Ya son 7 los conductores alcoholizados que cumplieron días de arresto por la nueva ley

La promulgación de la ley 9.185, que modifica artículos de la Ley Vial y del Código de Faltas de Mendoza mediante la incorporación de duras sanciones a quienes conducen alcoholizados en territorio de Mendoza, generó que 7 sanrafaelinos cumplan días de arresto en el sector de contraventores de la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la capital provincial.
Se trata de conductores que al momento del control tenían más de 1 gramo de alcohol en sangre y no han podido enfrentar la abultada multa económica que establece la nueva legislación. A quienes cometen esa infracción, que deriva en un proceso contravencional, no solo les retienen sus vehículos y dictan un período de inhabilitación para conducir, también deben abonar –como mínimo– $50.000 pesos. Los planes de pago pueden extenderse hasta en seis cuotas.
En el caso de quienes han sido detectados con más de 1 gramo de alcohol en sangre y no han podido costear la multa anteriormente mencionada, el juez Oscar De Diego ha dispuesto días de arresto que se cumplen en un pabellón especial de la cárcel de Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza, teniendo en cuenta que las unidades penitenciarias de San Rafael todavía no cuentan con un espacio para contraventores.
“Los 7 sanrafaelinos enviados al pabellón de contraventores de la capital provincial, permanecieron en ese lugar entre 4 y 6 días”, informó a este diario el juez Oscar De Diego. Además de los días de prisión, los conductores quedan inhabilitados para conducir todo tipo de vehículos, un mínimo de 90 días y un máximo de 1 año.
El juez De Diego detalló también que han sido más de 7 los conductores detectados con más de un gramo de alcohol en sangre. Sin embargo, para eludir el arresto, la mayoría opta por el pago de la multa, que parte de los 50.000 pesos.
El endurecimiento de la ley de tránsito para conductores alcoholizados ha generado, según pudo constatar este diario, severos problemas para quienes incurren en dicha falta, no solo frente a las multas que deben costear o días de arresto, sino también los inconvenientes familiares que pueden surgir. “Existen casos de separación”, aseveran fuentes judiciales. Así se desprende de descargos realizados por quienes buscan mitigar el efecto de las multas. El objetivo del Gobierno, mediante la nueva normativa, es desalentar el consumo de alcohol entre quienes conducen, con la firme convicción de que es una problemática que genera incidentes de tránsito y –consecuentemente– muertes de quienes incurren en esa práctica o de terceros. En ese contexto, el mensaje es claro: “No habrá flexibilidad con conductores alcoholizados”.