Hay señales que una sociedad no debería aprender a aceptar como parte de su vida cotidiana. La muerte violenta de una persona siempre representa una tragedia, pero cuando los homicidios se suceden en un período breve y comienzan a instalar una sensación de inseguridad que antes no tenía la misma dimensión, el problema deja de ser exclusivamente policial para convertirse en una preocupación colectiva. San Rafael atraviesa días que obligan a mirar de frente una realidad inquietante: la violencia está adquiriendo una presencia que no podemos naturalizar.
Los casos de Marcelo Wodniak, de 60 años, asesinado en Cuadro Nacional a comienzos de octubre, y de Leandro Javier Manzano, de 48, encontrado sin vida en una vivienda de calle Recabarren el pasado 17 de octubre, conmocionaron a la comunidad. Son hechos de distinta investigación y circunstancias que la Justicia deberá esclarecer, pero que tienen un denominador común imposible de ignorar: dos muertes violentas en pocas semanas, con interrogantes que exceden el expediente judicial y alcanzan directamente a la tranquilidad de los sanrafaelinos.
San Rafael no es una comunidad ajena a los delitos ni a los conflictos sociales. Sin embargo, existe una diferencia entre convivir con los problemas propios de cualquier ciudad y comenzar a percibir que la violencia más extrema puede irrumpir con una frecuencia y una crueldad que alteran la vida cotidiana. Cuando esa percepción se instala, el daño no se limita a las víctimas y sus familias: también alcanza al vecino que empieza a desconfiar, al comerciante que vive con temor y a la comunidad que siente que ciertos límites se están desdibujando.
Detrás de algunos de estos episodios aparecen hipótesis vinculadas con robos, agresiones y comportamientos que remiten a las zonas más oscuras del mundo del hampa. No corresponde anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades antes de que la Justicia reúna las pruebas necesarias. Pero tampoco sería razonable ignorar las señales de alarma ni esperar a que una sucesión de hechos termine convertida en una estadística más. La investigación de cada crimen es indispensable; comprender el contexto en el que se producen y prevenir que estas conductas ganen terreno también lo es.
La respuesta del Estado debe estar a la altura de esa preocupación. Hace falta investigación eficaz, presencia preventiva, coordinación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia, y una política sostenida que permita actuar antes de que la violencia alcance consecuencias irreparables. No alcanza con reaccionar después de cada homicidio, detener a los sospechosos y esperar que la noticia siguiente desplace a la anterior. La seguridad exige continuidad, inteligencia criminal y decisiones concretas, además de un compromiso social que no se agote en la indignación de unos pocos días.
Una comunidad no puede resignarse a vivir con miedo ni acostumbrarse a que la muerte violenta se vuelva una noticia recurrente. San Rafael tiene derecho a exigir respuestas, a reclamar que cada crimen sea esclarecido y a esperar que las autoridades estén a la altura de una situación que preocupa legítimamente a sus habitantes. Porque el verdadero peligro comienza cuando lo extraordinario deja de sorprendernos, cuando la violencia pierde su capacidad de conmovernos y cuando el miedo termina ocupando, sin resistencia, el lugar que debería pertenecer a la tranquilidad y a la convivencia.