La democracia se pone a prueba cuando el resultado de las urnas no favorece a quienes se consideran destinados a gobernar. Aceptar la victoria propia es sencillo; reconocer la derrota, respetar la voluntad popular y entregar el poder sin cuestionar las reglas del juego constituye el verdadero compromiso democrático.

Los casos de Donald Trump, Jair Bolsonaro y ahora su hijo Flávio Bolsonaro permiten reflexionar sobre una conducta que preocupa a las democracias contemporáneas: la de dirigentes que reivindican el voto popular cuando los consagra, pero ponen en duda su legitimidad cuando los derrota.

No se trata de cuestionar las ideas de derecha, que tienen plena legitimidad en una sociedad plural. El problema aparece cuando la defensa de una determinada ideología se coloca por encima de las instituciones y se pretende que la voluntad de un dirigente valga más que la expresada por millones de ciudadanos.

La historia reciente ofrece antecedentes elocuentes. En Estados Unidos, Trump se negó a aceptar la victoria de Joe Biden en 2020 y sostuvo que le habían robado las elecciones, sin demostrar un fraude capaz de modificar el resultado. El 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba el triunfo de Biden, sus seguidores asaltaron el Capitolio.

En Brasil, Jair Bolsonaro tampoco reconoció expresamente su derrota frente a Lula en 2022. Sus cuestionamientos al sistema electoral alimentaron un clima de desconfianza que precedió a la invasión de las sedes de los tres poderes en Brasilia, en enero de 2023. Más tarde, la Justicia brasileña lo condenó a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista.

Ahora, la derrota de Flávio Bolsonaro vuelve a poner sobre la mesa la misma discusión. Y su salida de Brasil rumbo a Estados Unidos incorpora un interrogante que involucra directamente a la Argentina. La Casa Rosada negó haber organizado o conocido la salida. Posteriormente, Migraciones confirmó el ingreso y la partida de la familia Bolsonaro desde territorio argentino. También trascendió que Santiago Caputo, uno de los principales asesores presidenciales, se encontraba en Misiones cuando despegó el avión privado.

Son circunstancias que justifican explicaciones públicas. ¿Qué sabían las autoridades argentinas? ¿Hubo gestiones oficiales para facilitar el traslado o se trató de una operación privada realizada conforme a los procedimientos migratorios? ¿Se verificó la situación judicial del dirigente brasileño y qué comunicaciones hubo con las autoridades de ese país?

La confirmación de que ingresó legalmente a la Argentina no prueba que el Gobierno haya organizado su salida. Pero las negativas iniciales tampoco deberían cerrar el debate. Cuando están en juego las relaciones entre Estados y la confianza en las instituciones, la transparencia no es una concesión: es una obligación.

La cercanía política entre Milei, Trump y la familia Bolsonaro vuelve más importante esa explicación. El Presidente argentino respaldó públicamente al expresidente brasileño y se involucró en la campaña de su hijo. Trump, por su parte, cuestionó el resultado electoral brasileño y manifestó su apoyo a la llegada de Flávio a Estados Unidos.

Las alianzas ideológicas son legítimas. Lo que no puede aceptarse es que se conviertan en un salvoconducto para relativizar las normas, ignorar decisiones judiciales o subordinar los intereses institucionales de un país a las conveniencias de sus aliados políticos.

Y la discusión no termina en Brasil. También interpela a los argentinos.

En 2027 volveremos a elegir presidente. ¿Qué hará Javier Milei si el resultado le resulta adverso? ¿Reconocerá la voluntad popular, garantizará una transición ordenada y aceptará que el poder pertenece a la ciudadanía? ¿O aparecerán entonces las sospechas, las denuncias y la promoción del caos?

Nadie puede anticipar una conducta que todavía no ocurrió. Precisamente por eso, el compromiso con la democracia debe expresarse antes de las elecciones, no cuando se conocen los resultados. El oficialismo y la oposición tienen la responsabilidad de garantizar que la competencia electoral sea respetada, cualquiera sea el ganador.

Porque la democracia no consiste solamente en llegar al poder mediante el voto. También exige aceptar que ese poder es transitorio, que ninguna persona está por encima de las instituciones y que la ciudadanía tiene derecho a elegir una alternativa distinta.

Porque cuando un dirigente se considera dueño del poder, el problema deja de ser una elección discutida: lo que está en riesgo es la propia democracia.