La Comisión Bicameral de Seguridad recorrió la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y advirtió sobre la necesidad de crear nuevos espacios para alojar a jóvenes detenidos por orden judicial.
La implementación del nuevo régimen penal juvenil en Mendoza requerirá importantes adecuaciones institucionales, edilicias y presupuestarias, según advirtió el diputado provincial Germán Gómez, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, luego de una recorrida por la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, ubicada en Godoy Cruz y conocida como el ex COSE.
La visita tuvo como objetivo verificar el funcionamiento de la institución, conocer las condiciones en las que se encuentran los jóvenes alojados, observar las inversiones realizadas y analizar qué modificaciones serán necesarias para adecuar el establecimiento a las nuevas exigencias legales.
“Hay diferencias importantes porque planteo un nuevo organigrama en términos reales”, explicó Gómez durante una entrevista con Diario San Rafael y FM Vos (94.5). En ese sentido, señaló que uno de los principales desafíos será contar con establecimientos adecuados en distintos puntos de la provincia.
Capacidad y proyecciones
Actualmente, la institución de Godoy Cruz alberga a 47 jóvenes y, de acuerdo con lo informado durante la recorrida, tiene capacidad para llegar hasta 80 personas. Sin embargo, el legislador sostuvo que el nuevo escenario podría generar un incremento de la cantidad de jóvenes alcanzados por el sistema.
Según las estimaciones de los funcionarios responsables de las distintas instituciones, la reducción de la edad de imputabilidad podría producir un crecimiento del 30% de la población alojada. Gómez, sin embargo, manifestó sus reparos respecto de esa proyección.
“Nosotros en particular dudamos de esa estimación, nosotros entendemos que va a ser mayor”, afirmó.
Descentralización y derechos de los menores
Uno de los puntos centrales planteados por el legislador fue la necesidad de descentralizar la infraestructura destinada a jóvenes en conflicto con la ley penal. En particular, mencionó la situación de los departamentos más alejados del Gran Mendoza y puso como ejemplo a San Rafael y General Alvear.
Gómez explicó que el nuevo esquema institucional deberá contemplar establecimientos específicos para alojar a jóvenes cuando exista una orden judicial de detención. Actualmente, ante la falta de determinadas estructuras, se producen traslados hacia otros puntos de la provincia.
“No nos olvidemos que hay un principio fundamental que está consagrado en la actual ley de procedimiento juvenil, como así también en la Convención del Derecho del Niño, que los jóvenes no pueden estar detenidos con mayores ni estar detenidos en cárceles comunes, ni en comisarías comunes”, remarcó.
El diputado consideró que se trata de una cuestión que debe abordarse con especial cuidado, debido a las obligaciones que tiene la provincia en materia de derechos de niños y adolescentes.
En ese marco, sostuvo que “no puede un menor ser detenido en una comisaría común ni puede ser detenido en lugares donde existan personas mayores de edad”, por lo que será necesario avanzar con las transformaciones institucionales correspondientes.
La Comisión Bicameral también analizó durante la recorrida las inversiones que deberán realizarse para adaptar las instalaciones y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Gómez anticipó que el tema tendrá incidencia directa en la discusión presupuestaria de la provincia.
“Habrá que generar las adecuaciones institucionales y presupuestarias correspondientes porque vuelvo a decir que no puede un menor ser detenido en una comisaría común ni puede ser detenido en lugares donde existan personas mayores de edad”, sostuvo.
Auditoría y control institucional
El legislador señaló además que su sector votó en contra del nuevo Código de Procedimiento Penal Juvenil aprobado recientemente por la Legislatura provincial, aunque aclaró que la comisión igualmente debe analizar cómo se llevará adelante su implementación y controlar el funcionamiento de las instituciones involucradas.
En este sentido, destacó que la Comisión Bicameral de Seguridad tiene facultades para auditar el funcionamiento y la adecuación de los establecimientos al nuevo régimen.
“Nosotros tenemos poder de auditoría. La Comisión Bicameral de Seguridad puede y debe auditar el funcionamiento, la adecuación de este nuevo régimen”, afirmó.
Como parte de ese seguimiento, Gómez anticipó que la comisión volverá a recorrer la institución de Godoy Cruz dentro de un plazo no mayor a 6 meses, con el objetivo de verificar qué avances se produjeron y qué transformaciones se concretaron.
“Vamos a concurrir seguramente nuevamente a la institución para ver cómo ha ido evolucionando y qué transformaciones se han ido realizando”, concluyó.