Finalmente, el gobierno provincial promulgó la ley 9.559, la cual estipula penalidades más severas para los conductores que se encuentren en estado de ebriedad. En ese sentido, quienes sean detenidos por tener más de un gramo de alcohol en sangre, podrán recibir multas económicas de 508.000 pesos hasta 1.400.000 de pesos. También podrán ser arrestados hasta por 120 días y serán inhabilitados para manejar por un lapso de entre 90 y 545 días.
Asimismo, existe la posibilidad de que el juez de la causa pueda imponer la realización de tareas comunitarias o cursos de capacitación. Ahora bien, la gran duda pasa por saber si estas nuevas penalidades serán suficiente para reducir el alto índice de siniestros viales que ostenta la provincia.
El especialista en seguridad vial Héctor Roitman, fue entrevistado por la emisora radial FM Vos 94.5 para que opine al respecto. «La idea pasa un poco por adecuar los valores de las multas de acuerdo a la inflación de los últimos tiempos. En ese sentido, se establecieron penas bastante severas en cuanto a lo económico. Lo más importante es que más allá de la promulgación de la norma es que se hagan controles efectivos para cumplirla», comenzó diciendo Héctor Roitman.
«No solamente hay que hacer los controles de alcoholemia a la salida de los boliches. La gente grande toma más o igual que los más jóvenes. Muchos conductores saben qué día y a dónde se hacen los controles y los esquiva», aseguró.
Más allá de esta advertencia, destacó la política que viene aplicando la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus. «Con el cambio de gestión, Mercedes Rus acentuó las estrategias para cambiar las estructuras de algunas cuestiones en materia de accidentes de tránsito. Se está trabajando en la articulación con los municipios para calibrar los alcoholímetros en la propia provincia mediante la celebración de convenios con las universidades. Hasta aquí, debían ser calibrados en Buenos Aires y ese proceso tardaba varios meses. Esto hace a que los controles de alcoholemia sean mucho más ágiles», sostuvo Roitman.
Asimismo, aseveró que la ley 9559 establece días de arresto y ejemplificó cuándo se debe aplicar la pena. «Se pueden determinar hasta 120 días de arresto. La pena se puede establecer cuando existe una reincidencia o se ha puesto en peligro la integridad de las personas. Hay una gama de herramientas que le da la posibilidad al juez de actuar. Estamos hablando de transgresión contravencional seria», afirmó el especialista en seguridad vial.
Finalmente, señaló que la normativa vigente se debe complementar con otras medidas. «El concepto a aplicar es el refuerzo de los controles para modificar la conducta indebida de un sector de la sociedad. La percepción pasa porque la gente sienta que los controles efectivamente se pueden realizar a cualquier hora del día y lugar de la provincia», concluyó.
