La creciente población de catas se ha convertido en una seria amenaza para la producción agrícola de San Rafael. Marcelo Serrano, presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, expresó su preocupación por el avance de estas aves sobre diferentes cultivos y pidió respuestas concretas de las autoridades provinciales.

Según explicó, el problema dejó de afectar exclusivamente a determinados frutales y actualmente se extiende a una mayor variedad de producciones, con consecuencias económicas cada vez más importantes.

PÉRDIDAS TOTALES EN ALMENDROS Y DAMASCOS, Y HASTA UN 20% EN VIÑEDOS

De acuerdo con los casos denunciados por los productores, las pérdidas pueden llegar al 100% de la cosecha en determinadas fincas de damascos y almendros, mientras que en algunos viñedos la afectación alcanza hasta el 20% de la producción.

Los ataques se producen en diferentes etapas del desarrollo de los cultivos, especialmente durante la floración y el cuaje de los frutos, comprometiendo las posibilidades de cosecha.

En el caso de los almendros hay productores que realizaron importantes inversiones para reconvertir sus fincas y que, pese a contar con plantaciones en plena producción, llevan dos o tres temporadas sin poder cosechar una sola almendra.

A los daños en damascos, duraznos y almendros se suman los registrados en membrillos, ciruelos y viñedos. Según advirtió, el crecimiento de la población de catas está provocando que las aves también consuman brotes, tallos y frutos en distintas etapas de maduración.

UNA RESOLUCIÓN QUE NO INCLUYE AL SUR

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las diferencias en las medidas de control autorizadas dentro de una misma provincia.

Desde 2017, la Resolución 805 declaró a la cata común como especie perjudicial y dañina en los oasis Norte y Este. Sin embargo, San Rafael y el resto del sur no fueron incluidos.

Serrano reclamó que se extienda su aplicación para permitir la remoción controlada de nidos durante el período comprendido entre mayo y octubre, fuera de la etapa de reproducción de las aves.

Hace más de dos años el ISCAMEN solicitó a los productores documentación y fotografías que acreditaran los daños ocasionados por las catas. Aunque se avanzó en la posibilidad de implementar medidas de control, el proceso se frenó tras una presentación de sectores ambientalistas.

Posteriormente, hace unos 5 meses, productores mantuvieron una nueva reunión con autoridades y completaron declaraciones juradas para documentar la magnitud de las pérdidas, sin embargo, todavía no recibieron una solución efectiva.