El Gobierno porteño insiste con el jury contra María de los Ángeles de Marinis tras su fallo sobre la edad de responsabilidad penal.

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, volvió a defender el pedido de enjuiciamiento contra la jueza María de los Ángeles de Marinis, quien había declarado inconstitucional para un caso particular el artículo de la nueva Ley Penal Juvenil que establece los 14 años como edad mínima de responsabilidad penal.

El funcionario sostuvo que espera que el jurado de enjuiciamiento evalúe el desempeño de la magistrada y, si considera que incurrió en un incumplimiento de sus funciones, disponga su destitución. Tapia remarcó que el procedimiento está contemplado por la Constitución y que las sanciones posibles también incluyen un apercibimiento o una suspensión.

El caso se originó por una tentativa de robo ocurrida en Palermo, en la que estaba imputado un adolescente de 14 años. De Marinis había declarado inconstitucional la aplicación de la nueva norma en ese expediente, dictó el sobreseimiento del menor y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad revocó posteriormente esa decisión por unanimidad. Los jueces consideraron que no se había acreditado que la reducción de la edad de responsabilidad penal vulnerara la Constitución Nacional o tratados internacionales. Además, dispusieron el apartamiento de De Marinis del expediente.

El conflicto entre el Gobierno porteño y la jueza

Tapia cuestionó el fallo original y sostuvo que la denuncia no representa un cuestionamiento general al Poder Judicial porteño. Frente a las críticas de Patricia Bullrich por el uso del jury ante una sentencia judicial, el ministro defendió el mecanismo y señaló que se trata de una herramienta prevista constitucionalmente.

El Gobierno de la Ciudad sostiene que el jurado debe determinar si hubo un incumplimiento funcional por parte de la magistrada. El planteo deberá ser analizado por el órgano correspondiente, que definirá si existen elementos para aplicar alguna de las sanciones previstas.