Frente a una coyuntura económica caracterizada por la caída de la actividad, la acumulación de pasivos tributarios y la disparada exponencial de las penalidades administrativas, las entidades profesionales que agrupan a graduados en Ciencias Económicas de todo el país —en articulación con diversas cámaras empresarias— elaboraron un proyecto de ley nacional orientado a otorgar oxígeno financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los pequeños contribuyentes del régimen simplificado. La iniciativa, que ingresó formalmente al Senado de la Nación y ya se encuentra radicada en comisiones técnicas, busca frenar las ejecuciones fiscales por 180 días, reducir al 50% las multas e intereses acumulados y disponer planes de facilidades de pago de hasta 72 cuotas.
En diálogo con FM Vos (94.5), el delegado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) en San Rafael, Renzo Gili, analizó la gravedad de la situación financiera que atraviesan los comercios e industrias del sur mendocino, cuestionó la lentitud de los tiempos legislativos en comparación con las urgencias del sector productivo y anticipó que llevarán reclamos análogos a la Legislatura provincial en el marco del debate del Presupuesto y la Ley Impositiva.
Diagnóstico del sector productivo y origen de la iniciativa legislativa
Gili fundamentó la necesidad del proyecto señalando que los contadores y asesores tributarios constatan a diario en las cuentas corrientes de sus clientes una acumulación insostenible de deudas impositivas de índole nacional. Este ahogo financiero no responde a una falta de voluntad de pago por parte de los comerciantes o industriales, sino a una drástica pérdida de liquidez para hacer frente a obligaciones operativas inmediatas como los aportes patronales (formulario 931), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o los anticipos del Impuesto a las Ganancias. «Nosotros ya venimos trabajando desde hace un tiempo para brindarle herramientas a la comunidad en cuanto a este alivio financiero. Estamos viendo que nuestras empresas, particularmente muchas del oasis sur mendocino, enfrentan una situación muy complicada para afrontar la carga impositiva nacional», sintetizó de entrada. «Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, junto a los demás consejos a través de la Federación, acercamos un proyecto al Senado de la Nación. Fue presentado el 24 de agosto, se le dio ingreso formal el 4 de septiembre y el 17 de septiembre tuvo movimiento al ingresar a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General, y Economía Regional», detalló.
«Las cámaras empresarias y nosotros como profesionales buscamos trabajar en conjunto, articulando lo público con lo privado, para brindar este alivio y dar un poco de oxígeno a las empresas que están sufriendo la crisis que afecta a la rama productiva, comercial e industrial del país y de nuestro departamento», agregó.
Ejes centrales del proyecto: cuotas, quita de intereses y suspensión de ejecuciones
El representante del CPCE desglosó los puntos neurálgicos de la norma propuesta. Entre las medidas más urgentes se encuentra la suspensión por 180 días de los juicios de ejecución fiscal y traba de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA / ex AFIP), una medida que la red comercial viene reclamando con insistencia para evitar el embargo preventivo de cuentas bancarias operativas. «El proyecto trata fundamentalmente de dar oxígeno a las empresas a través de nuevos planes de pago de hasta 72 cuotas, de acuerdo al tramo de la pyme. Solicitamos además la condonación y reducción al 50% de los intereses resarcitorios y punitorios, así como de las multas», precisó.
«Desde comienzos de año las multas aumentaron considerablemente —más del 100.000%—, y la falta de presentación de declaraciones juradas ha hecho mella en la acumulación de pasivos por parte de las firmas. Con la vigencia de la norma de inocencia fiscal, las sanciones han quedado extremadamente gravosas para cualquier contribuyente», comentó. «Sumado a esto, las cámaras empresarias solicitan la suspensión por 180 días de las ejecuciones fiscales por parte del organismo recaudador para frenar la asfixia sobre la rama productiva y comercial», añadió.
Tiempos legislativos versus la urgencia del empleo y la actividad económica
Consultado sobre el estado de la tramitación en las comisiones del Senado, Gili lamentó la paralización del tratamiento legislativo desde el pasado 17 de septiembre. El dirigente remarcó que las normas impositivas requieren de manera ineludible la sanción de una ley para entrar en vigencia, por lo que la dilación política agrava el riesgo de quiebras comerciales y pérdida de puestos de trabajo. «De acuerdo a la información oficial del Senado, el 17 de septiembre el proyecto ingresó a las tres comisiones asignadas, pero desde esa fecha no ha tenido ningún movimiento. Lamentablemente, los tiempos de la política no son los tiempos de la pyme ni del ciudadano de a pie», expresó.
«Al legislar en materia impositiva es indispensable contar con una ley aprobada para otorgar estos beneficios, por lo que su tratamiento resulta urgente. El empresario o la persona endeudada quieren pagar; en ningún momento se ha escuchado que alguien no quiera cumplir. Lo que se solicitan son mayores plazos, beneficios y empatía hacia quienes la están pasando mal», declaró al respecto. «A través de este elemento legislativo buscamos dar oxígeno a un sector que es el que genera empleo. Hoy ese empleo corre peligro, tal como lo han señalado las cámaras empresarias, los sindicatos y el propio Ministerio de Trabajo a partir de las solicitudes de fondos de desempleo registradas en el último tiempo», amplió.
Réplica del reclamo en el ámbito provincial
En el tramo final de la entrevista, Gili adelantó que el trabajo institucional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas no se circunscribirá al plano nacional. Aprovechando el debate del paquete presupuestario y la Ley Impositiva en la Legislatura de la Provincia de Mendoza, los profesionales elevarán propuestas concretas para reducir la presión tributaria local. «En la Legislatura provincial se está discutiendo el paquete presupuestario y la Ley Impositiva. Nosotros también vamos a tratar de hacer nuestro aporte profesional para que este alivio fiscal que impulsamos a nivel nacional se replique en la provincia mediante la disminución de la carga impositiva sobre las empresas locales», adelantó al cierre de la charla.