Lo que está sucediendo con la lucha antigranizo en el sur mendocino ya dejó de ser una discusión sobre aviones, bengalas, radares y financiamiento. Las declaraciones de las últimas horas permiten advertir que detrás de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo hay también una disputa política que merece ser observada con atención.
No es un dato menor que Alejandro Molero, intendente de General Alvear, pertenezca al mismo espacio político que el gobernador Alfredo Cornejo, mientras que Omar Félix, jefe comunal de San Rafael, representa a la oposición peronista. Esa diferencia partidaria no explica necesariamente cada decisión, pero ayuda a entender el escenario en el que se desarrolla el conflicto.
En las últimas horas, Molero responsabilizó directamente a Félix por la caída de las negociaciones. Desde el Gobierno provincial llegaron cuestionamientos en la misma dirección. San Rafael, por su parte, rechazó el convenio propuesto y ratificó que no está dispuesto a aceptar condiciones que considera insuficientes para garantizar el funcionamiento del sistema.
La pregunta es si estamos frente a una negociación que fracasó por diferencias económicas y operativas o si esas diferencias terminaron convirtiéndose en una oportunidad para trasladar toda la responsabilidad política a un municipio gobernado por la oposición.
Porque hay una cuestión que no puede perderse de vista: fue el Gobierno de Cornejo el que decidió discontinuar la lucha antigranizo provincial y trasladar a los municipios la responsabilidad de sostenerla. Durante años, el sistema fue una política pública financiada y administrada por la Provincia. De pronto, los departamentos debieron hacerse cargo de una estructura costosa, compleja y que excede largamente sus posibilidades individuales. Ahora, cuando las negociaciones no llegan a buen puerto, la Provincia parece encontrar en las diferencias entre los intendentes una explicación suficiente para justificar su posición.
El Gobierno provincial no puede desentenderse de una política que involucra a una de las principales economías regionales de Mendoza. Tampoco puede reducir el problema a una discusión entre Félix y Molero, como si la protección de la producción fuera una competencia municipal y no una responsabilidad que compromete al conjunto de la provincia.
Hay, además, una contradicción que merece explicaciones. Si el gobernador considera que la lucha antigranizo carece de eficacia científica, ¿por qué ofrece recursos para que los municipios la mantengan? Y si está dispuesto a aportar dinero, aviones y asistencia técnica, ¿por qué no asume un compromiso más claro y equitativo que permita garantizar su continuidad?
En ese contexto, el alineamiento político de General Alvear con el Gobierno provincial agrega un elemento que no puede ignorarse. Molero tiene derecho a defender su posición y a reclamarle explicaciones a Félix, pero también debería exigirse que su compromiso con los productores esté por encima de cualquier conveniencia partidaria. La defensa de la producción no puede depender de quién gobierna en cada municipio.
San Rafael, por su parte, tampoco está exento de responsabilidades. Si pretende sostener el sistema, debe garantizar condiciones viables, transparentes y financieramente posibles. Pero no se le puede exigir que acepte cualquier convenio ni convertir su negativa en la explicación exclusiva de un problema que comenzó con una decisión provincial.
El granizo no distingue entre oficialismo y oposición. Tampoco pregunta quién gobierna antes de descargar sobre una finca el trabajo de todo un año. Los productores de ambos departamentos enfrentan los mismos riesgos y necesitan respuestas concretas, no una sucesión de declaraciones destinadas a señalar culpables.
Lo que está en juego es mucho más que una diferencia entre dos intendentes. Es la posibilidad de que una política pública fundamental para el sur mendocino termine desapareciendo en medio de una disputa donde las conveniencias políticas parecen ocupar demasiado espacio.
El Gobierno provincial debería comprender que gobernar una provincia implica hacerse cargo también de aquellos departamentos que no están conducidos por dirigentes de su mismo signo político. La responsabilidad institucional no puede tener color partidario.
Y Molero y Félix deberían recordar que, más allá de sus diferencias, representan a comunidades que comparten una misma matriz productiva y que no pueden permitirse perder otra temporada discutiendo quién tuvo la culpa.
Si la lucha antigranizo finalmente no funciona, habrá muchas explicaciones para dar. Pero ninguna podrá reparar una cosecha perdida ni devolverle a un productor lo que una tormenta le quite.
La política tiene sus tiempos, sus disputas y sus necesidades. La producción, en cambio, no puede esperar a que los dirigentes terminen de pelearse.