La media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto que deroga los beneficios de la «Zona Fría» marca un punto de inflexión en la relación entre el poder central y el interior profundo, pero, fundamentalmente, expone una dolorosa degradación en la representación política de nuestra provincia. La decisión de avanzar con el desmantelamiento de la Ley 27.637 no representa un triunfo de la racionalidad económica; constituye una claudicación moral de la dirigencia local y una alarmante muestra de insensibilidad geográfica.
Para los habitantes de San Rafael, observar el mapa de la votación significó asistir a una lección de cinismo legislativo. Los diputados Lisandro Nieri y Pamela Verasay de la Unión Cívica Radical, Luis Petri, Mercedes Llano, Álvaro Martínez, Facundo Correa Llano y Julieta Metral (sanrafaelina) de La Libertad Avanza, y Lourdes Arrieta de Provincias Unidas cerraron filas con el oficialismo nacional para convalidar un hachazo directo al presupuesto de sus propios coprovincianos.
El agravante de la jornada lo protagonizaron aquellos legisladores que, en una llamativa voltereta discursiva, pasaron de ser férreos defensores del beneficio en el pasado reciente a sumisos ejecutores del ajuste en el presente. Vale recordar que el propio gobernador Cornejo votó por la implementación del sistema cuando era legislador. Esta pirueta ideológica demuestra que, para ciertos sectores, la disciplina partidaria y el alineamiento con la Casa Rosada pesan mucho más que el mandato social de defender el bienestar de la comunidad que los votó.
Pretender que la crudeza del invierno cordillerano se rige por fronteras catastrales o conveniencias parlamentarias es una burla al sentido común. Las bajas temperaturas en nuestro departamento no son una variable maleable de la política ni un confort suntuario; son una contingencia climática real que obliga a un consumo intensivo de energía para la subsistencia básica de las familias trabajadoras, los comerciantes y los jubilados. Esta fría semana, aún otoñal, es una muestra clara de la desconexión de los dirigentes políticos con la realidad.
Con el traslado del debate al Senado, queda abierta una última instancia para frenar este atropello centralista. Sin embargo, el daño institucional ya ha sido infligido. Una gestión macroeconómica que exhibe planillas equilibradas a costa de someter al desamparo tarifario al interior del país no está saneando la economía; está rompiendo el contrato social. Y cuando los representantes de una provincia se transforman en los gerentes del despojo de su propia gente, la política abdica de su función transformadora y se convierte en una herramienta de desprotección comunitaria.
