La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de escribir una página importante en la discusión sobre los alcances del poder presidencial. Por primera vez desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023, el máximo tribunal declaró inconstitucional una parte de ese decreto. Lo hizo al invalidar los artículos que habían eliminado los controles estatales sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

La decisión tiene una dimensión jurídica e institucional, pero también una consecuencia concreta sobre la vida cotidiana de miles de familias. Porque mientras los tribunales recorrían durante casi tres años el camino que terminó en este pronunciamiento, los afiliados tuvieron que afrontar incrementos que, desde diciembre de 2023, acumularon porcentajes cercanos al 500%, muy por encima de la inflación del período (350%).

No estamos hablando de un servicio accesorio ni de un consumo que pueda postergarse indefinidamente. Hablamos de salud. De personas que debieron resignar su cobertura privada porque ya no podían pagarla, de familias que tuvieron que abandonar sus planes y recurrir exclusivamente a los hospitales públicos. Y esto ocurrió, además, en un contexto en el que el propio sistema estatal de salud soportó recortes presupuestarios y una creciente demanda de atención.

La desregulación prometía que la libertad de precios y la competencia permitirían ordenar el mercado. Sin embargo, cuando se trata de un servicio esencial, la pregunta no puede limitarse a cuánto cuesta una cuota ni a qué margen de rentabilidad necesita una empresa. También hay que preguntarse qué sucede con quienes quedan afuera porque sus ingresos no alcanzan para sostenerla.

El fallo de la Corte no establece que las prepagas deban congelar sus tarifas ni fija un techo automático atado a la inflación. Lo que hace es restituir las facultades de control de la Superintendencia de Servicios de Salud. Los aumentos deberán estar respaldados por variaciones en la estructura de costos y cálculos actuariales razonables. En otras palabras, no elimina la posibilidad de actualizar las cuotas, pero recupera una instancia de regulación y fiscalización que había sido suprimida.

El argumento central de los jueces es también el más relevante desde el punto de vista institucional: el Poder Ejecutivo no justificó por qué era imprescindible recurrir a un decreto de necesidad y urgencia para modificar el régimen legal de las prepagas. Invocar una crisis del sistema sanitario y la necesidad de mejorar su competitividad no alcanzaba para demostrar que existía una urgencia incompatible con el tratamiento ordinario de una ley en el Congreso.

Y aquí aparece otra cuestión que no debería quedar al margen. ¿Qué ocurrió con el Poder Legislativo durante todo este tiempo? El Senado rechazó el DNU en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados no completó el trámite de rechazo. La legislación vigente exige que ambas cámaras se pronuncien en contra para que un decreto pierda vigencia. En los hechos, el Congreso no consiguió convertir aquel rechazo en una derogación.

La consecuencia es una discusión que excede largamente el precio de las cuotas médicas. Si el Ejecutivo puede modificar por decreto un conjunto tan amplio de normas y el Congreso no logra ejercer de manera efectiva su función de control, el equilibrio entre los poderes queda sometido a una tensión que la Constitución procura evitar.

La Corte, en este caso, intervino y recordó que las facultades legislativas del presidente son excepcionales. No puede reemplazarse el debate parlamentario por la sola invocación de una emergencia ni confundirse la conveniencia política de una medida con la necesidad constitucional de adoptarla por decreto.

¿Pasará lo mismo con otros aspectos del DNU 70/2023? Es una pregunta inevitable. El pronunciamiento no anticipa la suerte de los restantes artículos: la propia Corte aclaró que cada uno deberá ser examinado en los casos concretos que lleguen a su conocimiento. Pero el criterio que acaba de establecer deja planteado un interrogante para todas aquellas disposiciones que modificaron leyes vigentes sin una justificación suficiente de la urgencia.

También hay una cuestión de tiempos. La Justicia tiene sus procedimientos, sus instancias y sus plazos. Pero cuando se discuten derechos que inciden directamente en la vida de las personas, casi tres años no son un dato menor. Durante ese lapso, las consecuencias de la desregulación no quedaron suspendidas a la espera de una sentencia. Se tradujeron en cuotas más caras, pérdida de cobertura y mayor presión sobre hospitales que también enfrentan dificultades presupuestarias.

El fallo no resuelve por sí solo esa situación ni devuelve automáticamente a cada familia la cobertura que perdió. Tampoco recompone los recursos que necesita el sistema público. Pero establece un límite y devuelve al Estado una responsabilidad que nunca debió confundirse con una interferencia injustificada: controlar que el funcionamiento de un mercado no termine dejando a una parte de la sociedad sin acceso a una prestación esencial.

La democracia no se sostiene solamente con elecciones ni con mayorías circunstanciales. Necesita un Poder Ejecutivo que respete los límites de sus atribuciones, un Congreso que ejerza plenamente su función legislativa y de control, y una Justicia capaz de intervenir cuando los otros poderes se apartan de la Constitución.