Fuente: TN
El Gobierno profundizó sus diferencias internas por el paquete de Malvinas y mantiene abiertas las negociaciones para modificar el Consejo de Seguridad que impulsa Javier Milei. En la Casa Rosada reconocen que los desacuerdos sobre la composición del organismo y las atribuciones que tendría el Congreso complican el tratamiento parlamentario. El oficialismo buscará obtener dictamen el martes 20 de octubre, pero existen dudas sobre la posibilidad de llevar la iniciativa al recinto durante la próxima semana.
La Secretaría Legal y Técnica envió nuevas propuestas de modificación durante las últimas horas, pero no consiguió el respaldo de los bloques aliados, según pudo saber TN. En La Libertad Avanza aseguran que el texto deberá volver a revisarse y reconocen que el Consejo de Seguridad Nacional es uno de los principales puntos de negociación. “Se está evaluando modificar el proyecto y lo que corresponde al Consejo de Seguridad”, expresan en el oficialismo.
La discusión también alcanza a la integración del organismo que el Ejecutivo pretende crear para coordinar las políticas de seguridad nacional. En la mesa política circuló la posibilidad de incorporar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una alternativa que encontró resistencias y quedó descartada por ahora.
El proyecto original establece que el Consejo estará presidido por Milei y que participarán el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
En el entorno de Karina Milei también ponen en discusión la presencia de Legal y Técnica como miembro permanente del Consejo. Algunos referentes consideran que ese lugar puede revisarse durante las negociaciones parlamentarias. En otros despachos oficiales rechazan modificar la estructura para incorporar a legisladores y sostienen que se trata de un organismo del Poder Ejecutivo, por lo que su integración debe responder a las funciones de conducción y coordinación que corresponden al Presidente.
Otro punto de desacuerdo es el alcance de la comisión bicameral que se incorporaría para supervisar las actividades del Consejo de Seguridad Nacional. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, anticipó públicamente que el Ejecutivo estaba dispuesto a incluir un mecanismo de seguimiento parlamentario. Sin embargo, durante las conversaciones también se analizó una alternativa más amplia, con facultades para autorizar determinadas decisiones antes de su ejecución. Esa posibilidad no consiguió consenso dentro del oficialismo.
La diferencia está en el grado de intervención que tendría el Congreso sobre las decisiones de seguridad nacional. Una comisión de seguimiento podría recibir información, solicitar explicaciones y controlar posteriormente las actuaciones del Ejecutivo, mientras que una bicameral con facultades de autorización previa condicionaría determinadas medidas a una aprobación legislativa. Todavía no existe una redacción consensuada sobre sus atribuciones ni sobre qué decisiones quedarían alcanzadas.
Las negociaciones también generaron diferencias entre la conducción parlamentaria y el equipo que intervino en la elaboración del proyecto. Martín Menem mantiene conversaciones con los bloques aliados para alcanzar una mayoría, mientras que en el entorno de Santiago Caputo defienden la arquitectura institucional de la iniciativa y rechazan modificaciones que alteren las atribuciones del Poder Ejecutivo. En la Casa Rosada buscan reducir esas diferencias antes de que el expediente vuelva a discutirse en comisión.
El proyecto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre y contiene 133 artículos organizados en ocho títulos. El primero establece un régimen de sanciones contra la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las islas Malvinas y sus espacios marítimos. Los capítulos restantes incorporan modificaciones en materia de seguridad nacional, defensa, inteligencia, protección de infraestructura crítica y legislación penal. Esa amplitud explica parte de las dificultades para reunir los respaldos necesarios.
El Consejo de Seguridad Nacional tendría atribuciones que exceden la coordinación administrativa entre ministerios. La iniciativa le asigna la elaboración de la Política de Seguridad Nacional, la supervisión de su cumplimiento y la identificación de infraestructuras críticas. También contempla procedimientos para responder ante amenazas graves y mecanismos de actuación sobre determinados espacios aéreos y marítimos, cuestiones que generaron pedidos de precisión por parte de los aliados.
Otro punto en discusión es la ausencia del Ministerio de Seguridad Nacional entre los integrantes permanentes del Consejo. El PRO y otros espacios dialoguistas reclamaron incorporarlo para delimitar las competencias de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales. En el entorno de Caputo sostienen que el proyecto no busca modificar el régimen de seguridad interior y que esa separación debe mantenerse. Los aliados, en cambio, advierten sobre posibles superposiciones en la protección de instalaciones estratégicas.
Las objeciones también alcanzan al artículo 111, que establece penas de cinco a doce años de prisión para determinadas conductas de injerencia extranjera, incluidas campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales. El PRO, la UCR y otros bloques reclamaron precisar su alcance para resguardar la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la actividad académica. El oficialismo aceptó revisar la redacción, aunque todavía no consiguió una versión que conforme a todos los espacios.
El otro capítulo sensible es el régimen de protección de infraestructuras críticas y las facultades de intervención ante amenazas aéreas y marítimas. Los bloques aliados pidieron criterios más específicos para identificar instalaciones estratégicas, precisar las atribuciones del Estado y conservar mecanismos de intervención legislativa ante determinadas operaciones militares. La discusión incluye también la definición de la autoridad de aplicación y el alcance de las medidas administrativas.
En el bloque de La Libertad Avanza reconocen que las modificaciones enviadas hasta ahora no alcanzaron para cerrar los acuerdos parlamentarios. Las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal tienen previsto volver a reunirse el martes 20 de octubre, después de que el oficialismo no consiguiera firmar dictamen en el cuarto plenario realizado el miércoles 14. En la conducción parlamentaria consideran poco probable que el expediente llegue a la sesión del miércoles 21 si no se resuelven las diferencias durante las próximas horas.
La negociación está atravesada además por una disputa sobre el alcance general del paquete. Unión por la Patria y otros bloques propusieron separar las sanciones vinculadas con Malvinas de los cambios institucionales en seguridad nacional, defensa e inteligencia. El Ejecutivo mantiene su rechazo a esa alternativa y pretende conservar el tratamiento unificado. En Nación consideran que dividir la iniciativa debilitaría el objetivo de construir una estrategia integral para la protección de los intereses soberanos argentinos.
En la Casa Rosada sostienen que el proyecto también forma parte de la agenda estratégica que Milei busca profundizar con Estados Unidos y consideran que el Presidente no permitirá que las diferencias internas terminen bloqueando su tratamiento. Esa evaluación convive con los cuestionamientos de sectores del oficialismo sobre la distribución de atribuciones dentro del nuevo sistema de seguridad nacional. No existe, por ahora, una definición pública de Washington sobre el contenido de la iniciativa ni sobre las negociaciones que se desarrollan en el Congreso.