En nuestro país, una mujer es asesinada cada 30 horas. Treinta y seis femicidios durante octubre y 239 en lo que va de 2026. Las cifras del relevamiento de Mumalá no dejan demasiado margen para las interpretaciones: estamos frente a una violencia que no da tregua y que vuelve a mostrar la dimensión de una tragedia que atraviesa a toda la sociedad.
Hay un dato especialmente inquietante: el 75% de las víctimas tenía una orden de restricción vigente. Es decir, en muchos casos el peligro había sido advertido y existía una intervención judicial, pero no alcanzó para evitar el desenlace. Una medida de protección no puede convertirse en un papel que tranquiliza a las instituciones mientras la víctima continúa expuesta.
Frente a esta realidad, la pregunta es qué está haciendo el Estado. Y la respuesta preocupa. La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue acompañada por recortes presupuestarios, reducción de programas y debilitamiento de dispositivos de asistencia. El programa Acompañar perdió cobertura y la Línea 144, una herramienta esencial para orientar a quienes sufren violencia, también fue afectada. Informes de organizaciones especializadas vienen advirtiendo sobre la fuerte caída de los recursos destinados a estas políticas.
A ese retroceso material se suma un clima discursivo que tampoco es inocuo. Desde las más altas esferas del poder, los derechos de las mujeres y las políticas de igualdad suelen ser colocados dentro de una supuesta «agenda woke», como si prevenir la violencia, asistir a una víctima o garantizar derechos fueran caprichos ideológicos de una minoría.
Se puede discutir la eficacia de los programas, exigir controles y reclamar mejores resultados. Lo que no puede discutirse es la necesidad de contar con herramientas para prevenir, asistir y proteger. ¿Qué tiene de ideológico evitar que una mujer sea asesinada? ¿Qué tiene de exagerado garantizar que una persona amenazada pueda recibir ayuda?
No todos los femicidios podrían evitarse con una política pública determinada. La violencia de género es un fenómeno complejo que requiere respuestas judiciales, educativas y sociales. Pero resulta difícil imaginar una prevención eficaz cuando se reducen recursos, se debilitan equipos y se deslegitima la importancia del problema.
Cada femicidio obliga a revisar qué falló. También obliga a preguntarse qué se dejó de hacer y qué responsabilidad tienen las instituciones. Porque una denuncia debe encontrar escucha, una amenaza debe activar protección y una orden judicial debe tener mecanismos efectivos para cumplirse.
Treinta horas separan, en promedio, una muerte de otra. No alcanza con lamentar cada nuevo caso. Los derechos de las mujeres no son una moda ni una etiqueta de la batalla cultural. Son derechos humanos. Y proteger la vida de quienes están en peligro no debería ser una discusión ideológica, sino una obligación básica del Estado.