Con el propósito de destrabar años de postergación en la tenencia legal de la tierra y agilizar los procesos de titularización en toda la provincia, la Legislatura mendocina analiza una reforma integral sobre el marco normativo de regularización dominial. La iniciativa, que contempla una doble vía de abordaje —la actualización de leyes para beneficiarios de viviendas sociales del IPV y la reforma de la emblemática Ley de Arraigo de Puesteros—, busca agilizar trámites, rebajar costos y fijar criterios de valuación accesibles para las familias vulnerables. En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5, el senador provincial Walther Marcolini detalló los alcances del expediente y confirmó que se apunta a lograr la sanción definitiva antes de fin de año.
Un paquete integral de reformas para viviendas sociales y campos puesteros
El senador Marcolini remarcó que el proyecto en tratamiento en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Asuntos Sociales y Trabajo da continuidad a un proceso legislativo iniciado hace unos dos años. «Este proyecto surge como continuidad de una serie de iniciativas que iniciamos en el año 2024 para abordar la regularización dominial. La ley tiene dos partes: por un lado modifica un paquete de normas del programa «Mi Escritura» —como las Leyes 8.472, 8.475, 9.631 y 9.632— para acelerar la escrituración de viviendas del IPV, y por otro lado realiza una reforma integral a la Ley 6.086 de Arraigo de Puesteros, que data de 1994 y cuya prórroga vigente vence el 31 de diciembre de este año», detalló.
«A lo largo de la provincia, en lugares como Lavalle o el sur mendocino, hay puesteros que han vivido en terrenos fiscales durante generaciones y nunca tuvieron acceso a la escritura traslativa de dominio, enfrentando muchas veces conflictos por títulos supletorios. Junto con la Dirección de Bienes Registrables del Estado hemos hecho un trabajo integral de actualización para evitar tener que seguir prorrogando una ley vieja», explicó.
«En la reforma de 2024 se había puesto como requisito la presentación de un plan de inversión. Lo que hacemos ahora es facilitar y acortar el proceso: si una persona tiene una vivienda del IPV con deuda, esa deuda ya no será un impedimento para escriturar, sino que se incorpora dentro de la escritura y se otorga una X cantidad de años para abonarla», subrayó.
«En el caso de los puesteros, si la persona hizo su casita, corrales o una aguada, la tierra se tasará a valor libre de mejoras. Esto se consensuó con el Poder Ejecutivo porque busca ser una solución de fondo: si la cuota resultaba mayor a lo que la familia podía hacer frente, caíamos en el mismo problema de siempre», expresó.
Escala de impacto, extensión territorial y el paradigma de las comunidades del secano
En términos de impacto poblacional, Marcolini diferenció la problemática de las viviendas urbanas frente a la de los terrenos rurales o del secano. En la operatoria de vivienda única, el volumen de regularización llegó a abarcar en su momento a unas 32.000 familias. En tanto, para la Ley de Arraigo de Puesteros el universo de beneficiarios es numéricamente menor pero geográficamente más extenso, con una presencia preponderante en departamentos como Malargüe, San Rafael, General Alvear, La Paz, Lavalle y Santa Rosa.
A nivel de hectáreas, el legislador alvearense citó el caso emblemático de Lavalle: «En lo que respecta a viviendas sociales, históricamente proyectamos un universo de hasta 32.000 escrituras pendientes para familias adjudicatarias del IPV o tramitadas a través de entidades intermedias. En el régimen de arraigo de puesteros la cantidad de casos es menor pero presenta una amplia dispersión geográfica en los departamentos más alejados. Un caso emblemático es Lavalle, donde existen 700.000 hectáreas con una alta complejidad dominial que involucra reclamos de comunidades huarpes ante la Corte Suprema, una situación que esta ley busca encauzar y resolver de manera definitiva», destacó.
«Las dimensiones de los campos son absolutamente disímiles pero ninguna constituye un latifundio; como unidades productivas son chicas. Tenemos el caso real analizado en comisión de un puestero en Monte Comán que inició el trámite de escritura en 1991 y aún no lo concluye: son 700 hectáreas de secano absoluto donde vive con 20 vacas. La relación entre sus ingresos y lo que le costaba pagar mensuras, escrituras y cuotas le hacía imposible titularizar«, citó.
«Un hecho fundamental es que, mediante un decreto, el Poder Ejecutivo dispuso que toda la regularización dominial de la provincia quede bajo la órbita de un solo organismo. Esto ordena muchísimo la gestión y nos permite condensar en un único cuerpo normativo un régimen claro que le permita a la gente llegar, de forma definitiva, a su escritura», agregó.
Cronograma de tratamiento legislativo
Tras el ingreso formal del expediente al Senado en los primeros días de octubre, la iniciativa obtuvo su primera discusión en un plenario de comisiones. El oficialismo aguarda las observaciones de las bancadas opositoras para culminar la redacción del dictamen de comisión y llevar el tema al recinto de sesiones de forma inminente. «El proyecto ingresó a la Cámara Alta y se trató en comisión conjunta de Legislación y Asuntos Sociales. Durante las próximas semanas los bloques de la oposición harán llegar sus observaciones y consultas. Buscamos que el proyecto tenga despacho formal para ser votado en el recinto», contó el senador.
«La iniciativa requiere contar con la aprobación del Senado y cumplir el mismo trámite en la Cámara de Diputados antes de fin de año, ya que la ley vigente de arraigo de puesteros vence indefectiblemente en diciembre y debemos evitar que los beneficiarios queden desprotegidos tras 30 años de prórrogas«, observó al cierra de la entrevista.