La resolución judicial que declaró inconstitucional el decreto con el cual el Gobierno frenó el pago de fondos universitarios expone, una vez más, el verdadero rostro de una gestión que ha convertido el desprecio por la legalidad en su principal doctrina de Estado. La decisión de primera instancia es un freno jurídico indispensable, pero la respuesta oficial no tardará en llegar bajo la forma de una nueva apelación, confirmando la peor de las certezas: el objetivo no es buscar la verdad jurídica ni administrar con equidad, sino ganar tiempo para seguir sin pagar.
A lo largo de estos años, este Gobierno ha demostrado que la ley es un obstáculo menor que se elude mediante decretos, vetos o chicanas procesales. Bajo el dogma del equilibrio fiscal a cualquier costo, la administración central ha consolidado un mecanismo sistemático de ahogo financiero que deja a la deriva a los sectores más vulnerables e imprescindibles del tejido social. No se trata solo de la universidad pública —el bastión histórico de la movilidad social que hoy sobrevive entre techos rotos y salarios de miseria—, sino también del castigo sistemático a los discapacitados, a los jubilados y a cuantos colectivos requieran la red de contención de un Estado que decidió abdicar de sus obligaciones básicas.
Apelar un fallo que restituye fondos elementales no es una estrategia técnica; es la constatación de que la crueldad económica se sostiene sobre bases institucionales rotas. Cuando el poder político decide gobernar al margen de la ley, corroe un pacto democrático elemental. Aferrarse a los tribunales para prolongar la asfixia de quienes sostienen el saber, la salud y la asistencia es la prueba más cabal de que, para el oficialismo, la legalidad es opcional y el sufrimiento social, un daño colateral aceptable.