Frente al proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Guillermo Carmona, expresó fuertes reparos estructurales sobre la iniciativa. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), el especialista advirtió que, si bien el endurecimiento de las sanciones a empresas infractoras es positivo, el articulado encubre una modificación profunda de las leyes de seguridad, defensa e inteligencia que no guarda relación con la causa Malvinas. Asimismo, evaluó los riesgos del arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y criticó la falta de convocatoria al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas.
Carmona señaló en primer lugar que el Poder Ejecutivo cuenta actualmente con un marco legal plenamente vigente que lo obliga a sancionar a las empresas hidrocarburíferas y pesqueras que operan ilegalmente en el archipiélago, sin necesidad de esperar una nueva ley. Recordó que la última sanción aplicada a una firma involucrada —concretamente a la israelí Navitas Petróleo, socia clave en el proyecto petrolero León Marino— se concretó en abril de 2022 durante su gestión, y lamentó que desde entonces no se conozcan procedimientos sancionatorios concretos contra las corporaciones en infracción.
«El actual gobierno debe adoptar medidas inmediatas aun cuando este proyecto no sea aprobado, porque hoy rige un conjunto de leyes que obliga al Poder Ejecutivo a sancionar a las empresas hidrocarburíferas y pesqueras que operan ilegalmente en Malvinas», aseguró de entrada.
«La última sanción aplicada a una empresa fue durante nuestra gestión en abril de 2022 a Navitas Petróleo; desde entonces no se conocen procedimientos concretos contra corporaciones como Energía Noble, Energía del Puerto, Trafigura y Aguas Azules, que operan en el territorio continental argentino estando abiertamente asociadas a los proyectos ilegales en las islas», aseveró.
Un «caballo de Troya» legislativo: la securitización y las leyes de defensa
El núcleo central de las críticas de Carmona se centró en el contenido y la estructura del proyecto enviado al Parlamento. Si bien reconoció que el incremento de las penalidades económicas es una medida acertada que los bloques opositores deben acompañar, alertó que ese apartado representa apenas un título menor dentro de un texto que supera los ciento veinte artículos. El exsecretario calificó la iniciativa oficial como un «caballo de Troya» debido a que siete de sus ocho títulos introducen modificaciones sustanciales en las leyes de seguridad interior, defensa nacional e inteligencia.
Según explicó, estos cambios responden a un proceso de «securitización» que busca justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior en el territorio continental argentino, creando además un Consejo de Seguridad Nacional ajeno a la cuestión soberana. Para el especialista, estas disposiciones no guardan ningún tipo de vinculación con la defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, razón por la cual sugirió escindir el proyecto original y debatir exclusivamente el capítulo punitivo pesquero y petrolero.
«El aumento de las sanciones está bien y he recomendado que se acompañe, pero ese aspecto ocupa solamente un título y menos de quince artículos en un proyecto que tiene más de ciento veinte», apuntó.
«El proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo es un caballo de Troya que introduce temas que no tienen nada que ver con Malvinas; siete títulos modifican la seguridad, la defensa y la inteligencia nacional para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio continental argentino, algo que no guarda ninguna vinculación con la causa soberana», criticó.
El arbitraje internacional en la CONVEMAR y los riesgos geopolíticos
Consultado sobre la decisión del gobierno nacional de instruir a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para avanzar con un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), Carmona consideró que se trata de una medida adoptada tardíamente ante la falta de acciones preventivas previas durante los últimos años.
«La decisión de recurrir a un arbitraje en la CONVEMAR es una consecuencia de no haber tomado a tiempo las medidas necesarias para frenar la actividad hidrocarburífera británica, llegando a un punto en el que esta instancia aparece como inevitable», opinó.
«Es una decisión muy riesgosa porque el factor aleatorio es alto y Gran Bretaña tiene una enorme influencia en el Tribunal del Mar; por eso exige máxima prudencia institucional y una posición nacional consolidada que lamentablemente se debilita al no haber convocado al Consejo Malvinas para sumar el aporte de los especialistas», observó.
«Me preocupa enormemente que no se haya convocado al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas desde hace más de dos años; era una instancia fundamental para generar una política de unidad, permitir que los especialistas conozcan y opinen sobre la presentación argentina y comprometan su apoyo para otorgarle al país una posición de mucha firmeza frente al arbitraje, pero lamentablemente nuestra propuesta no ha tenido ninguna recepción oficial», dijo al cierre de la entrevista.