La menor actividad advertida en centros de revisión de San Rafael plantea interrogantes sobre el cumplimiento de una exigencia que continúa vigente en Mendoza. El costo, la resistencia de los automovilistas y la percepción de controles desiguales aparecen entre las posibles explicaciones.
La Revisión Técnica Obligatoria sigue siendo una exigencia en Mendoza, pero el movimiento observado en talleres habilitados de San Rafael muestra una realidad distinta de las largas filas que acompañaron los primeros años de implementación. Aunque la demanda suele aumentar cuando se acercan las vacaciones, la menor concurrencia abre una discusión que excede la actividad comercial de estos establecimientos: qué lleva a los conductores a cumplir, postergar o directamente esquivar una obligación vinculada con la seguridad vial.
La imagen de un centro sin vehículos en espera resulta ilustrativa, aunque por sí sola no permite establecer cuánto cayó la demanda ni describir el funcionamiento de todos los talleres. Para dimensionar el fenómeno haría falta comparar la cantidad de revisiones realizadas en períodos equivalentes, considerando los vencimientos y las variaciones estacionales. Sin embargo, la menor actividad visible invita a analizar una combinación de factores económicos, culturales y de fiscalización.
Uno de ellos es el costo. Para el propietario, cumplir con la RTO puede implicar bastante más que pagar la inspección. Si el vehículo presenta deficiencias, aparecen gastos de reparación, repuestos y mano de obra que pueden superar ampliamente el valor del trámite. En un presupuesto familiar ajustado, esa posibilidad puede empujar la revisión hacia el final de la lista de prioridades.
Allí aparece una contradicción especialmente preocupante: los vehículos que más necesitan una evaluación técnica pueden ser, precisamente, aquellos cuyos propietarios evitan presentarlos por temor a un resultado desfavorable. Postergar la revisión no resuelve el problema mecánico; permite que continúe fuera del circuito de detección y corrección.
También pesa una resistencia que acompañó a la RTO desde su puesta en marcha. El reclamo por el estado de calles y rutas alimenta la idea de que el Estado exige condiciones a los vehículos mientras mantiene deudas en la infraestructura por la que deben circular. El argumento tiene fuerza como cuestionamiento a la gestión pública, pero no elimina la necesidad de contar con frenos, dirección, neumáticos y luces en condiciones.
Ambas responsabilidades deben sostenerse al mismo tiempo. Los conductores tienen que conservar sus vehículos y las autoridades deben garantizar caminos seguros. Pretender que una obligación compense el incumplimiento de la otra deja sin respuesta el problema central: el riesgo que enfrentan quienes circulan.
Otro factor a considerar es la percepción de que la documentación no se exige con la misma regularidad en todos los controles. Si un automovilista interpreta que puede circular durante meses sin que le soliciten la revisión vigente, disminuye el incentivo inmediato para renovarla. Eso no significa que la obligación haya desaparecido ni que no existan sanciones, sino que la expectativa de fiscalización influye sobre el comportamiento.
Para determinar cuánto explica este aspecto la menor concurrencia sería necesario conocer la cantidad de controles, las infracciones labradas y su distribución territorial. Sin esa información, corresponde plantearlo como una posible causa y no como una conclusión comprobada.
La estacionalidad también obliga a matizar el diagnóstico. Parte de las filas de otros años pudo haberse reducido porque los usuarios distribuyen las revisiones durante distintos meses. Además, la proximidad de un viaje suele acelerar trámites que se postergan cuando el vehículo se utiliza únicamente dentro del departamento. Por eso, menos autos esperando no equivale necesariamente a una caída proporcional de las inspecciones.
El desafío para las autoridades es conocer qué está ocurriendo y explicar con claridad las reglas vigentes. Para los talleres, la menor actividad plantea una cuestión de sostenibilidad. Para la comunidad, el interrogante es más profundo: cuántos vehículos circulan con deficiencias que todavía no fueron detectadas.
Si la revisión queda reducida a un trámite que se realiza solamente antes de viajar o después de una multa, pierde parte de su sentido preventivo. La respuesta requiere controles constantes, información accesible y calles y rutas a la altura de las exigencias que se imponen a los conductores.