La viralización de los videos de una pelea en las inmediaciones del boliche Plan B, en la zona de Las Paredes, volvió a sacudir la tranquilidad de San Rafael y reabrió un debate que excede largamente a un solo fin de semana o a un único local nocturno, colocando nuevamente en el centro de la escena una controversia recurrente entre las autoridades municipales y las provinciales acerca de quién tiene la responsabilidad real de controlar, prevenir y responder ante los desbordes de la nocturnidad.
Las declaraciones de los representantes del Municipio y la Provincia exponen con claridad -una vez más- las tensiones de incumbencia que atraviesan la gestión. Desde la Comuna se afirmó que el cumplimiento de la Ordenanza 11.024 y que le corresponde acreditar el cierre de barras a las 4:30 —desmintiendo versiones de extensión hasta las 6 de la mañana—, se negó que exista constancia de venta de bebidas en botellas de vidrio durante esa noche —una prohibición sensible y cargada de memoria tras episodios violentos graves como el ocurrido en el boliche Juana—, y se señaló que no les consta la veracidad de comentarios sobre documentos falsos, aplicaciones o uso de inteligencia artificial para falsear edades. También se recordó que el grueso de las denuncias recibidas durante el año se vincula con ruidos molestos y volumen de la música, pero al mismo tiempo se demarcó un límite tajante al sostener que controlar la presencia de menores de edad no es facultad municipal sino de la Dirección de Diversión Nocturna de la Provincia y que actuar ante peleas o incidentes dentro o fuera de los locales corresponde a la Policía.
En la experiencia cotidiana de la comunidad suele percibirse como una peligrosa fragmentación institucional en la que cada organismo señala el radio de acción del otro mientras persiste la sensación de vulnerabilidad y desamparo. La repetición de este tipo de contrapuntos evidencia que la coordinación no puede limitarse a reacciones posteriores a cada escándalo ni a la enumeración de competencias, sino que exige un compromiso sostenido, controles articulados y respuestas visibles entre el Municipio y la Provincia (según corresponda) para que la discusión sobre responsabilidades compartidas o divididas no termine diluyendo la prevención ni dejando a la ciudadanía atrapada en el medio de una controversia que ya lleva demasiado tiempo sin resolverse de raíz.