En un escrito dirigido hoy jueves 5 al ministro de producción Rodolfo Vargas Arizu, al cual pudo acceder Diario San Rafael, el intendente Omar Félix rechazó el modelo de convenio enviado por el Gobierno provincial ayer miércoles. Ratificó que San Rafael participará únicamente bajo las condiciones planteadas por el municipio y previa cancelación de las deudas de General Alvear por la campaña anterior.
El intendente de San Rafael, Omar Félix, formalizó su rechazo al modelo de convenio propuesto por el Ministerio de Producción de Mendoza para la lucha antigranizo y dejó por escrito las condiciones que considera indispensables para participar de la campaña 2026/2027. En una nota dirigida al ministro Rodolfo Vargas Arizu, defendió la eficacia del sistema y sostuvo que la responsabilidad principal sobre el cuidado de la producción corresponde al Gobierno provincial.
El documento, fechado el 5 de noviembre y remitido con copia al intendente de General Alvear, Alejandro Molero, responde a una versión del convenio marco enviada por el Ministerio el día anterior. Desde el comienzo, Félix marcó su posición: “San Rafael no está negociando los términos de su participación: está sosteniendo el mandato de sus instituciones, elevado el 7 de septiembre”.
En ese sentido, informó que la Municipalidad no suscribe el modelo recibido y ratificó su propia propuesta. Según detalló, las cláusulas del convenio remitido como adjunto y entregado en mano el 3 de noviembre al intendente de General Alvear “constituyen la única manera posible en que San Rafael participaría de la campaña de la lucha antigranizo en el Oasis Sur por la temporada 2026/2027”.
El planteo también incorpora una condición económica: la cancelación de las deudas que, según el escrito, General Alvear mantiene con San Rafael por la campaña anterior. Félix vinculó el aporte municipal tanto al cumplimiento de las cláusulas propuestas como a la regularización de esos compromisos.
“Cumplidas esas condiciones, y canceladas las deudas que el Municipio de Alvear mantiene con San Rafael originadas en la campaña del año anterior, este municipio pondrá a disposición $1.500 millones del Fideicomiso constituido para tal fin”, expresó.
A continuación, reforzó el carácter de esos requisitos con una advertencia: “Sin ellas, no hay campaña que San Rafael pueda acompañar”.
Otro de los ejes centrales del escrito es la defensa de la lucha antigranizo. El intendente sostuvo que se trata de un “Sistema de mitigación de eficiencia probada durante años y confirmada en los últimos dos años de operación en manos de los municipios”, período durante el cual, según afirmó, solo una pequeña porción del oasis resultó afectada.
Félix también hizo referencia al compromiso que, de acuerdo con su planteo, había asumido el gobernador respecto de la continuidad del sistema. “En estos dos años nos tomamos el desafío de demostrar la efectividad del Sistema, bajo la palabra del Gobernador de continuar administrando y ejecutando el sistema si se demostraba su efectividad”, señaló.
Con ese argumento, reclamó que la Provincia asuma el papel principal en la protección de la actividad productiva y ubicó la intervención municipal en un lugar complementario.
“Sostenemos que la obligación principal del cuidado de la producción y de la economía de la provincia corresponde al Gobierno provincial, siendo la participación de los municipios accesoria o secundaria”, manifestó.
El cierre de la nota reafirma el pedido político de Félix: que el Gobierno mendocino revise su postura sobre la continuidad de la herramienta de mitigación. El intendente se despidió “a la espera de que se reconsidere la decisión política de la eliminación del Sistema”.
Qué dice el convenio enviado ayer por la Provincia a la Municipalidad de San Rafael
El documento establece que San Rafael y General Alvear asumirían los costos y la responsabilidad de la lucha antigranizo. El aporte provincial se otorgaría por única vez y luego se descontaría del Fondo Compensador Agrícola que pudiera corresponder a los productores de ambos departamentos.
Un convenio marco entre el Gobierno de Mendoza y las municipalidades de San Rafael y General Alvear plantea la donación de tres aviones para la lucha antigranizo y un aporte de $900 millones. Sin embargo, el texto incorpora una condición central: ese dinero sería descontado posteriormente de las compensaciones que pudieran recibir los productores de ambos departamentos por daños climáticos.
Uno de los puntos más relevantes aparece en la cláusula tercera, donde se establece que, “por expreso pedido de los municipios y por única vez”, la Provincia entregaría $900 millones destinados exclusivamente a la implementación y ejecución de la lucha antigranizo.
A continuación, el documento precisa: “Dicho importe será posteriormente descontado de las sumas que pudieran corresponder a los productores de los Departamentos de San Rafael y General Alvear del Fondo Compensador Agrícola”.
El mecanismo de descuento quedaría en manos del Gobierno provincial, que debería instrumentarlo “de forma que resulte proporcional para todos los productores de esa zona que reciban eventualmente el beneficio”. De esta manera, el aporte previsto para poner en marcha el sistema tendría como contrapartida una reducción de las compensaciones destinadas a los productores que accedieran al fondo.
En cuanto al equipamiento, el convenio contempla la transferencia de tres aeronaves Piper Cheyenne PA31-T, matrículas LV-BCR, LV-BCU y LV-BCT. Según la cláusula primera, la Provincia se comprometería a “ceder en forma definitiva mediante donación” esos aviones, que serían entregados en condiciones de aeronavegabilidad, conforme a los informes técnicos mencionados en el texto.
La donación no implicaría un pago de los municipios por las aeronaves, aunque estaría sujeta a las aprobaciones correspondientes. Además, los aviones tendrían un destino exclusivo: la lucha antigranizo. El convenio indica que no podrían utilizarse “para ningún otro fin o destino, bajo apercibimiento de revocarse dicha donación”.
La propuesta también traslada a las comunas la contratación del personal y la provisión de los elementos necesarios para operar. La cláusula cuarta señala que “los municipios deberán asumir a su exclusivo cargo la contratación del personal, insumos y demás elementos que resulten necesarios para la utilización de las aeronaves”.
Esto incluye pilotos, mecánicos, técnicos, material pirotécnico, seguros, hangares y depósitos, entre otros gastos. La prestación podría realizarse directamente o mediante una empresa contratada para ese fin.
A partir de la entrega, San Rafael y General Alvear también asumirían de manera exclusiva el mantenimiento de las aeronaves y la tramitación de permisos, licencias y habilitaciones. Asimismo, quedaría a su cargo la adquisición, importación y provisión del material pirotécnico utilizado para combatir el granizo. Por su parte, la Provincia entregaría el stock de repuestos disponible, individualizado en un anexo mencionado en el convenio.
Otra definición central aparece en la cláusula novena: “El presente acuerdo no implica una explotación conjunta de la lucha antigranizo, en la que participarán en exclusividad y a su propia costa y riesgo los municipios”.
El texto establece, además, que las comunas deberían mantener indemne al Gobierno provincial frente a reclamaciones civiles, laborales, impositivas o de cualquier otra naturaleza que pudieran originarse por la actividad, en las condiciones previstas en el documento.
Respecto de los radares, la Provincia facilitaría el servicio y conservaría a su cargo el funcionamiento y mantenimiento de los equipos. Sin embargo, los municipios o el operador contratado deberían aportar el personal complementario necesario para el Centro de Operaciones de Radar y asumir el comando del servicio.
En ese esquema, las comunas o la empresa operadora elaborarían sus propios pronósticos, determinarían la categoría de día convectivo y decidirían cuándo solicitar el encendido de los radares. Sobre estas decisiones, el convenio señala que quedarían bajo responsabilidad municipal o del prestador, “no teniendo la provincia injerencia ni responsabilidad alguna en tal sentido”.
La propuesta de la Municipalidad de San Rafael enviada al Ministro de la Producción en septiembre
Una nota dirigida al ministro Rodolfo Vargas Arizu, fechada el 7 de septiembre, consideró insuficiente la cesión de dos aeronaves para San Rafael y General Alvear. El documento planteó condiciones de financiamiento y reclamó una cesión gratuita por entre ocho y diez años.
La discusión por la continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino tiene un antecedente escrito: en una nota fechada el 7 de septiembre de 2026, dirigida al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, se planteó la necesidad de contar con un mínimo de tres aviones y se detalló cómo debían distribuirse los gastos para sostener el sistema.
El documento respondió a una comunicación provincial del 1 de septiembre, en la que se informaba la decisión de ceder, en forma conjunta a los municipios de San Rafael y General Alvear, dos aeronaves que integraban el sistema de lucha antigranizo.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la cantidad de aviones ofrecidos. La respuesta sostuvo que, para una ejecución óptima del sistema, esa disponibilidad “es insuficiente, debiendo ser como mínimo TRES aeronaves las que se entreguen en forma gratuita”.
Según el planteo, esa cantidad permitiría “lograr la mayor mitigación posible”, un objetivo que el escrito consideró condicionado por la propuesta de entregar solamente dos unidades.
El reparto de los gastos
La nota también estableció una propuesta concreta sobre el financiamiento. Allí se sostuvo que debían quedar “a cargo de la provincia la totalidad de los gastos” correspondientes al taller y mantenimiento de aeronaves, material de siembra, seguros en general, infraestructura aeroportuaria, radarización e información meteorológica.
Para los restantes gastos operativos —combustible, pilotos, traslados, viáticos y alojamiento— se propuso una distribución compartida: “50% por parte de la Provincia y el 50% restante por parte de los Municipios”.
A su vez, el aporte municipal se repartiría entre ambos departamentos: San Rafael asumiría el 70% de esa porción y General Alvear, el 30% restante.
El esquema reclamado, por lo tanto, contemplaba que la Provincia financiara íntegramente una serie de componentes centrales del sistema y también participara en los gastos necesarios para su operación.
Una cesión de entre ocho y diez años
Otro de los puntos estuvo relacionado con el tiempo durante el cual los municipios podrían disponer de los aviones.
“Para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, debe establecerse de forma clara y precisa el plazo de cesión de las aeronaves, a título gratuito”, expresó el documento. Sobre esa duración, precisó que “a nuestro entender debe ser de 08 a 10 años”.
El pedido vinculó así la continuidad del servicio con la necesidad de contar con un horizonte definido para organizar su funcionamiento.
La defensa de la efectividad del sistema
El escrito también respondió a los cuestionamientos sobre los resultados de la lucha antigranizo. Sostuvo que su efectividad “ha quedado demostrada sobre todo en estos dos últimos años”, durante los cuales, según indicó, se redujo notablemente la superficie afectada por las tormentas.
En ese marco, aclaró que “el sistema es de mitigación”, por lo que no puede impedir completamente la precipitación de granizo.
Para respaldar esa posición, presentó una comparación de la afectación promedio anual: consignó 5.300 hectáreas para el período 2005-2024, frente a 2.300 hectáreas en la temporada 2024/2025 y 2.000 hectáreas en 2025/2026.
Con esos datos, el documento que presentó la Municipalidad de San Rafael defendió la continuidad de la herramienta y dejó planteadas las condiciones consideradas necesarias para sostenerla: más aeronaves, una cesión prolongada y participación provincial en el financiamiento.