La decisión del Gobierno nacional de dar de baja 21.812 pensiones por invalidez, con un plazo de 60 días para que los beneficiarios presenten certificados y estudios clínicos con el objetivo de recuperar las prestaciones, volvió a generar cuestionamientos de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó el procedimiento utilizado para las auditorías y advirtió que no se garantizaron las condiciones de accesibilidad ni el debido proceso para quienes debían presentarse.
En diálogo con Diario San Rafael y FM Vos (94.5), Troiano explicó que la situación se encuentra atravesada por un proceso judicial que todavía no terminó. Según detalló, las organizaciones habían presentado una medida cautelar ante los incumplimientos que detectaron durante las auditorías, particularmente por la falta de respeto de los plazos legales y las dificultades que tuvieron los beneficiarios para recibir las notificaciones.
La dirigente señaló que, en primera instancia, el juez federal de Catamarca había dispuesto que las pensiones fueran restituidas debido a las irregularidades observadas. Sin embargo, luego de una apelación del Estado nacional, la Cámara Federal de Tucumán levantó la cautelar y permitió que continuara el procedimiento. Las organizaciones que intervinieron en la causa se encuentran actualmente en instancia de queja. «El gobierno tomó esta resolución hace dos días y plantea que es la Justicia quien determinó esto, pero el proceso judicial no ha terminado», remarcó.
Troiano también cuestionó que el plazo de 60 días anunciado por el Gobierno no contempla las dificultades concretas que deben atravesar las personas con discapacidad para reunir la documentación requerida. En ese sentido, sostuvo que el tiempo debería comenzar a contarse desde una notificación fehaciente y que, además, deben garantizarse las condiciones necesarias para que cada beneficiario pueda cumplir con el trámite.
Uno de los principales problemas, explicó, estuvo relacionado con el sistema de notificaciones. Según indicó, se había contratado un servicio de correo que no llegaba a determinados barrios humildes, por lo que algunas personas ni siquiera se enteraron de que debían presentarse a una auditoría. A esto se suman las demoras habituales del sistema sanitario público. Para obtener los certificados y estudios clínicos solicitados, muchas personas deben concurrir a hospitales, conseguir turnos y esperar los resultados de distintas prácticas médicas.
«Si cualquiera de nosotros nos acercamos a un hospital y vemos los plazos según los estudios que deben realizarse, sabemos que 60 días no alcanzan», afirmó. La presidenta de la asociación consideró que el Estado debería contemplar estas situaciones y acercarse a los beneficiarios, en lugar de trasladarles toda la responsabilidad del procedimiento. Como ejemplo, mencionó casos de personas que se encontraban postradas en sus camas y que debían recorrer hasta 300 kilómetros para presentarse en los lugares establecidos para las auditorías.
También describió las condiciones en las que se realizaron algunos de esos controles. Según relató, hubo personas que debieron esperar en plazas, incluso durante jornadas de invierno, sin acceso a agua potable y sin condiciones adecuadas para garantizar su seguridad. «No es solamente la condición de salud, tiene que ver con un transporte accesible», explicó. En esa línea, sostuvo que muchas personas no cuentan con medios para trasladarse y que no resulta suficiente establecer un lugar de atención si no se garantiza que puedan llegar hasta allí. Otro de los aspectos cuestionados por Troiano tiene que ver con los criterios establecidos en el decreto 432, una normativa de 1997 que volvió a ponerse en vigencia para las solicitudes de pensiones no contributivas.
La dirigente explicó que ese decreto establece condiciones de indigencia para acceder al beneficio y no contempla únicamente la situación de discapacidad de la persona, sino también sus condiciones económicas y familiares.
«Es un decreto del año 97 y establece condiciones de indigencia. La persona no solamente tiene que tener discapacidad, sino que tiene que demostrar indigencia y pone la responsabilidad en la familia y no la responsabilidad en el Estado», señaló. Frente a esto, recordó que Argentina ratificó en 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que posteriormente le otorgó rango constitucional. Ese marco, explicó, adopta el modelo social de la discapacidad y establece que el Estado debe eliminar las barreras que impiden el ejercicio pleno de los derechos.
Por eso, consideró que las auditorías no pueden limitarse a revisar certificados médicos, sino que deben contemplar las condiciones de vida, las posibilidades de movilidad y las necesidades particulares de cada persona. En ese sentido, mencionó incluso situaciones en las que se solicitan nuevos estudios a personas cuya discapacidad tiene un origen genético, aunque esos resultados no modificarían su condición. «Hay personas que por ahí tienen una discapacidad que es de origen genético, ¿y qué sentido tiene volver a hacerte un estudio genético si no te va a cambiar la discapacidad que tenés?», planteó.
Respecto de los próximos pasos, Troiano anticipó que las organizaciones están trabajando para coordinar nuevos reclamos. Explicó que la discusión también se relaciona con la continuidad de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia estaba prevista hasta diciembre, y con una nueva iniciativa legislativa que había sido tratada en la Cámara de Diputados. La dirigente insistió en que los reclamos apuntan a garantizar el debido proceso y la accesibilidad durante todo el procedimiento. También cuestionó lo que considera una respuesta desigual del Estado frente a los problemas del sector. «Cuando pasan las cuestiones de robo de los fondos para discapacidad, no se actúa con tanta celeridad», expresó.
Finalmente, convocó a la sociedad a involucrarse en la defensa de estos derechos y advirtió que las barreras que enfrentan las personas con discapacidad no son exclusivamente físicas, sino que también pueden ser institucionales y actitudinales.
«Tenemos que ser conscientes de que las personas con discapacidad nos enfrentamos permanentemente a situaciones de barreras», sostuvo. Y concluyó que la responsabilidad de garantizar los derechos no puede recaer únicamente sobre las personas afectadas y sus familias: «El Estado tendría que acercarse hacia donde está la persona con discapacidad, relevar las condiciones en que vive».