La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal reabrió el debate sobre el uso de los dólares ahorrados fuera del sistema financiero, la relación entre el Estado y los contribuyentes y la necesidad de simplificar un esquema tributario que impone numerosas obligaciones a las empresas. El especialista explicó los principales alcances de las nuevas disposiciones y sostuvo que el objetivo es brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan incorporar sus ahorros a la economía formal.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), el tributarista Ricardo Paolina señaló que las modificaciones buscan despejar las dudas que habían limitado la adhesión inicial al régimen. Según explicó, una de las principales dificultades era la incertidumbre sobre la posibilidad de que el organismo recaudador reclamara impuestos posteriormente a quienes utilizaran esos fondos. “Básicamente lo que se está permitiendo en estos momentos es, ‘señores, dejen de perder plata, no tengan los dólares fuera del sistema porque se desvalorizan, que los usen como ustedes quieren, compren algún bien o hagan algún tipo de inversión’”, expresó.
Paolina indicó que el esquema contempla la posibilidad de utilizar esos ahorros para distintas operaciones, con su incorporación al circuito formal mediante los mecanismos previstos. En caso de querer invertir o utilizar el dinero dentro del sistema financiero, explicó que los fondos pueden depositarse en una cuenta bancaria. Para la compra de determinados bienes, también mencionó la alternativa de depositarlos directamente en la cuenta del proveedor. El tributarista sostuvo que la ampliación del régimen apunta a brindar garantías a los contribuyentes hasta el 31 de diciembre de 2027, de acuerdo con las condiciones establecidas. En ese sentido, consideró que la seguridad jurídica es un elemento fundamental para que las personas se decidan a utilizar los dólares que mantienen fuera del circuito financiero.
Al analizar por qué la primera etapa de la iniciativa no tuvo la respuesta que esperaba el Gobierno nacional, Paolina identificó dos factores principales: las restricciones para ingresar al régimen y las dudas sobre la protección que tendrían los contribuyentes frente a eventuales reclamos fiscales. Sobre el primer punto, explicó que los parámetros originales de ingresos anuales y patrimonio dejaban afuera a numerosas personas. Además, remarcó que la definición de ingresos contemplaba situaciones que podían exceder la actividad laboral o profesional habitual. “Cuando hablábamos de ingresos se hablaba de todo tipo de ingresos, no solamente lo que uno pudiera facturar como profesional, lo que pudiera cobrar con un sueldo como director de una empresa, etcétera”, señaló.
El especialista agregó que también podían computarse operaciones como la venta de una vivienda o de un automóvil, así como diferencias de cambio generadas por dólares que una persona tuviera ahorrados en el exterior y debidamente declarados. De esta manera, contribuyentes que contaban con ahorros legítimos podían quedar excluidos por los parámetros establecidos, lo que limitaba la posibilidad de utilizar esos fondos dentro del sistema.
El segundo obstáculo estaba relacionado con la incertidumbre sobre las facultades del organismo recaudador. Según Paolina, existían inquietudes acerca de la posibilidad de que se encontrara una vía alternativa para reclamar impuestos a quienes decidieran utilizar sus ahorros. “Por eso esta reforma da mayor seguridad jurídica al introducir todas estas pequeñas cuestiones que hacen que quede totalmente bloqueado cualquier reclamo y entonces la gente pueda con seguridad usar los dólares”, afirmó.
En su análisis, la discusión también está vinculada con la confianza que los contribuyentes depositan en las normas. Paolina recordó que la Argentina atravesó sucesivos cambios de orientación económica y tributaria, una situación que, a su entender, genera temor frente a la posibilidad de que una disposición vigente hoy sea modificada o interpretada de otra manera en el futuro. “Lo que ha tenido la Argentina a lo largo de la historia son idas y vueltas. Vamos para la derecha, para la izquierda y ahí sucesivamente”, manifestó.
El tributarista consideró que el cambio de enfoque supone dejar atrás un esquema en el que el Estado intervenía ampliamente en las decisiones de las personas sobre su dinero. Desde su perspectiva, el contribuyente debe declarar sus ingresos, sus gastos y cumplir con el pago de los impuestos correspondientes, sin que eso implique un control permanente sobre el destino de sus fondos.
“Uno está acostumbrado a que se metan en la intimidad del contribuyente y entonces genera muchas dudas”, expresó. Y agregó que la posibilidad de disponer del dinero propio constituye un cambio significativo para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Las pymes y el peso de las obligaciones tributarias
Durante la entrevista también se abordó la cantidad de impuestos, tasas, contribuciones y regímenes administrativos que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas argentinas. Frente a ese panorama, Paolina cuestionó las exigencias que se acumulan entre los niveles nacional, provincial y municipal, y sostuvo que muchas de ellas trasladan a los privados tareas que deberían estar a cargo del Estado. El tributarista explicó que una parte importante de la carga se origina en los anticipos y las retenciones que se aplican en distintas etapas de la actividad económica. Según detalló, estas obligaciones aparecen cuando las empresas facturan, cobran o importan mercadería, entre otras operaciones.
A esos pagos se suman los deberes de informar las retenciones y percepciones practicadas, muchas veces a través de sistemas diferentes según la jurisdicción. Por eso, una empresa que opera en varias provincias puede encontrarse obligada a cumplir con múltiples procedimientos administrativos. “Esto ha sido una barbaridad, ha sido un traslado de obligaciones que le corresponden al Estado a favor de los privados para facilitar, digamos, la tarea de fiscalización”, afirmó.
Paolina advirtió que el problema no se limita al dinero que las empresas deben adelantar en concepto de impuestos, sino que también comprende el tiempo y los recursos necesarios para mantener sus sistemas contables y cumplir con los requerimientos de información. En ese sentido, señaló que los programas informáticos deben adaptarse a una cantidad de regímenes que incrementan los costos de funcionamiento. A la vez, las empresas necesitan destinar personal y horas de trabajo a tareas administrativas que no están directamente relacionadas con su actividad productiva.
“Una empresa ya de por sí para empezar a funcionar tiene que tener un sistema contable, donde ese sistema contable, único en el mundo, porque tiene que agregar todos estos regímenes de información, entonces ya de por sí tienen un valor muy costoso”, sostuvo.
El especialista remarcó que esas exigencias representan una dificultad adicional para las pymes, que necesitan concentrar sus recursos en mejorar su eficiencia, vender, cobrar y sostener el empleo. En lugar de hacerlo, afirmó, deben dedicar una parte importante de su estructura a responder a las demandas de los organismos públicos.
El reclamo por una reforma tributaria
Frente a este escenario, Paolina consideró que la simplificación del sistema impositivo es una de las principales deudas pendientes de la política argentina. A su juicio, la solución requiere una reforma de fondo que reduzca las distorsiones y revise tanto los impuestos como los mecanismos administrativos que deben cumplir las empresas. “Creo que esta es una gran deuda que tienen los políticos en la Argentina con todos los habitantes, porque se debe una reforma tributaria seria que deje de lado de una buena vez por todas los impuestos distorsivos”, afirmó.
Uno de los efectos que destacó es la pérdida de competitividad de los productos argentinos en los mercados internacionales. Explicó que los impuestos acumulados durante las distintas etapas de producción pueden quedar incorporados al costo final de los bienes exportados, encareciendo frente a los elaborados en otros países. “Cuando exporto un bien va hacia el exterior con impuestos incluidos, y eso hace que la Argentina no sea competitiva”, señaló.
Según su planteo, cuanto mayor sea la cantidad de etapas productivas alcanzadas por distintos gravámenes, mayor puede ser la incidencia tributaria acumulada sobre el costo del producto. Esa situación dificulta la competencia con bienes fabricados en países vecinos y limita las posibilidades de las empresas argentinas de mejorar su posición en el exterior.