llegó a subir al avión.

Se trata de Ana Carmen Sosa Cravioto, una empresaria de 35 años, que había llegado a nuestra provincia en diciembre del año pasado y que había empezado a formar parte de la sociedad mendocina. Sin embargo, al pasar por el control migratorio, su pasaporte activó una alerta roja de Interpol y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la detuvo en el mismo aeropuerto.

Sosa Cravioto es hija de Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en México, investigado en su país por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal vinculados al manejo de fondos de esa universidad. A ella la persigue el cargo de lavado de activos.

En 2020, la Fiscalía General de la República de México había ordenado su detención y la de su hermana Adriana por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa causa, abierta hace seis años, es la que ahora la alcanzó del este lado de la cordillera luego de que este año se pidiera su captura internacional.

Una vida rearmada en Mendoza

Desde que desembarcó en Mendoza, Ana Sosa Cravioto fue mimetizando con el ritmo de la provincia. Contó a lo largo de tres audiencias que su viaje a Chile de ninguna manera era una excusa para escaparse, sino que ya tiene un estilo de vida armado. Y contó que entre sus planes inmediatos estaba hacer una presentación como bailarina de uno de los grupos de danza más conocidos de la zona.

También habló de su costado empresarial: dijo dedicarse como accionista a la exportación de vino a México; actividad que se basa en la compra de vino a una bodega del Valle de Uco, Don Carlos, para luego llevarlo hacia su país natal. Lo que no está del todo claro es si sólo tiene una relación comercial con la bodega o si también es accionista.

De su formación, mencionó estudios en Vancouver y en Londres, y también se sabe que en su país estuvo vinculada en el negocio de desarrollos inmobiliario.

Apenas se conoció la detención de su hija, Gerardo Sosa Castelán no dudó y viajó desde México hacia Mendoza. Aterrizó acompañado de su pareja poco tiempo después de conocerse la noticia.

Desde su llegada a la provincia, los pasillos de los tribunales federales fueron un revuelo. Y se instaló el rumor de que el ex diputado mexicano habría intentado por todos los medios influir en el destino judicial de su hija. Si fue así, hasta el momento no tuvo resultados.

Tras cuatro años de batallas legales, el expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El proceso contra Sosa Castelán se originó el 31 de agosto de 2020, fecha en la que fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal mexicano. En aquel momento, se le imputaron cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal, los cuales finalmente concluyeron con la resolución judicial a su favor tras cuatro años de litigio.

Ana Carmen en Mendoza

La causa quedó primero en manos de la jueza federal María Paula Marisi, quien dispuso que Sosa Cravioto cumpliera con su detención en la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada detrás del edificio España y Pedro Molina.

Su defensa apeló esa decisión y encontró eco: el titular de la Cámara Federal de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Cursi, resolvió un régimen de prisión domiciliaria mientras se tramita el pedido de extradición a México. Y quedó alojada en una casa de Luján cuyo propietario es un guía turístico.

La resolución de Pérez Cursi no cayó bien en la Embajada de México, que presentó su queja formal. Desde la sede diplomática sostienen que Sosa Cravioto ya demostró poca disposición a someterse a la Justicia mexicana, y argumentaron que se fue de su país fugándose para evadir el proceso en su contra. Se habla de una transferencia millonaria de dinero en negro que habría recibido por parte de su padre para introducirlo al mercado legal.

Aun así, la Justicia mendocina sostuvo la prisión domiciliaria, con una consigna de la Policía de Mendoza porque las fuerzas federales no contaban con personal disponible para esa tarea. Esa vigilancia se mantendrá hasta que consigan colocarle una pulsera electrónica de monitoreo.

Mientras tanto, el trámite de extradición sigue su curso en los Tribunales Federales de Mendoza.

Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/policiales/alerta-de-interpol-detuvieron-a-una-multimillonaria-mexicana-en-mendoza/