Fuente: TN
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la investigación contra Manuel Adorni deje de tramitar bajo la figura de enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si el exjefe de Gabinete cometió delitos tributarios.
El planteo se produjo después de analizar las explicaciones que presentó el exfuncionario sobre su patrimonio, especialmente los fondos que atribuyó a operaciones con Bitcoin realizadas antes de ingresar al Gobierno. Según la evaluación del fiscal, las pruebas reunidas no alcanzan para descartar esa versión y sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública.
Sin embargo, el pedido no implica el cierre de la investigación ni el sobreseimiento de Adorni. Pollicita advirtió que existen indicios de posibles irregularidades en la declaración de ingresos, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas que deberán ser examinadas por la Justicia especializada en delitos económicos.
La presentación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, que deberá resolver si acepta el cambio de competencia y dispone el traslado del expediente.
La investigación se había concentrado en la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, período durante el cual ocupó cargos en el Poder Ejecutivo.
Durante ese lapso, la fiscalía identificó gastos por US$402.578, de los cuales aproximadamente US$374.000 fueron pagados en efectivo. También detectó una diferencia superior a los $43 millones entre los ingresos comprobados y las erogaciones realizadas.
Para justificar esos movimientos, Adorni sostuvo que había invertido cerca de US$200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que la venta de esos activos le permitió obtener US$591.544, que posteriormente conservó en dólares billete.
El exfuncionario presentó un descargo en septiembre en el que respondió 20 requerimientos de la fiscalía vinculados con sus propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares.
La explicación sobre las criptomonedas se convirtió en uno de los aspectos centrales de la investigación. Pollicita ordenó verificar ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y reconstruir los movimientos registrados.
Las pericias permitieron comprobar que las billeteras existían, que habían tenido actividad entre 2014 y 2018 y que sus claves estaban bajo control de la defensa al momento de la verificación.
No obstante, los especialistas no pudieron establecer quién administraba esas direcciones durante el período investigado. Tampoco fue posible reconstruir completamente la identidad de las personas que participaron en las operaciones.
Ante esas limitaciones, Pollicita consideró que no había elementos suficientes para desmentir la explicación del exfuncionario sobre el origen previo de los fondos.
La fiscalía también analizó los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y concluyó que la inversión alegada en criptomonedas no resultaba económicamente imposible, aunque esos registros tampoco permitían acreditar por sí solos que las operaciones hubieran ocurrido exactamente como las describió la defensa.
Las irregularidades fiscales que podrían mantener abierta la investigación
El cambio de enfoque solicitado por Pollicita apunta a determinar si parte del dinero utilizado por Adorni permaneció sin declarar ante los organismos tributarios durante varios años.
Entre las operaciones que el fiscal considera necesario revisar aparecen la compra y venta de criptomonedas, la tenencia de dólares en efectivo, los ingresos profesionales utilizados para financiar las inversiones y determinadas diferencias entre los registros de plataformas digitales y las declaraciones fiscales. También quedaron bajo análisis préstamos privados cuya entrega efectiva de fondos no pudo ser acreditada completamente.
El dictamen menciona como posibles indicadores de irregularidades la utilización recurrente de efectivo, las operaciones realizadas mediante terceros y la incorporación de bienes y fondos a declaraciones juradas rectificativas después del inicio de la investigación.
Por esos motivos, Pollicita pidió que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde deberá evaluarse si existieron maniobras de evasión vinculadas con Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales.
Además, solicitó que se investiguen por separado posibles irregularidades tributarias relacionadas con los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y el contratista Matías Tabar.
También pidió remitir antecedentes al organismo profesional correspondiente para que examine la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones inmobiliarias investigadas.
Las propiedades y los gastos que dieron origen a las sospechas
La causa comenzó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y avanzó sobre distintas operaciones patrimoniales del entonces funcionario.
Entre las adquisiciones examinadas aparecen una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento ubicado en la calle Miró al 500, en Caballito.
La primera operación se concretó en noviembre de 2024 por US$120.000. Según la documentación incorporada a la investigación, US$100.000 provinieron de un préstamo privado y los US$20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
Las reformas realizadas en esa vivienda también generaron cuestionamientos. El contratista Matías Tabar declaró que había cobrado US$245.000 en efectivo y sin facturas, mientras que Adorni sostuvo que los trabajos habían costado US$175.000.
La segunda adquisición fue el departamento de Caballito, comprado en noviembre de 2025 por US$230.000. La operación incluyó US$30.000 en efectivo y un financiamiento privado por los US$200.000 restantes.
La fiscalía también había requerido explicaciones sobre viajes al exterior, gastos escolares, compras de mobiliario y consumos realizados mediante tarjetas de crédito de personas del entorno del exfuncionario.