Mientras León XIV convocaba a los argentinos a construir puentes, dialogar y superar las divisiones, en el Sur mendocino la política parecía empeñada en transitar exactamente el camino contrario. La lucha antigranizo, una herramienta históricamente vinculada a la protección de la producción regional, terminó atrapada en un enfrentamiento entre San Rafael, General Alvear y el Gobierno provincial que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso de los días.
La coincidencia temporal resulta tan llamativa como preocupante. Mientras el país escuchaba mensajes de fraternidad, encuentro y búsqueda del bien común, dos municipios vecinos intercambiaban acusaciones públicas, cuestionaban compromisos y exponían diferencias que amenazan con dejar al oasis productivo sin defensa aérea frente a las tormentas.
El último capítulo tuvo como protagonistas a Alejandro Molero y Omar Félix. El intendente alvearense responsabilizó directamente a los hermanos Félix por la falta de acuerdo para garantizar la continuidad del sistema. La respuesta del jefe comunal sanrafaelino no tardó en llegar: invitó a Molero a hacer públicas las grabaciones de una reunión que mantuvo la semana pasada con el secretario de Hacienda de San Rafael, Sebastián Sáenz, y el diputado provincial Germán Gómez.
Lo que debía ser un acercamiento para destrabar el conflicto terminó convirtiéndose en otro motivo de enfrentamiento. Según la versión sanrafaelina, Molero reconoció durante aquella audiencia las dificultades de General Alvear para garantizar su aporte económico. Desde el municipio vecino, en cambio, se responsabiliza a San Rafael por el fracaso de las negociaciones.
En definitiva, una reunión que debía acercar posiciones terminó alimentando nuevas acusaciones. La política volvió a encontrar argumentos para discutir, pero no soluciones para ofrecer.
En medio de esa disputa aparecen los 1.500 millones de pesos que San Rafael asegura mantener reservados para la campaña. Omar Félix sostiene que esos recursos están disponibles, aunque condiciona su utilización a que General Alvear y el Gobierno provincial garanticen previamente sus respectivos aportes. Una postura que el Municipio presenta como una garantía de responsabilidad financiera y que, en la práctica, continúa sin encontrar un punto de acuerdo con las otras partes.
Del otro lado, Molero cuestiona las condiciones planteadas por San Rafael y considera que las negociaciones fueron obstaculizadas por nuevas exigencias. Mientras tanto, el Gobierno de Mendoza, que decidió discontinuar la operación provincial del sistema, mantiene su participación en la controversia a través de propuestas y gestiones que tampoco lograron acercar a los municipios.
Así, entre reclamos de fondos, responsabilidades cruzadas y diferencias políticas, el tiempo sigue avanzando. Y las tormentas, naturalmente, no entienden de jurisdicciones, colores partidarios ni conferencias de prensa.
Lo más inquietante es que ni siquiera los reclamos del sector empresario lograron imponerse sobre las diferencias. La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y representantes del turismo han insistido en la necesidad de preservar una herramienta cuyo alcance excede ampliamente a los productores agrícolas.
Porque cuando el granizo golpea, no solamente destruye cultivos. También compromete empleos, inversiones, comercios, servicios y buena parte de una economía regional que depende directa o indirectamente de la producción.
Sin embargo, esas advertencias parecen perder fuerza frente a una discusión política que adquirió dinámica propia. Cada declaración genera una respuesta, cada respuesta profundiza las diferencias y cada nuevo desencuentro aleja la posibilidad de un acuerdo.
Resulta inevitable, entonces, recuperar uno de los mensajes que dejó León XIV durante su paso por la Argentina. El Pontífice habló de fortalecer el diálogo y construir nuevos puentes de colaboración. Una convocatoria que trasciende las creencias religiosas y que también puede leerse como una exigencia ética para quienes tienen responsabilidades públicas.
Porque dialogar no significa renunciar a las convicciones, como tampoco construir consensos implica resignar posiciones políticas. Significa comprender que existen intereses colectivos que deben colocarse por encima de las disputas individuales o partidarias.
Y precisamente eso es lo que está faltando en esta discusión.
San Rafael y General Alvear comparten mucho más que una frontera departamental. Comparten una economía regional, una matriz productiva, dificultades estructurales y una histórica necesidad de defender sus intereses frente a las decisiones que se toman desde el poder central de Mendoza.
Convertir esa relación en una competencia de reproches constituye un problema político que termina trasladándose directamente a la comunidad.
Tampoco puede quedar al margen el Gobierno provincial. Haber dejado de operar el sistema no elimina su responsabilidad de participar en la búsqueda de soluciones. La protección de la producción regional constituye un asunto que excede las capacidades y las conveniencias de dos administraciones municipales.
Es cierto que existen diferencias económicas, administrativas y políticas que deben resolverse. También lo es que administrar recursos públicos exige condiciones claras y compromisos verificables. Pero ninguna de esas razones debería impedir que los responsables institucionales vuelvan a sentarse a una misma mesa con una prioridad compartida.
La paradoja es evidente: mientras se discute quién tiene la razón, el Sur corre el riesgo de quedarse sin una herramienta de protección. Y si finalmente una tormenta provoca daños importantes, difícilmente alcance con reconstruir la historia de las negociaciones para explicar por qué no hubo acuerdo.
La visita de León XIV dejó mensajes que fueron celebrados por dirigentes de distintos espacios políticos. Pero el verdadero valor de aquellas palabras no está en los aplausos que recibieron ni en las fotografías que acompañaron su presencia, sino en la capacidad de convertirlas en acciones concretas.
En el Sur mendocino, al menos por ahora, el contraste es demasiado marcado.
El Papa habló de tender puentes. La política local sigue levantando barreras.
El Papa convocó al encuentro. Los dirigentes continúan intercambiando reproches.
Y mientras algunos discuten quién debe pagar, quién incumplió o quién tiene la última palabra, miles de productores y familias siguen mirando al cielo con una incertidumbre que ninguna declaración mediática logra despejar.
Quizás el mensaje más incómodo que dejó León XIV no sea religioso, sino profundamente político: el bien común exige abandonar, al menos por un momento, la necesidad permanente de imponerse sobre el otro.
Por ahora, ni siquiera esa convocatoria parece haber encontrado eco en una discusión que se vuelve cada vez más oscura.
Y hay una diferencia fundamental entre las disputas políticas y las tormentas: las primeras pueden prolongarse indefinidamente. Las segundas no esperan a que los dirigentes se pongan de acuerdo.